Una escasa educación sexual en casa y en la escuela, el uso de métodos anticonceptivos condicionado por prejuicios religiosos, roles de género marcados y el aborto y la píldora anticonceptiva de emergencia totalmente prohibidos por ley. Dentro de este marco se encuentra Honduras, el segundo país de América Latina con la tasa más alta de adolescentes embarazadas, donde una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 19 años es madre, según datos de UNICEF.

“El sexismo y los roles de género encasillan a la mujer en el hogar, por eso las niñas se estancan en su rol y deciden ser madres a temprana edad”, explica Marcela Suazo, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Pero no siempre los embarazos son deseados. Vanessa Núñez, enfermera en el departamento de Intibucá, señala que los jóvenes practican sexo sin protección: “Normalmente utilizan el método del ritmo, eligiendo días clave del ciclo menstrual, pero no es un método fiable”.

Los embarazos a temprana edad representan riesgos de salud para la madre y un alto riesgo de muerte para el bebé. Además, las adolescentes se enfrentan a la exclusión tanto en el ámbito escolar como en el familiar y social. “En Honduras tenemos un mal social llamado machismo, desde el momento que una adolescente se queda embarazada se la condena por haber tenido una relación sexual y se la excluye”, admite Tomás Velásquez, abogado del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Existen casos de mujeres que por miedo a represalias de sus padres se colocan una faja en el abdomen para no permitir el crecimiento del feto.

A pesar de los riesgos que conlleva abortar en Honduras —donde está totalmente penalizado— cada año el número de adolescentes que interrumpen de manera voluntaria su embarazo incrementa. Según datos del Centro de Derechos de la Mujer, se producen 219 abortos al día. Las mujeres abortan de manera clandestina, y uno de los métodos más extendidos es introducirse por la vagina una pastilla destinada a tratar la gastritis llamada Cytotec, lo cual conlleva graves riesgos para su salud. La plataforma Somos Muchas trabaja para modificar el Código Penal y que se acepte la interrupción del embarazo en tres casos: cuando es fruto de una violación, cuando la vida y la salud de la mujer está en riesgo y cuando existan malformaciones en el feto.

Es necesario que los jóvenes reciban una educación sexual integral, donde se haga hincapié en los riesgos y en la prevención para garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. “Hay un trabajo largo con las escuelas, los niños y niñas y también con las instituciones religiosas. Como país, tenemos que replantearnos algunas cosas y generar una cultura de autoprotección y de denuncia”, dice Velasquez.

La violación especial o el abuso a menores de 14 años es uno de los delitos más comunes en el departamento de Intibucá. En los últimos 15 días se han atendido tres casos de violencia sexual a menores en el centro de salud.

La Fiscalía de la Niñez apunta que el 50% de los embarazos en menores de entre 10 y 14 años están vinculados con violaciones por parte de familiares cercanos como hermanos, padres y abuelos, o personas próximas al círculo familiar. Pero la violencia sexual queda oculta. Según el informe sobre violencia contra niños y niñas y adolescentes de UNICEF, es el maltrato infantil menos denunciado y algunos estudios calculan que por cada denuncia existen cuatro o cinco sin salir a la luz. El silencio y los tabús hacen casi imposible recopilar datos exactos. No existen estadísticas totales que incluyan delitos cometidos contra las niñas por adultos.

Cuando la violencia sexual es ejercida en un escenario de conflicto armado es declarado crimen de guerra y de lesa humanidad. Pero cuando las mujeres son víctimas de la misma violencia en tiempos de paz apenas existen mecanismos de protección internacional, a veces, ni siquiera en el ámbito nacional. En Honduras el 95% de los casos de violencia contra la mujer queda impune. La atención psicológica integral a víctimas de una violación tampoco existe.