España reconoce que la violencia sexual es una vulneración grave de derechos humanos que exige una respuesta inmediata. Así lo recoge su legislación. Sin embargo, cuando una mujer sufre una crisis a causa de haber sido víctima de agresión sexual en nuestro país y busca ayuda urgente, la respuesta que recibe depende todavía del lugar en el que se encuentre, de la hora y de si ella o quienes la atienden saben o no que existen recursos especializados. El último informe de Amnistía Internacional sostiene que, a pesar de los avances de los últimos años, aún no se garantiza que estas mujeres puedan ejercer plenamente el derecho a una atención integral y accesible en cualquier momento.

Esa garantía se diluye cuando se comprueba que el despliegue de los centros de crisis 24 horas se encuentra incompleto, es desigual entre comunidades autónomas y presenta fallos que, muchas ocasiones, provocan nuevas formas de desamparo.

Los centros de crisis 24 horas, o rape crisis centres, son el modelo internacional más consolidado para atender a víctimas y supervivientes de violencia sexual. Lo explicaban hace unos días durante la presentación del documento las investigadoras Virginia Álvarez y Bárbara Tardón. En países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia se consideran servicios esenciales cuya función es garantizar una intervención especializada en un momento de crisis a causa de una situación de violencia sexual. Amnistía Internacional recuerda que estos centros deben ofrecer, aun sin que exista denuncia, apoyo psicológico, asistencia médica, recogida de pruebas forenses cuando procede, acompañamiento social y asesoramiento jurídico, todo ello en un mismo lugar. El mismo Convenio de Estambul, que España ha ratificado, obliga a garantizar estos servicios disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y cerca de los lugares de residencia de las mujeres víctimas y supervivientes.

De acuerdo con las recomendaciones del GREVIO -el comité de expertos que supervisa la implementación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa- recogidas por Amnistía, para que esto se cumpla, España necesita garantizar un centro accesible por cada 200.000 habitantes a fin de evitar que la distancia o la falta de recursos conviertan los derechos de las mujeres que han sufrido esta violencia en papel mojado. En 2020, el Gobierno anunció que se implantaría un centro por provincia para cumplir este mandato. Algo que lentamente se ha ido logrando, pero ¿bajo qué términos?

La dependencia de fondos europeos del Plan de Recuperación hasta 2025 hace temer por la continuidad y estabilidad del servicio y del personal especializado. Crear un centro es solo el primer paso, pero cuando realmente llega la dificultad es a la hora de mantenerlo operativo al 100% las 24 horas. Además de la insuficiencia numérica, el informe denuncia la desigual implantación territorial. Según el análisis de Amnistía Internacional, el derecho a la atención inmediata depende hoy del lugar en que viva la víctima, contraviniendo el principio de igualdad ante los servicios públicos. 

La organización ha examinado la situación en varias comunidades autónomas -Galicia, Asturias, Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía-. En Galicia, por ejemplo, el estudio reporta que localizar información fiable y accesible sobre los servicios especializados resulta complicado: el buscador de Google facilita una página oficial, pero no es sencillo identificar cuáles funcionan 24 horas, ni los horarios de atención, ni la disponibilidad real de intervención inmediata. Y parte de la información aparece dispersa o en formatos poco accesibles, lo que puede invisibilizar recursos que deberían estar a la vista de todas las víctimas.

En Asturias, las personas que buscan ayuda se encuentran indicaciones contradictorias y muchas dificultades para ser derivadas a profesionales especializados en el primer contacto telefónico. Esta falta de coordinación genera demoras en la atención y aumenta el riesgo de revictimización, al obligar a las mujeres a relatar varias veces lo sucedido sin recibir apoyo especializado desde el principio.

En Aragón, Amnistía Internacional constata que la red está en una fase tan inicial que todavía es difícil identificar cómo y dónde se recibe atención especializada. La información institucional no detalla con claridad la disponibilidad ni la operatividad real del servicio, lo que convierte a la víctima en responsable de descifrar un recurso que debería ser evidente y accesible para todas. La falta de información clara sobre los servicios especializados obliga a las víctimas a adivinar si el teléfono al que llaman o la dirección a la que se acercan podrán atenderlas de inmediato.   

En Catalunya, algunas llamadas realizadas para recabar información fueron atendidas por profesionales que no tenían formación específica en violencia sexual, o fueron redirigidas a servicios que no ofrecían atención inmediata 24 horas. La calidad de la respuesta depende del azar de quien descuelgue el teléfono, algo incompatible con la urgencia que requieren estos casos.

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Castilla-La Mancha tampoco está exenta de obstáculos. En esta comunidad, la disponibilidad de recursos específicos para violencia sexual se encuentra en construcción y la información accesible para la ciudadanía es escasa, según recoge Amnistía. La falta de claridad sobre horarios y sobre la oferta de atención especializada puede generar confusión tanto en las víctimas como en profesionales que deben orientar, lo que retrasa la llegada al recurso correcto en un contexto en el que cada minuto importa.

En Andalucía, una joven relató que la persona que la atendió al teléfono no preguntó nada sobre si estaba segura, ni sobre si necesitaba atención psicológica o sanitaria urgente. Según detalló, "era como hablar con una máquina", y la propia Amnistía subraya que el servicio se limitó a darle un correo electrónico y un número para atención general sobre violencia de género, que tardó más de diez minutos en derivarla a una profesional del centro de crisis.

Para Amnistía Internacional, el primer momento en el que se produce el contacto o la petición de ayuda "es clave" para evitar consecuencias graves como ansiedad, depresión o estrés postraumático. Un "fallo en la intervención inmediata telefónica, online o presencial" puede aumentar aún más las consecuencias negativas en la salud de la víctima.

Conviene tener presente, más en una semana como esta en la que se ha conmemorado el 25N -día internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres-, que la revictimización institucional no ocurre únicamente cuando se cuestiona el relato de una víctima o superviviente. También sucede cuando el sistema no responde, cuando se obliga a las mujeres a peregrinar entre servicios, repetir su historia, etc. Es desesperante pedir ayuda y sentir que no hay nadie al otro lado. La organización advierte de que, en ese proceso, muchas mujeres pueden abandonar la búsqueda de apoyo y quedar expuestas.

El informe también pone el foco en la falta de información, tanto para las víctimas y supervivientes como para los propios profesionales que deberían estar formados para orientarles. El hecho de que una mujer afirme a Amnistía Internacional "Me estoy enterando por ti de que existen estos servicios" habla por sí solo. La información disponible en páginas institucionales a menudo es confusa, incompleta o no específica sobre violencia sexual; y cuando la puerta de entrada falla -por ejemplo, si quien atiende el teléfono no tiene formación especializada ni acceso inmediato a los recursos- lo que está fallando es el propio Estado en su obligación de proteger. Amnistía recuerda que es responsabilidad de las administraciones "garantizar la calidad de la atención integral, además de contar con un espacio adecuado y acogedor".

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A lo largo de su análisis, la organización también denuncia que la financiación insuficiente y temporal provoca una gran inestabilidad laboral en los equipos profesionales, que trabajan bajo una alta carga emocional, con recursos muy limitados y sin garantías de continuidad, lo que dificulta su especialización. 

A pesar de todas estas carencias, Amnistía Internacional reconoce que España ha dado pasos importantes. El hecho de que los centros de crisis estén reconocidos por ley como parte de la atención integral a las víctimas y supervivientes resulta un hito que no debe subestimarse; y el compromiso de implantarlos en todas las provincias es un avance con respecto a años de ausencia de mecanismos de intervención especializada en violencia sexual. El problema es la velocidad de implementación y la desigualdad entre unas regiones y otras.