Dice el acalde de Madrid, con formación de abogado del Estado, que "hasta que no lo diga el tribunal penal internacional no se puede hablar de genocidio" en Gaza. Dos años de imágenes de cadáveres sepultados, cuerpos despedazados y niños desnutridos en camillas polvorientas no le llevan a prejuzgar los hechos. No nos precipitemos acusando de un crimen que todavía no ha sido juzgado. Las cifras actuales toman como base 60.000 muertes a manos del ejército de Israel, lo cual podría quedarse corto y ya hay informes que multiplican por diez esa cifra, pero cualquier buen jurista debe ser cauto al analizar las responsabilidades en una situación de daño continuado. El alcalde y abogado del Estado es un prudente hombre de leyes. Aún es prematuro pronunciarse. Aguardemos a la terminación de las campañas de aniquilación que lleva a cabo el Gobierno de Israel para extraer conclusiones y juzgar con todos los elementos.

El alcalde reconoce que no le gusta lo que sucede en Gaza pero eso no le nubla la razón. Si bien es cierto que la Corte Penal Internacional ordenó hace diez meses el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad que formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza, el asunto se encuentra aún sub iudice, no cabe prejuzgarlo antes del fallo. Si bien es cierto que la Comisión de Investigación designada por Naciones Unidas ha concluido que Israel comete genocidio continuado cada día, ese informe será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos Almeida, el alcalde-funcionario, alegan, en resumen, que no hay genocidio hasta que no termina el procedimiento por genocidio, y que en todo caso no le compete a ellos pronunciarse.

Estos razonamientos comparten el mismo cinismo procedimental que una hipotética defensa de un funcionario nazi en 1943, mientras los crematorios del campo de Auschwitz funcionaban a pleno rendimiento. Aquello no sería un genocidio hasta que no lo dijera un tribunal. De hecho, no hubo fallo hasta los juicios de Núremberg de 1946, después de la derrota de Hitler, tras más de seis millones de judíos asesinados. Según Hannah Arendt, en su crónica del juicio contra el funcionario Adolf Eichmann en Jerusalén, muchos cómplices alemanes de aquel genocidio adormecían su conciencia en la cadena de mando y la burocracia administrativa del régimen nazi. Hoy, el alcalde de Madrid también se viste de cínico burócrata que alega la cadena “jurídico-procesal” para no oponerse a un genocidio contrastado y retransmitido en directo desde hace dos años. Por supuesto, no son comparables las conductas de aquellos y del alcalde, las distancias son enormes, pero la lógica que subyace, en esencia, es la misma. El alcalde nos ofrece pistas sobre el papel que juega la banalidad del mal en el contexto de un genocidio que interpela a la humanidad entera.

Constatar esta vergüenza nos lleva a la siguiente reflexión: quizás el alcalde no estudió en el temario de su oposición la parte de Derechos Humanos y la Convención contra el Genocidio, que en su artículo 1 obliga a las autoridades españolas no solo a castigar y perseguir, sino también a prevenir dicho delito contra la humanidad. Qué va. Se lo aprendió muy bien. Por eso precisamente, más allá de su bajeza moral, estas contorsiones para no hablar del genocidio que perpetra el ejército de Israel contra la población civil de Gaza, buscan eludir la aplicación de la Convención contra el Genocidio y todo lo que ello conlleva. Si así fuera, su conducta tiene un nombre. Como todo jurista sabe, el funcionario o autoridad que elude conscientemente la aplicación de normas legales imperativas incurre en delito de prevaricación.