Como todos los años, el pasado día 7 se ha celebrado el solemne acto de Apertura de los Tribunales presidido por el rey en cuyo nombre, según la Constitución, se administra la justicia. El acto tiene una larga tradición histórica que arranca de 1870. Según la vigente Ley Orgánica, el año judicial comienza el 1 de septiembre o el siguiente día hábil y dura hasta el 31 de julio de cada año natural. Protocolariamente se celebra en fechas posteriores, según la agenda de actividades que fija la Casa Real. El origen de esta costumbre nace en el año 1980 cuando se regula la primera Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial y se nombra presidente del Tribunal Supremo a Federico Carlos Sainz de Robles. Hasta ese momento y durante la toda la dictadura, Franco nunca asistió al acto de apertura de tribunales que presidía el ministro de Justicia como demostración plástica de que no se trataba de un poder del Estado sino de una rama de la Administración de Justicia. Surgieron discrepancias sobre la presidencia del acto y el ministro de Justicia de entonces, Pío Cabanillas, entabló un contencioso con el presidente del Tribunal Supremo para dilucidar quién tenía que presidirlo. Lo tuvo que zanjar el rey acudiendo al acto de apertura de tribunales y su presencia ya se ha hecho tradicional desde entonces.

La Ley Orgánica establece que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo en el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (el orden de la denominación debería ser inverso) presentará en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de España. Al mismo tiempo el Fiscal General del Estado leerá también en este acto la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

Desde hace tiempo el protagonismo de los tribunales en la vida y en la actividad política, unida a la anómala e increíble prórroga del Consejo del Poder Judicial caducado, según la Constitución, hace cinco años y en notoria descomposición ante la opinión pública, obligaban al presidente del Tribunal Supremo a una referencia, casi monotemática, sobre esta cuestión obviando otros temas que, en mi opinión, también merecían su atención. Soy consciente que algunas vidriosas cuestiones podrían generar incomodidad en el jefe del Estado.

En lo que se refiere a la renovación del Consejo del Poder Judicial, sus consecuencias, en mi opinión, van mucho más allá de la perturbadora incidencia sobre la composición de las salas del Tribunal Supremo. Voces de la derecha han censurado la decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados que le priva de la posibilidad de hacer los nombramientos que le encomienda la ley. Conviene recordar que se encuentra en funciones y del mismo modo que el Legislativo y el Ejecutivo, mientras se conforma un nuevo Gobierno pierden parte de sus competencias, no podía ser diferente la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos.

Este año, por primera vez, se ha escenificado la ruptura de la bicefalia y se ha podido ver, sentados, uno al lado del otro al presidente en funciones del Tribunal Supremo que ha pronunciado el protocolario discurso y el presidente, también interino, del Consejo del Poder Judicial. Me parece significativo que el puesto preferente lo ostentase la persona que ejercía como presidente del Tribunal Supremo. Francisco Marín Castán, en realidad presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo leyó el discurso sobre el estado de la Justicia centrándose como era de esperar en la situación generada por el anquilosamiento y descomposición paulatina del Consejo General del Poder Judicial.

Se formuló un interrogante que me parece definitorio de la situación que estamos viviendo. La reproduzco en su integridad: "¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?". Por cierto, que mientras llega la solución definitiva se podían haber nombrado magistrados interinos que podrían paliar las graves consecuencias que se están derivando de la inactividad de los actores políticos.

Lanzó un reto cuyos principales destinatarios eran el PSOE, en cierto modo representado por la ministra de Justicia, María Pilar Llop, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que asistió impávido en la zona de invitados. No albergo duda alguna sobre la mayor responsabilidad del Partido Popular, que ha utilizado un rosario de excusas para no llegar a un acuerdo que si no fueran graves serían verdaderamente risibles.

Reconozco que no era el momento propicio para decantarse sobre quién recaía la culpabilidad de la situación, pero podía haber abierto una vía sobre la posible solución que ofrece la Constitución al encomendar el sistema de nombramiento de los doce vocales judiciales a una ley orgánica. Todo está abierto. Por un lado, las orientaciones que se derivan de la Red europea de Consejos del Poder Judicial que aconsejan la elección por los propios jueces, sin descartar el sistema actual en el que la elección de los vocales judiciales por los jueces ya se ha realizado en el año 2018. Se puede alterar la mayoría parlamentaria de los tres quintos pensado, por los que estaban instalados en un bipartidismo dominante que de momento ha pasado a la historia, dando entrada al pluralismo político ampliando el espacio participativo a otras formaciones políticas con representación parlamentaria.

De momento, -habrá que esperar a la investidura-, no hay propuestas para una remodelación de la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que ponga en marcha una nueva concepción de su encaje en el marco constitucional. De momento y mientras no se acaba con la situación, conviene resaltar, con más énfasis si cabe, que el Poder Judicial se encarna exclusivamente en jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos exclusivamente al imperio de la ley.

Debe quedar claro que el impacto de la anomalía actual recae solamente, que no es poco, sobre el Tribunal Supremo. Alguno de los males endémicos, déficit de inversiones en medios personales y materiales se puede abordar directamente por el Gobierno de turno con una mayoría parlamentaria.

En su discurso citó la obra Como mueren las democracias, de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. En síntesis, sostienen que "la democracia funciona siempre que se apoya en dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional". Era el momento de recordar que los jueces no pueden invadir los espacios reservados para la política. El acto se cerró con las palabras rituales del rey: "Queda inaugurado el año judicial. El acto ha terminado. Se levanta la sesión". Espero y deseo que en la próxima apertura los cierres se hayan levantado.