Caerán ayudas de chapapote

Ourense es la provincia de todo el Estado en donde habitan más personas mayores de 100 años. La mayoría de las personas que viven en los núcleos de población afectados por los catastróficos fuegos de estos días son también personas mayores que han vivido toda su larga vida contemplando los montes que ahora arden de norte a sur y de este a oeste. Esas ancianas que soplan las tres velas (el 80% son mujeres) han sido las guardianas de la tierra que han trabajado y cuidado hasta el final de sus días, la misma tierra que hoy se enfrenta a una despoblación catastrófica que ha dejado las aldeas y los montes que las rodean en un estado de vulnerabilidad y de completo abandono institucional. Los pocos habitantes que aún quedan en muchos de estos lugares ya los han visto arder varias veces en las últimas décadas. La despoblación trae el fuego y el fuego trae también el éxodo: nadie puede vivir tranquilo cercado por las llamas. Y muchos de los que han estado en primera línea se lamentan de que los han dejado solos frente a la devastación y que únicamente la solidaridad y el empeño de vecinos de aldeas cercanas y de los jóvenes ha podido salvar casas, granjas y vidas.

El abandono del rural no es un fenómeno nuevo. Galicia vive un éxodo del campo que empezó hace ya varias décadas y se pronunció a partir de los 80 cuando muchos jóvenes emigraron hacia Suiza, hacia el País Vasco o hacia las nuevas zonas industriales de la costa. Muchos urbanitas de provincias somos también nietos y nietas de campesinos humildes que vieron partir a sus hijos e hijas, uno detrás de otro, porque el campo no ofrecía oportunidades de trabajo y las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas de sus familias apenas resultaban rentables. Desde 1990, año en que Fraga entra al poder con mayoría absoluta, la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando, con una caída progresiva de la superficie agraria útil, políticas forestales cortoplacistas centradas en los beneficios de la industria maderera y la explotación del Camino de Santiago por tierra, mar y aire. En 20 años, Galicia ha perdido el 60% de sus granjas. Solo entre 2016 y 2023 el número de explotaciones agrarias en Galicia cayó un 45,7% según datos del INE, con la consecuente pérdida de empleo vinculado a estas explotaciones. La mayor parte de los titulares de estas explotación están hoy cercanos a la jubilación sin que haya relevo generacional claro. Los sindicatos llevan años denunciando que las políticas de la Xunta son un fracaso que llevan al abandono del rural al concentrar toda la actividad en pocas zonas con grandes explotaciones que además generan problemas de gestión ambiental. La despoblación no solo trae un modelo agrario insostenible, sino que va en contra del territorio y de las personas que lo habitan.

El abandono del rural tiene consecuencias inmediatas y repercute en la competitividad del sector primario gallego, fundamental en nuestra economía, al que le han ido quitando posibilidades de crecimiento y atractivo mientras ofrecen como alternativas mágicas para el empleo las fórmulas voraces del gran capital. Desde Altri hasta ENCE, la Xunta apoya firmemente el negocio del eucalipto, que solo alimenta los bolsillos de unos pocos inversores extranjeros, sino que desertifica la tierra de todos y consume ingentes cantidades de agua dulce necesarias para el consumo humano y animal, para los cultivos y también para apagar incendios. Con un precio de la vivienda absolutamente desorbitado en las ciudades y unos sueldos muy mejorables, muchos jóvenes de hoy quieren volver al rural o quedarse en él para siempre pero para ello necesitan oportunidades de trabajo y necesitan que les dejen incorporar la sabiduría ancestral que han heredado de sus mayores. Necesitan servicios públicos, desde guarderías a cajeros, y necesitan una gestión pública, colectiva y eficaz de la tierra que evite burocracias inútiles.

De momento, la gestión de esta crisis huele a las mismas cortinas de humo de siempre. Ya tenemos a nuestro maquinista del Alvia, un vecino de la aldea de Petín de 61 años que intentaba hacer un cortafuegos para salvar las casas cuando fue detenido como autor de incendio y que ya ha sido puesto en libertad con gran apoyo vecinal. Y mientras los vecinos miran al cielo suplicando que caiga agua, el gobierno gallego no deja de anunciar ayudas a los afectados por los incendios. Unas ayudas que son imprescindibles, pero que no podrán resolver el problema del abandono del rural ni tampoco la gestión medioambiental nefasta que quema cada verano nuestros montes. Esos anuncios que de alguna manera aún nos huelen a chapapote porque siempre se usan para desarticular y desmovilizar cualquier lucha colectiva por recuperar la soberanía de nuestro territorio. No lo permitamos nunca máis.