La sanidad pública se ha deteriorado a pasos agigantados en España. La deficiente gestión política es la única causa de ello, pues la calidad y entrega del personal sanitario quedaron sobradamente probadas -para quien tuviera dudas de ello- durante la pandemia. Hay que ser muy torpe o muy mal intencionado para, con esos recursos de tal elevada calidad, gestionarlos de un modo que la calidad asistencial dispensada sea tan pobre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lleva la palma con una gestión manifiesta y potencialmente homicida que pone en peligro a quienes enfermen y no posean seguro médico privado.

Este lunes arranca en Madrid una huelga general del personal médico de urgencias extrahospitalarias por la pésima gestión de los centros 24 horas que ha puesto en marcha Ayuso sin ni siquiera disponer de personal para ello, obligando a personal de enfermería a asumir competencias impropias, suplantando a médicos ante la ausencia de éstos. El hospital Zendal inaugurado en pandemia sin médicos, ni quirófanos, ni suficientes recursos aparece ahora como un proyecto piloto de la Sanidad que persigue Ayuso. En cada jornada, un médico -real o suplantado- de atención primaria ha de atender a varias decenas de más de pacientes por día, sin poder dedicar siquiera diez minutos por paciente, tiempo en el que se incluye la redacción del informe e introducción de la prescripción en el sistema.

Si una persona cae gravemente enferma en Madrid, tiene más posibilidades de morir que en otras comunidades, del mismo modo que si un mayor se contagiaba de COVID-19 en pandemia en una residencia de Madrid, prácticamente era su sentencia de muerte debido al protocolo impuesto por el gobierno de Ayuso, cuyos consejeros ahora niegan y dolor y mienten con las cifras de derivaciones. Así de crudo, así de increíble considerando que el personal sanitario es excepcional. Sin embargo, ser la región que peor ratio de sanitarios tiene (uno por cada 800 habitantes) desemboca en esta situación. La situación es inabordable para estos profesionales a los que la presidenta no sólo ha llevado a situaciones límite de sobreexplotación, sino que además los desprecia y acusa de boicot.

A pesar de que lo que está en riesgo son sus propias vidas, sorprende que la sociedad madrileña no ejerza más presión a su presidenta para que corrija una gestión tan infame. Es inevitable acordarse de los aplausos en los balcones durante la pandemia y cómo los propios sanitarios, agradecidos, recordaban que más importante que aquellas salidas a los balcones a las ocho de la tarde era mantener el apoyo cuando todo hubiera pasado, puesto que su precariedad es prepandémica y, como barruntaron, se extiende y amplifica en lo que llamaron la nueva normalidad. ¿Por qué no reacciona el pueblo madrileño, ya no digo por solidaridad con quienes le salvaron la vida en pandemia, sino por él mismo, porque su supervivencia está en juego?

Madrid es la punta del iceberg, pero el deterioro de la sanidad en otras comunidades, como Cantabria o Andalucía es también evidente. El daño al primer bastión de defensa, esto es la atención primaria, hace que las personas tengan que aguantar con dolor durante casi una semana antes de ser reconocidas por su doctor o doctora o, ante esa situación, sobrecargar las urgencias con dolencias que quizás no requieren acudir al hospital. Esta saturación termina por prolongar el sufrimiento y dificultar la detección de dolencias más graves.

En esta coyuntura, surge una cuestión que no es baladí: ¿debería contemplarse la aplicación de un 155 sanitario? ¿Por qué es más importante la intervención del Estado cuando se consulta a la población sobre la independencia y no en cambio cuando están cientos de miles de vidas en juego? Situaciones tan extremas como la de la Comunidad de Madrid exigen que el Ministerio de Sanidad tenga algo más que buenas palabras, más que un llamamiento al entendimiento. Dinamitando como dinamita el Estado de bienestar, Ayuso se puede llevar por delante muchas vidas y el Gobierno ha de velar porque eso no suceda, aunque sea lo que la presidenta aguarda para volcar sobre el Ejecutivo toda suerte de descalificaciones. Hay chaparrones que hay que aguantar porque, aunque mojado, merece la pena llegar a destino. Elegir quedarse seco y calentito no debería ser una opción para nuestro Gobierno.