El antipluralismo de las derechas

Las derechas españolas, particularmente las élites dirigentes del Partido Popular y de Vox, no tienen una arraigada cultura democrática. Lo que les identifica es su sentido y su práctica de la apropiación del Estado y el poder político-institucional, con una gestión autoritaria. Dan por hecho que son dueños del Estado, de la Ley y del "destino de la nación", con su particular reinterpretación del pacto constitucional y el control del poder judicial y de seguridad.

En los momentos críticos de alternancia gubernamental, muestran su actitud antipluralista y demagógica. No hay tolerancia o concordia, solo crispación deslegitimadora de la opción democrática y de izquierdas. Conocemos el "Váyase, sr. González", del candidato José Mª Aznar, en el periodo 1993/1996, y su posterior cuestionamiento, como jefe del Ejecutivo, contra la victoria electoral de Rodríguez Zapatero, en 2014, ante el descreditado apoyo a la Guerra de Irak y la infame manipulación mediática de los atentados yihadista en Madrid. Se desarrollaron los hechos alternativos, el falseamiento de la verdad y las mentiras evidentes; una degradación ética y democrática.  

Finalmente, está toda la estrategia prolongada de acoso y derribo al actual gobierno de coalición progresista, con su agenda social y la amnistía al nacionalismo catalán, desde el mismo día de su constitución democrática y hasta ahora, que redoblan sus esfuerzos judiciales, policiales y mediáticos -muchos ilegítimos-, con los precedentes de la guerra sucia contra la estructura de Podemos y los sectores independentistas.

Su orientación estratégica está clara: "el que pueda hacer que haga"; los mecanismos son "todos"… y "todo es todo". Los procedimientos constitucionales no los tienen a mano. La mayoría parlamentaria no apoya una moción de censura liderada por el PP, ni siquiera con el engaño de pretender ser solo instrumental para la convocatoria de elecciones generales. Las derechas nacionales de Junts, PNV y CC se distancian del Gobierno, pero no comparten esa estrategia derechista, necesariamente dependiente de la ultraderecha.  

La tarea de las derechas, por tanto, se centra en utilizar el resto de "todos" los recursos del Estado, políticos, judiciales y mediáticos, para deslegitimar y derribar el Gobierno, incluso meter al presidente Sánchez en la cárcel, y garantizarse la victoria electoral, con una gestión gubernamental prolongada.  

Así, ahora, sobredimensionan (o se inventan) los casos de corrupción entre los socialistas, con la hipocresía de tapar su mayor culpabilidad corrupta, así como pretender mostrar, cínicamente, su superioridad moral.  

La agenda social y democratizadora del Ejecutivo y de sus apoyos parlamentarios está bastante estancada. Persisten graves problemas sociales, junto con la reducción y segmentación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, dependientes de la gestión de las CCAA. Y empeoran las condiciones de la vivienda, con un impacto mayor entre la juventud. Causan frustración ciudadana y cierto retraimiento popular.

Además, está la concentración de casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, algunos con menos (o ninguno) fundamentos (casos Fiscal general del Estado o Begoña Gómez) y otros con indicios reales (casos Ábalos, Cerdán, Rodríguez Zapatero o Leire/Cerdán) que muestran sus deficiencias éticas y democráticas, aparte de su chapucería. Todo ello merece una profunda renovación interna del Partido Socialista, con un impulso político y una reorientación estratégica, ya que necesita credibilidad trasformadora y representativa.

Hay una responsabilidad política colectiva que asumir por la dirección socialista y, probablemente, el electorado la sancione, si no comprueba la existencia de una garantía de su ejemplaridad partidista con fuertes convicciones democráticas, como formación consecuente de izquierdas.

Supone la necesidad de integrar los dos planos, la agenda democratizadora, incluido el respeto y la regulación de la plurinacionalidad, que se encuentra paralizada, y la agenda social, también estancada, con un nuevo proyecto de cambio de progreso, más allá del simple emplazamiento a nuevos presupuestos generales o la nueva financiación autonómica, pensados, quizá, como simple reclamo preelectoral. El horizonte del otoño no está claro; los mimbres propuestos no son sólidos, ni convincentes.

Sin embargo, no todo está perdido para las izquierdas y fuerzas progresistas, a pesar de los actuales augurios de los estudios demoscópicos. En esta encrucijada y ante el clima de victoria electoral que, con ansiedad permanente, hacen ostentación las derechas, su autoritarismo, con su deseo de venganza, tiene su fragilidad. 

Se trata de la amplia conciencia democrática del conjunto del país, plural y diverso, y su voluntad de frenar la dinámica regresiva, reaccionaria y antipluralista. Depende también del acierto de la gestión y la credibilidad de las izquierdas.

En definitiva, las derechas no tienen un modelo democrático y social para este país de países. Arrastran el conservadurismo tradicional y los grandes intereses neoliberales y centralistas, e incorporan el nuevo trumpismo autoritario y de dependencia estratégica y geopolítica. 

La transición política solo supuso para ellas un cambio superficial de esa realidad histórica de poder hegemónico y de las normas y procedimientos para conservarla. No hubo ruptura democrática con esta tradición autoritaria y monopolista de la razón de Estado. Para las derechas y las oligarquías varias era una concesión obligada ante la amenaza de cambios democratizadores más profundos y para conseguir una relegitimación de sus élites.

Las derechas cuentan con total hegemonía en los aparatos del Estado, particularmente en el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El grueso de los grandes poderes económicos y de la patronal comparten esos intereses corporativos y regresivos. En el ámbito cultural e ideológico, la mayoría de los grandes medios de comunicación y gran parte de la educación (escuela concertada y universidades privadas) están imbricados con ese poder económico y político, y están condicionados por el pensamiento conservador, el nacionalismo españolista y las actitudes reaccionarias.

Admiten algunos rasgos mínimos del sistema democrático, en particular el sistema electoral (preconstitucional) y parlamentario, del que nace la legitimidad de los Gobiernos (estatal, autonómicos y municipales) y, por tanto, la posibilidad de la alternancia en los Ejecutivos. 

Sin embargo, no soportan la ocupación gubernamental progresista y una básica gestión democratizadora y de izquierdas. En ese caso, no existe su (leal) oposición democrática, ni siquiera con el respeto a valores liberales clásicos como el reconocimiento del pluralismo político y la soberanía popular para determinar las políticas públicas. El Estado y su posesión está por encima de la democracia y la participación popular. 

En los momentos más decisivos de la alternancia progresista se han lanzado a la deslegitimación frontal de los grupos políticos de izquierdas, gobernantes o con capacidad de influencia política e institucional. Las derechas españolas no garantizan la democracia y los avances sociales. Deben estar contrapesadas con una fuerte izquierda social y política y una amplia conciencia cívica. Necesitan una profunda reconversión democrática.

Estamos al final de la legislatura, con una incertidumbre respecto de las posibilidades de cambio de ciclo político. Se abre la doble alternativa: la continuidad progresista en las próximas elecciones generales, con la renovación de una nueva etapa de avance social y democrático; o bien, la amenaza de una victoria derechista, que vaticina una involución regresiva de los derechos sociales y la democracia. La incertidumbre se instala en gran parte de la sociedad. Queda camino por recorrer.