El Gobierno ha concedido un indulto parcial a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre. La decisión, se adoptó este pasado martes en el Consejo de Ministros y fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Según la Ministra de Justicia, Pilar Llop, "concurren razones de justicia y equidad de acuerdo a la información que obra en el expediente". El indulto parcial rebaja la pena de prisión en cuatro meses y la deja en dos años y conmuta la inhabilitación especial al ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

María Sevilla había sido condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de prisión y a la inhabilitación de la patria potestad por un período de cuatro años por un delito de sustracción de menores. Los hechos ocurrieron en el año 2017 cuando Sevilla desapareció con su hijo mayor después de que un juzgado le hubiera concedido la custodia del menor al padre del mismo, que había sido denunciado por abusar sexualmente del niño. Los hechos no fueron probados por el juzgado, que archivó la causa.

En abril de 2019 la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla detuvo a la madre en una casa a las afueras de la ciudad de Cuenca en un amplio dispositivo. Desde el menor convive con el padre. 
En febrero pasado, antes de su entrada en prisión, cerca de 200 colectivos y organizaciones feministas pidieron al Gobierno que le concediera a Sevilla la medida de gracia. Solicitaban también que se suspendiera el ingreso en prisión hasta que no se resolviera el indulto, para que Sevilla pudiera tener contacto con su hijo, al que consideraban que estaba en una situación de "riesgo".
Esta medida no fue atendida por el juzgado, y Sevilla ingresó en prisión a finales de febrero.

Tanto la Fiscalía como el juzgado condenador se manifestaron a favor del indulto parcial a Sevilla en la documentación requerida por Justicia. En los escritos afirmaban que se mostraban favorables a una rebaja de la pena de cuatro meses y dejarla en dos años. Sin embargo, la fiscalía se opuso a suspender o conmutar la inhabilitación de la patria potestad, alegando que la campaña montada en favor de Sevilla en redes sociales por colectivos de la sociedad civil podría entenderse como una incitación a la desobediencia. ​
La rebaja de la condena de prisión a sólo dos años, podría suponer la inmediata puesta en libertad de Sevilla.​