Apple siempre ha tenido un toque elitista. La compañía que fundó Steve Jobs se ha querido desmarcar del resto por diseño y tecnología y, sin menospreciar su innegable innovación y calidad, lo ha querido reflejar con precios desorbitados. Históricamente, la multinacional de la manzana ha vendido incompatibilidad disfrazada de exclusividad y eso, al menos en Europa, se le ha acabado. Es el mercado, amigos o, por ser más preciso, la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).  

La entrada en vigor de la DMA en marzo de 2024 se le atragantó a Apple. La Comisión Europea no tardó ni cuatro meses en determinar que la multinacional estadounidense incumplía la legislación europea. Así las cosas, el pasado mes de abril llegaban las primeras sanciones para Apple: 500 millones de euros por prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones móviles. La multa apenas supone una caricia comparada con lo que podría haberle caído, pues la DMA contempla sanciones de hasta un 10% de la facturación mundial de la empresa que, en el caso de Apple, supondría el pago de algo más de 39.000 millones de dólares.

Lejos de acatar la ley, la compañía con sede en Cupertino (California) ha pasado a la ofensiva. De hecho, desde noviembre de 2023 viene apelando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) su designación como gatekeeper es decir, como gran plataforma digital que actúa cómo puerta de entrada para empresas y consumidores. Esta designación trae aparejada una serie de exigencias en virtud de la DMA, exigencias que no son del agrado de Apple.

En un comunicado de finales de septiembre, la multinacional hacía malabares para, básicamente, justificar la imposición de limitaciones a sus usuarios, enmascaradas como sencillez, privacidad y seguridad. Podría decirse sin temor a equivocarse que Apple subestima la inteligencia de sus consumidores. De otro modo no se entiende que atribuya el retraso en el lanzamiento de nuevas funcionalidades al esfuerzo de ingeniería que requiere, sencillamente, cumplir con la ley europea. Este es el caso de la traducción en vivo que, si por Apple fuera, sólo estaría disponible si te gastas los 150 euros que cuestan los AirPods (auriculares inalámbricos) más baratos. La estrategia comercial de Apple impide que quienes ya realizan un desembolso nada despreciable por su dispositivo puedan disfrutar de esa funcionalidad con unos auriculares de 15 euros de otro fabricante.

En esencia, lo que pretende la compañía es enfrentar a los consumidores con la Comisión Europea (CE), que únicamente busca desarrollar un ecosistema más abierto y compatible para los usuarios. ¿Qué tiene de malo para los consumidores que las características de hardware y software del sistema operativo de Apple (iOS) sean interoperables con los productos de otras empresas?

En agosto del año pasado, el TJUE permitió que la Free Software Foundation Europe (FSFE) se personara en la causa de Apple contra la CE, lo que es una muy buena noticia porque viene a representar la perspectiva de la sociedad civil. “Este caso es fundamental para la libertad del software”, me comentan desde esta organización, cuyos responsables afirman que “estamos trabajando para que la implementación de la DMA sea favorable para los desarrolladores”. Tal y como refleja su escrito presentado ante el TJUE, “la interoperabilidad es fundamental para la DMA. La ley la menciona 38 veces. La interoperabilidad es la esencia de la DMA. Cumple la función social de facilitar la cooperación humana”.

La FSFE ha documentado con detalle este proceso y su postura es tajante: Apple está siendo regulada en pos del interés público, algo que no comparte Apple. Si FSFE defiende que los desarrolladores de aplicaciones móviles (apps) puedan venderlas en tiendas alternativas a la App Store de Apple, la compañía quiere impedirlo, jugando la baza de la seguridad. Sin embargo, ya no es sólo que como cualquier otro fabricante Apple se vea obligado a lanzar parches de seguridad para cerrar vulnerabilidades detectadas en su software, sino que hace años fue sonada la infección de centenares de apps en su App Store con el código malicioso XcodeGhost. Más recientemente, y como indica la FSFE, Apple no reveló un ataque masivo que afectó a 128 millones de iPhones.

