Dice la RAE que acatar significa “Tributar homenaje de sumisión y respeto”. Y también “Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.”.

La inmensa mayoría de los políticos, tras una sentencia que no les gusta, afirma: “La acato, pero no la comparto”. De tanto repetirlo, ha acabado cundiendo la idea de que una sentencia, incluso una ley, siempre debe ser acatada. De hecho, ese “la acato, pero…” se ha convertido en el latiguillo más repetido en los medios de comunicación: De los políticos ha pasado a analistas y “opinadores” y de estos a los periodistas. Si se te ocurre afirmar públicamente que tú no, que no la acatas, sea ley o sentencia, el estupor general puede cortarse de puro espeso.

Sin embargo, no acatar una ley, una norma o una sentencia ha resultado históricamente la forma más eficaz para avanzar. Cuestionarla ha permitido que la sociedad progrese. En el caso de los derechos de las mujeres y más concretamente de la violencia contra nosotras, resulta especialmente evidente. Hasta hace nada el acoso no existía como delito y se multiplicaban las sentencias en las que la culpable de cualquier agresión machista era la agredida. No hace falta retroceder mucho. Hace solo un par de años nos enfrentamos al caso de la jueza Carmen Molina, quien preguntó a la mujer que denunciaba una violación: “¿Cerró bien las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos?”. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que Molina no había incurrido en ninguna falta.

Sirva el caso anterior para ilustrar un fallo digno de repulsa. Como lo sucedido tras la primera sentencia del juicio a La Manada de los Sanfermines. Miles de mujeres se echaron a la calle, y tal fue la indignación que se ha decidido modificar la legislación. ¿Cómo acatar o respetar aquel fallo? Ni acatamiento ni respeto parecieron sensatos para gran parte de la población.

El desacato se puede expresar de distintas maneras, de las cuales la más efectiva suele ser la protesta. Normalmente en un espacio público, que suele ser la calle. O sea, que podemos no acatar una ley o sentencia, y que por lo tanto saldremos a la calle a expresarlo. Sé que todo esto parece de primero de Democracia, pero tal y como están las cosas, no lo es. Todo lo contrario. Estamos viviendo en España un retroceso en la consideración de los derechos de la ciudadanía que una parte considerable de la población rechaza el derecho de las personas a manifestarse o a organizar una movilización popular.

El pasado lunes 14 de octubre, miles de ciudadanos y ciudadanas acudieron al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para protestar por la sentencia del Supremo en el juicio al Procés de Catalunya. Cortaron las vías por las que pasaban, claro. Su acción supuso la cancelación de numerosos vuelos, claro. Todo ello modificó ese lunes el normal funcionamiento de la vida de los ciudadanos afectados, claro. De eso se trata. Una protesta, como una huelga o una manifestación o un boicot, todas ellas armas legales al alcance de la ciudadanía para mostrar su disconformidad con la realidad existente, interrumpen el normal discurrir de las cosas. De eso se trata. Si una protesta, cualquiera de ellas, no molesta deja de ser útil. Lo contrario, y a este paso quién sabe si lo veremos, consiste en levantar un protestódromo en la Casa de Campo.

La movilización de El Prat fue lo que se suele calificar como “protesta pacífica”. Es decir, no hubo muertos, heridos graves, incendios ni destrozos dignos de mención. Sin embargo, los partidos de la derecha y gran parte de los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo antes de pedir que se aplicaran el infausto artículo 155 y la Ley de Seguridad Nacional.

No debería sorprender a nadie, ya que precisamente la sentencia de dicho juicio condenaba la protesta organizada, la manifestación y la libre expresión de las ideas, entre otros asuntos.

El martes y el miércoles que han seguido a la protesta del aeropuerto, las protestas ya no han sido “pacíficas”. Sí ha habido heridos graves: un ciudadano ha perdido un ojo todo indica que tras el impacto de una pelota de goma disparada por la policía; otro ciudadano ha perdido parte de los testículos; un tercero ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado por un furgón policial… Grupos de manifestantes han encendido grandes hogueras, arrasado con mobiliario urbano, se han enfrentado físicamente a los miembros de los cuerpos de seguridad y les han lanzado diversos objetos.

Al ver las imágenes, me he acordado de otra que se ha convertido en icónica. La de “los Jordis” encima de un coche. Se trata de la imagen elegida por distintas instituciones para representar “la violencia” de aquel otoño de 2017, básicamente porque era la única en la que no aparecían policías golpeando a ciudadanos y ciudadanas. En esa imagen no aparece ningún signo de violencia. No aparece nadie sufriendo o que haya sufrido daños, no hay sangre, no hay fuego. Hasta tal punto es una toma sin violencia, que los comentaristas del momento se vieron obligados a aludir al delito de subirse encima de un coche.

Esa imagen es el precedente a todo lo que ahora sucede.

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, más allá de qué le parezcan a nadie sus ideas, se subieron al coche para tratar de pacificar a un inmenso grupo humano que se había concentrado a protestar. Espontáneamente. Si cupiera alguna duda, el documental 20-S (aquí puede verlo completo) desmenuza lo sucedido minuto a minuto. Se subieron a pacificar y lo consiguieron. Así que aquella cabría dentro de lo que definimos como “protesta pacífica”. ¿Molestó? Sí. ¿Interrumpió el común discurrir de la vida allí? Sí. Precisamente por que era una protesta. ¿Hubo violencia? No, a menos que se considere como tal un par de coches maltrechos.

A esos dos hombres se les juzgó, se les ha condenado a 9 años cárcel y ya llevan más de dos en prisión preventiva.

Ahora las protestas ya no son pacíficas. No. Esos dos hombres están presos. Y nuestra percepción general sobre lo que es la violencia y qué derecho tiene la ciudadanía a protestar se han desplazado notablemente hacia la derecha. O sea, han empeorado y nada indica que dejen de hacerlo. La mejor muestra de ello está en que los partidos conservadores, muchos analistas políticos y los editoriales de numerosos medios de comunicación reclamaban ya el lunes, tras unas manifestación no violenta, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y el siniestro artículo 155 de la Constitución.

Por eso me parece importante insistir en que puede no acatarse una ley, puede no acatarse una sentencia y la ciudadanía conserva (por ahora) los derechos de manifestación, huelga o boicot.

Yo no acato ni respeto ciertas leyes o sentencias. Evidentemente. Me queda el pudor que produce tener que volver a explicar lo básico. Y esta sensación de desmoronamiento.