Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia pionera en materia de sanidad. Ha reconocido el "derecho fundamental" de una embarazada a elegir entre el parto de forma natural o por cesárea. 

El tribunal ha condenado a la sanidad canaria a indemnizar a una madre con un millón de euros por prolongar un parto gemelar durante 17 horas, al considerarlo un acto de "violencia obstétrica".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 considera que el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria no respetó el "derecho fundamental" de la madre a decidir si quería que sus hijos nacieran por vía vaginal o por cesárea, provocando lesiones cerebrales irreversibles a uno de los pequeños.

La mujer no fue informada de los riesgos

La sentencia afirma que la mujer no fue informada de los riesgos que conllevaba el parto que se alargó hasta 17 horas. El hospital debería haber informado a la mujer y, bajo su responsabilidad, ella podría haberse decantado por una opción u otra.

El juez instructor del caso, Ángel Teba García, reprocha al Servicio Canario de Salud "una concepción patriarcal de la mujer, desdeñosa con su capacidad de autodeterminación aún cuando venga consagrada en la ley, displicente con su competencia para decidir una vez correctamente informada".

Por otro lado, el Servicio Canario de la Salud alegó en el juicio que la decisión final entre parto natural o cesárea corresponde al médico y que será este profesional sanitario el que habrá de valorar las circunstancias concurrentes en cada caso para decidir al respecto.

Sin embargo, la sentencia rechaza ese argumento: "La decisión final no es del facultativo sino de la paciente, bajo su responsabilidad, una vez correctamente informada de su situación y de las alternativas existentes, en este caso el parto natural o la cesárea, y asegura que lo contrario es soslayar los derechos que la ley reconoce a los pacientes, en este caso a cualquier mujer que va a dar a luz".