El pasado domingo, el semanario escocés Sunday Mail llevó a su portada el logotipo de Iberdrola junto a una fotografía de Ignacio Sánchez Galán. No era uno de esos publirreportajes que a menudo cubren las páginas de los grandes periódicos españoles sino una noticia crítica con el presidente de la empresa. Aunque parezca inconcebible, algunas cabeceras consideran delirante que un alto cargo se embuche 13,2 millones de euros al año mientras la inmensa mayoría de la población suda la gota gorda lidiando con el incremento de los precios de los combustibles.

La prensa escocesa tiene motivos fundados para irritarse con Sánchez Galán, ya que Iberdrola opera en el Reino Unido a través de su filial Scottish Power. Ahora mismo, los medios británicos se encuentran inmersos en una acalorada preocupación por los costos de la energía, que crecen a una velocidad desenfrenada y que no muestran ningún horizonte de contención. Cómo es posible, se pregunta un portavoz del Partido Liberal Demócrata en el Sunday Mail, que los ejecutivos de la energía cobren salarios tan desorbitados mientras millones de personas se encuentran en semejantes apuros.

Si las crisis económicas se repiten con una obstinación cíclica, también las controversias regresan una y otra vez iguales a sí mismas. Tras el descalabro financiero de 2008, los mentideros indignados repetían con cierto enojo el nombre de José Ignacio Goirigolzarri, el consejero delegado del BBVA que se jubiló a los 55 años con una pensión vitalicia de 52,5 millones de euros. Entre 2005 y 2006, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo habían establecido que esta clase de bonificaciones encajan en la legalidad. Se referían entonces a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, que abandonaron el Banco Santander chorreando billetes. Amusátegui se hizo con 43,8 millones. Corcóstegui, con 108,1.

Lejos de llevar un mandato discreto, Ignacio Sánchez Galán se ha sumergido en algunas polémicas que cuestionan la ética de la multinacional. Entre otras cosas, el Sunday Mail se hace eco de las sospechas desatadas durante el caso Villarejo. En 2021, los tribunales aceptaron unos indicios de que el máximo responsable de Iberdrola pudo haber contratado al comisario entre 2004 y 2017 para que espiara a sus rivales. En la contabilidad de la empresa se hallaron quince facturas sin pedido que trasferían 1,04 millones de euros a la trama mercantil de Villarejo. El pasado mes de junio, sin embargo, el magistrado Manuel García-Castellón eximió a Sánchez Galán ya que la Audiencia Nacional considera prescritos los delitos que investigaba.

El papel dudoso de Iberdrola durante la última crisis energética se remonta al menos al pasado verano. Mientras el precio de la luz trepaba hasta cotas históricas, algunos diarios independientes revelaban que la empresa estaba vaciando sus embalses con el propósito de producir más energía a un menor coste. Varios municipios denunciaron contratiempos con el suministro de agua a causa de esta práctica especulativa y el Gobierno español se lamentó de que no existan argumentos legales para establecer sanciones. No obstante, la CNMC ya impuso a Iberdrola una multa de 25 millones en 2015 por haber intervenido en sus instalaciones hidráulicas con la intención de manipular los precios de la energía.

Cada crisis acuña sus propias metáforas y estribillos. En un tiempo no muy lejano, los grupos dominantes martirizaron nuestros oídos con el sonsonete de la austeridad. Ahora, en medio de estrecheces con el suministro de energía, nos avasallan con el lema del ahorro. Ambos son términos nobles pero muestran un peligroso doble filo. En 1977, Enrico Berlinguer y el Partido Comunista Italiano difundieron una encendida defensa de la austeridad como herramienta de justicia social y en ningún caso como una concesión “a las necesidades de supervivencia del capitalismo”. La Troika, sin embargo, desfiguró la noción de lo austero con el propósito de ensanchar la brecha de clases y hacer caer sobre las capas populares los platos rotos de la debacle financiera. De nada sirve que ahora nos atosiguen con debates epidérmicos en torno al ahorro si se mantienen intactas todas las relaciones de poder que nos han empujado hasta el actual estado de zozobra.

Los grandes medios de comunicación, muchos de ellos amansados por las inversiones publicitarias de Iberdrola, han reducido la disyuntiva económica a un teatral tira y afloja entre el PSOE y el PP. El decreto ley sobre ahorro energético se ha convertido en la coartada perfecta para escenificar un antagonismo intransigente que en realidad no existe. Basta un paseo por las hemerotecas para descubrir que el PP está censurando las mismas medidas de control del gasto que propuso hace unas semanas el propio Núñez Feijóo. La realidad de fondo es que ni el PP ni el PSOE cuestionan el entramado económico vigente. Y la prueba es que los cargos de uno y otro partido siempre encuentran un sabroso acomodo en los consejos de administración de los gigantes energéticos. Iberdrola no discrimina siglas y lo mismo ficha a Antonio Miguel Carmona que a Fátima Báñez o a Ángel Acebes. Un justo agradecimiento a la obediencia prestada.

El estipendio dorado de Sánchez Galán o las pensiones astrales de los banqueros no son el problema sino el síntoma de un problema que tiene que ver con la mercantilización de los sectores esenciales de nuestra economía. Mientras la energía o la banca constituyan un negocio privado sometido a las leyes selváticas del mercado, siempre existirá una insignificante minoría dispuesta a construir sus privilegios a costa del sacrificio de la mayoría más inmensa. Cuesta encontrar una justificación razonable a la noticia de que Iberdrola ha sumado un beneficio de 2.075 millones en el primer semestre de 2022. Es el semestre más rentable de su historia y uno de los más ruinosos de la nuestra, la de quienes pagamos la factura de un banquete al que nunca nadie va a tener la dignidad de invitarnos.