Silvia Aquiles, reconocida por la Generalitat de Catalunya como una víctima de la violencia institucional, se enfrenta a la posibilidad de acabar en prisión. Su expareja le pide en total cinco años de cárcel por la sustracción de sus hijos mientras que la Fiscalía solicita dos. El juicio, que debía haberse celebrado este martes, ha sido finalmente aplazado hasta mediados de mayo. El juez decidió retrasar la vista debido al volumen de las últimas pruebas que presentó la defensa de la mujer y para que tanto Fiscalía como la acusación particular puedan estudiar la documentación antes de decidir si se acepta.

En un juicio llevado a cabo el 12 de febrero de 2020, la jueza Regina Selva del juzgado de primera instancia nº 18 de Barcelona decretó un cambio de custodia de sus hijos, pero no lo hizo a favor del padre. La terrible sentencia, fechada solo seis días más tarde (el 18 de febrero) decretó además del alejamiento de la madre de sus niños, la separación de los menores entre sí. La custodia del más pequeño (entonces de cinco años) fue entregada al padre y la de la mayor (de siete) se la dio a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) porque la niña se negaba a ver al progenitor. Entre los argumentos esgrimidos por el juzgado: que la madre impedía la relación de los menores con su padre.

La niña pasó cerca de diez meses internada sin comunicación con la madre y aparatada de su hermano, una tortura que sólo podía terminar si la menor accedía a irse con el padre. Finalmente DGAIA acabó cediendo la custodia de la niña al progenitor. Desde el arrancamiento (la separación forzosa de la madre), Aquiles apenas ve a sus hijos con un régimen de visitas vigiladas tremendamente restrictivo. Todo esto ocurrió después de que ella denunciara a su expareja por posibles abusos sexuales hacia sus hijos. 

El motivo por el cual se pide la prisión es porque la madre entregó a los hijos dos semanas después la fecha de la sentencia. Tal como afirma la abogada de Aquiles, Antonia Ortiz, el juicio se realizó inaudita parte, es decir sin la presencia de la madre, que estaba indispuesta, ni de la propia abogada, que estaba de baja médica. Por este motivo la notificación no la recibió Ortiz hasta el 3 de marzo. Al día siguiente, la madre entregó a sus dos hijos en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, justo antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia.

Tal como afirma Ortiz a Público, la acusación es "un disparate" y ha pedido la nulidad del procedimiento. Para ello aduce dos motivos principales. Por un lado, porque cuando su expareja la denunció por la sustracción de sus dos hijos, él no tenía la custodia de la hija mayor porque había sido transferida a la DGAIA. Curiosamente esta institución no entendió que hubiera ninguna sustracción en marcha porque no presentó denuncia. Por otro lado, porque la demanda del padre por sustracción se presentó el 18 de marzo, es decir, el mismo día de la sentencia que le quitaba a Aquiles la custodia de sus hijos y, para entonces, no se podía haber producido incumplimiento alguno. 

Cerca de ocho años de tortura

La historia de Silvia Aquiles es la de muchas mujeres que tras denunciar la violencia sexual que sufren sus hijos a manos de sus padres acaban siendo culpadas ellas por ejercer sobre los niños el supuesto Síndrome de Alienación Parental, una patología inexistente que no ha sido reconocida por ninguna institución médica de relevancia y cuyo uso ha sido prohibido por ley. Este supuesto síndrome entra en la Justicia a través informes psicosociales que descreen el relato tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas, y las culpan a ellas de lavarle el cerebro a los menores.

Aquiles denunció a su expareja en 2015 por abusar sexualmente de su hija, tras el relato de la menor sobre tocamientos y abusos. En 2018, el Hospital Vall D'Hebrón abrió un protocolo por posible abuso del padre hacia el menor de los hijos en uno de los encuentros que tuvo con su padre en el Punto de Encuentro Familiar. Ambas denuncias fueron archivadas y los informes psicosociales pusieron el ojo en ella, en la madre.

Una práctica tan extendida, que en los últimos años Naciones Unidas llamó la tención a España en al menos cinco ocasiones por el uso en la Justicia de esta supuesto síndrome y afirmó que el sistema judicial tiene un "patrón" de comportamiento que "desprotege a los menores y culpabiliza a las madres". También el Grevio, un grupo de expertos que monitorea la aplicación del Convenio de Estambul, pidió a España explicaciones por el extendido uso de los estereotipos de género en el sistema judicial (especialmente el SAP) y por la falta de diligencia debida del Estado para proteger a estas madres y a sus hijos.

Víctima de violencia de género institucional

En enero de 2021 Catalunya aprobó la reforma de la ley sobre las violencias machistas. En ella se reconoce la violencia institucional, entre las que se contempla la utilización del falso SAP. Hace ahora cinco meses, la Generalitat reconoció a Silvia Aquiles como víctima de violencia machista por la constatación de la violencia de la que estaba siendo víctima por parte de las instituciones. Este reconocimiento, sin embargo, no parece que se esté teniendo en cuenta por la Justicia, otra institución del Estado. Por lo menos no para frenar el calvario de esta madre y sus hijos en los juzgados ni para devolverle la custodia o las visitas con los menores.

Precisamente entre los documentos presentados este martes ante el juzgado por parte Ortiz (una carpeta de 500 folios), figura un informe elaborado recientemente por expertas de varias universidades y encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el que analiza 47 casos de utilización del SAP en la Justicia, entre los que está el de esta madre. Entre las conclusiones de dicho informe figura que el 86% de las denuncias violencia sexual intrafamiliar contra menores de ocho años acaban archivadas sin siquiera abrir procesos judiciales. El estudio también resalta que la principal vía de entrada del falso síndrome se encuentra en los informes psicosociales que introducen estereotipos de género y que en el 86,5% de los casos ponen en entredicho el testimonio de niñas, niños y adolescentes.

Un observatorio contra la violencia machista

Aquiles no acudió sola al juzgado. Entre las que la acompañaban había un grupo de madres protectoras (como se denominan las asociaciones de mujeres que han sido víctimas del SAP), y un grupo de cuatro letradas que iban estar el juicio en calidad de observadoras lideradas por la jurista Laia Serra, al estilo de cómo se realiza en juicios de derechos humanos, para monitorizar y valorar la actuación judicial.

Para Aquiles la suspensión de la vista supone otra violencia institucional más y el alargamiento de una tortura que lleva viviendo desde hace casi ocho años. Desde hace cerca de dos años sólo ve a sus hijos en un punto de encuentro familiar situado a 30 kilómetros de su domicilio, con un régimen de visitas que no tiene sentido. Una semana ve a su hija durante una hora. A la semana siguiente a los dos hijos juntos por el mismo espacio de tiempo y, la siguiente al menor durante otra hora. 

Según la legislación, los puntos de encuentro sólo pueden ser utilizados durante 12 meses, con dos extensiones de tres meses. Sin embargo Aquiles ya ha rebasado ese límite de tiempo, pero el juzgado de familia sigue obligándola a verlos en el mismo lugar. 

Aquiles solo tiene una pregunta recurrente en su cabeza: "Si he sido reconocida como  víctima de violencia institucional, ¿a qué espera el Estado para reparar el daño y devolverme a mis hijos? ¿A qué esperan? ¿Qué más se necesita?"​.