Ha vuelto a ocurrir el asesinato de un menor por parte de su padre, denunciado por violencia de género, con una orden de alejamiento y con una valoración del riesgo “baja”. El último cambio del código civil impide que los maltratadores tengan régimen de visitas, pero aquí ocurrió un fallo de coordinación entre los juzgados: el que llevaba la causa civil del divorcio y la custodia; y el que llevaba la causa penal. Este caso empezó un mes después, tras una agresión, donde se estableció la condena de maltrato y la suspensión del régimen de visitas por parte de otro juez. Esto no se llegó a notificar cuando, al siguiente mes, los dos acudieron a ratificar el divorcio. La muerte del pequeño era evitable. Más allá de que ahora haya quienes miran a otro lado y se quiera responsabilizar a la madre de no haberlo comunicado, deberían ser los propios agentes e instituciones quienes comunicaran aquella sentencia por defecto y de inmediato.

No obstante, aunque por ley tenga que aplicarse la suspensión de visitas, yo sigo con mi inquietud. Porque en ese cambio del código civil hay una frase que indica que “la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor”. Es decir, hay un hueco por el que puede justificarse aún las visitas. Los maltratadores aprovechan todos los resquicios. Y hemos visto que algunos jueces creen que prevalece el interés del padre sobre el del propio menor. Y hemos visto cómo las madres que se oponen a las visitas en casos de violencia de género, para proteger a sus hijos, han sido hasta ahora acusadas o negadas ante la propia justicia.

Semanas anteriores, en El Periódico, leíamos que “más de 800 maltratadores reciben visitas de sus hijos en prisión pese a que la ley lo prohíbe”. Fiscalía estaba dispuesta a actuar tras conocer esos datos. Pero de aquí a que este error se cierre, ¿a cuántos menores dejamos en una situación de desamparo e indefensión? ¿Cuántos asesinatos más hacen falta en este país para que no se produzcan errores en cadena?

Hace unos días se organizó un revuelo por un cartel divulgativo, en una estación intermodal de Palma de Mallorca, donde se presentaba en una viñeta a un juez, que decía a una mujer: "¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata, si usted está viva!!" La verdad es que muchas víctimas de violencia de género han soportado muchas frases de los operadores jurídicos donde han sido cuestionadas una y otra vez. Pero eso no parece crear tanto escándalo como este cartel porque, de inmediato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reprochó a las instituciones que lo financian y señaló que el cartel es "injusto" con los jueces. Supongo que algunas víctimas podrían responder que injustas han sido las vivencias que han tenido alguna vez en la justicia. Supongo que muchas familias podrían decirles que por algunos errores sus hijas, madres o amigas están bajo tierra… Y algunas madres podrían decir que lo injusto es que sus hijos o hijas estén enterrados tras ser asesinados por un padre maltratador, al que la justicia protegió.

Se agradecería menos corporativismo cuando se habla de un asunto tan delicado y más autocrítica. De estar todo en una situación perfecta no formaría parte del Pacto de Estado el compromiso de aumentar la formación de los operadores jurídicos y agentes sociales. De estar en una situación perfecta, Naciones Unidas no habría alertado a España, en más de una ocasión, de la existencia de un patrón en la justicia que favorece a los maltratadores, desprotege a los menores y criminaliza a las madres. Y de estar en una situación perfecta no habría un reconocimiento por parte de la propia justicia de una violencia institucional en los casos de Ángela González Carreño o de Itziar Prats.

Por supuesto que hay operadores jurídicos que hacen su trabajo como deben, y que salvan vidas. Es lo que se espera, para eso están. Y será injusto para ellos pero quizás deberían de ser los primeros en no permitir que otros manchen su trabajo, dentro de sus propias instituciones. Se aprende de los errores. Y esos errores, en esta situación, pueden llevar incluso a la muerte. La intención de hacer este tipo de carteles va justo en la dirección de la necesaria autocrítica y falta de responsabilidad cuando ocurren estas tragedias.

Pero, para no hacerlo, la Comisión Permanente dijo que estos actos “minan la confianza de las víctimas de violencia de género en las administraciones”. Y no, este cartel no va a provocar eso. Para minar la confianza en las instituciones les basta, a algunas, con el trato que reciben, con lo que tienen que escuchar, con las sentencias que muchas tienen en mano o con escuchar que un menor ha sido asesinado por un error. Con eso les basta y les sobra. Así que, en lugar de ser tan contundentes con un cartel, estaría muy bien que fueran más contundentes con cada error que se sigue produciendo dentro del sistema.