Tal y como plantea la DMA, ¿por qué no se pueden beneficiar los usuarios de Apple de las herramientas de seguridad y privacidad de terceros fabricantes que, quizás, son muy superiores a las que ofrece la misma Apple? Eso hoy por hoy es imposible. Asimismo, la multinacional entra en contradicción y evidencia que le importa más el negocio que la interoperabilidad. Tanto es así que la compañía permite la descarga de Apple Music en dispositivos Android, pero no una descarga directa similar en dispositivos Apple. Siguiendo su propia argumentación, ¿no está dejando desprotegidos a sus usuarios de Apple Music en Android?

En este sentido y como defiende la FSFE, es positivo permitir a los usuarios de productos de Apple que, si así lo desean, puedan instalar en sus dispositivos aplicaciones de terceros, bajándoselas de otras tiendas o, incluso, desinstalar software preinstalado por Apple que quizás no utilizan y resta rendimiento. Otorgar esa libertad al usuario y a los desarrolladores no entra en el catecismo de Apple, que ansía seguir teniendo a sus clientes cautivos.

Uno de los argumentos empleados por Apple para tratar de mantener a sus clientes atrapados en su entorno es que si éstos tienen la libertad de descargarse apps desde diferentes tiendas tendrán una “experiencia menos intuitiva” al tener que “enfrentarse a múltiples plataformas, cada una con su propio diseño, normas y estándares de revisión”. Ignoro qué resulta más insolente, si la odiosa actitud paternalista del fabricante o su manera de tratar a los y las consumidoras como si fueran necias. En la FSFE tienen claro que “aunque algunos usuarios puedan identificarse con los argumentos de Apple a primera vista”, no tardan en darse cuenta de que “estos bloqueos (lock-ins) y ‘jardines vallados’ (walled gardens) son en realidad un defecto, no una característica”. 

Algo parecido sucede cuando Apple habla de competencia desleal porque la CE no aplica los mismos criterios al líder en ventas de teléfonos móviles Samsung. La diferencia radica en que el fabricante surcoreano utiliza el sistema operativo Android, que, de lejos, es mucho menos restrictivo que iOS. Apple se vanagloria de querer que sus usuarios en Europa disfruten de las mismas innovaciones que en EEUU; es sencillo, que aplique los criterios de la DMA también en el resto de mercados porque eso dará, a fin de cuentas, más libertad a sus clientes. “La neutralidad de los dispositivos debe ser la opción predeterminada para los usuarios y desarrolladores de Apple”, sostiene la FSFE.

La Free Software Foundation Europe apoya a la CE en su solicitud al TJUE de desestimar la demanda de Apple en su totalidad. El próximo 21 de octubre, a las 9.30 horas, la FSFE comparecerá en Luxemburgo en esta causa que crucial para el software libre y su comunidad de desarrolladores. Sin embargo, dado el nivel de vasallaje de la UE a Donald Trump, está por ver si el chantaje arancelario que ejerce el republicano tiene efecto en la sentencia o en la posterior aplicación de la misma. El pasado mes de agosto Trump lanzó la amenaza en su red social Truth Social: “Me enfrentaré a los países que atacan a nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses”. Según él, regulaciones como la DMA “están diseñadas para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”. Una mentira más.

A este respecto, los expertos de la FSFE indican que “no sabemos cuánta presión e influencia está ejerciendo la Administración Trump. En cualquier caso, lo que sí queremos destacar es que una aplicación adecuada y eficaz de la DMA no solo beneficia a los mercados digitales de la UE. También los consumidores norteamericanos, las pequeñas empresas tecnológicas y la economía en general tienen mucho que ganar”. De hecho, también en EEUU muchas organizaciones, académicos, actores de la sociedad civil y políticos han presionado públicamente para que se aplique una normativa antimonopolio más rigurosa contra grandes empresas tecnológicas como Apple.

El resultado de este proceso judicial “podría determinar el futuro de la libertad del software en un sentido más amplio, queremos asegurarnos de que este caso siente un precedente adecuado”, destacan los miembros de la FSFE: “Todos salimos ganando con una tecnología más democrática”.