El camping social no es una opción

La emergencia habitacional que se vive en España es insostenible. La vivienda se ha convertido en el factor que más determina la desigualdad en nuestro país, según ha revelado esta semana un estudio realizado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC). En regiones devoradas por el turismo como Ibiza o Málaga, comienzan a proliferar los asentamientos de caravanas, furgonetas e, incluso, coches en los que familias enteras sobreviven. Las Administraciones, lejos de ayudarlas, aún hacen más terriblemente dolorosa su existencia.

Sacaba Beach es una zona de Málaga capital en la que se han construido algunos de los pisos nuevos más caros de la ciudad. En frente de ellos, centenares de caravanas y furgonetas camperizadas dan cobijo a muchas familias sin contar con tomas de luz ni de agua o desagües. Sencillamente, aquel emplazamiento se ha ido constituyendo como una explanada ideal para crear un asentamiento de personas marginadas por los poderes públicos. En cierto modo, este contraste recuerda aquella fotografía del salto desesperado a la valla fronteriza de Melilla mientras unos individuos siguen impasibles jugando al golf.

Ahora, también son marginadas por una parte de la sociedad que, lejos de empatizar con estas personas, denuncian desde sus cómodos pisos que se generan problemas de convivencia por ruido, residuos… incluso, los criminalizan acusando a este espacio de supervivencia de haberse convertido en un punto de venta de droga. Lo cierto es que entre los habitantes de este asentamiento hay desde oficiales de obra, a profesores, funcionarios, reponedores de supermercados, camareros y camareras… gente honrada a la que, pese a contar con empleo que sustenta la actividad de Málaga, le resulta imposible costearse un techo en una de las ciudades más caras de toda España.

El Ayuntamiento de Málaga afirmó que buscaría alternativas y elaboraría un plan de intervención social para resolver esta situación, clónica de otras parecidas que se viven en puntos de España como Islas Baleares. El equipo del alcalde Francisco de la Torre (PP) no ha hecho nada de eso; en su lugar, fijó un ultimátum para que este martes se fueran o las grúas municipales se llevarían todos los vehículos convertidos en hogares.

La movilización social y de los partidos de la oposición de izquierda consiguieron paralizar esta falta de humanidad por parte del consistorio malagueño. Sin embargo, su intimidación surtió efecto y muchas familias con hijos, ante el temor a quedarse en la calle, se fueron de allí. El pánico a perder el único cobijo que les queda se apoderó de ellos y nos es para menos, pues el Ayuntamiento ya ha dado demasiadas veces muestras de su aporofobia con quien se encuentra en situación de calle. El problema no se resuelve, se traslada.

Si lo expuesto le revuelve a uno las entrañas, en un país donde la renta de los multiarrendadores multiplica por cuatro la de los inquilinos, lo que todavía produce más consternación es que una de las demandas de ‘los nadie’ que diría el maestro Galeano, es su reubicación en un camping social. La desesperanza y la poca confianza de la sociedad en los poderes públicos que debieran velar por su bienestar ha llegado a tal extremo que ya ni siquiera se reclama un derecho constitucional como es el de la vivienda.

No podemos caer en el desánimo o la resignación, a pesar de que los rentistas especuladores, ya sean particulares o fondos buitres, nos estén ganando la partida con el apoyo incondicional de las Administraciones Públicas. Y nos están ganando porque hay quienes han pasado de reclamar frenar esta especulación depredadora a encomendarse al sorteo de una VPO en el que, como sucede en Málaga, por cada casa rifada hay cerca de un centenar de demandantes. Y de ahí, rizando el rizo, se ha pasado a renunciar a un techo digno y resignarse a un camping social.

No hay mejor prueba que Málaga del daño que hace el turismo depredador que promocionan partidos como el PP. Con el fin de seguir concediendo licencias, como ha hecho esta misma semana con casi una veintena de pisos turísticos en zonas residenciales, De la Torre arrastra los pies para poner en marcha la moratoria de prohibir hoteles o apartamentos turísticos en suelo residencial para los próximos tres años. Mientras desde la Diputación Provincial se adoctrina a los menores en las aulas sobre los supuestos beneficios del turismo con un folleto de pura propaganda, nadie les cuenta que, quizás alguno de los menores que reciben estas infumables charlas -obligatorias- viven en una caravana por culpa de quien no ha controlado este turismo ni la mercantilización de la vivienda.

Se trata de un problema estructural que nos afecta en todos los frentes, incluso, a quienes se creen ajenos a él, tal y como prueba que ya haya profesores que rechazan destinos en la Costa del Sol porque, de aceptarlos, no tendrían posibilidad de alojamiento con su sueldo. De hecho, ya hay profesores durmiendo en el albergue juvenil de Marbella. En lugar de asumir los ultimátums de las Administraciones Públicas, como el dado por el ayuntamiento de Málaga a quienes viven en caravanas en Sacaba Beach, la ciudadanía debería revertir ese ultimátum hacia los poderes públicos, forzándolos a velar por el bien común y no por el enriquecimiento de unos pocos. Un camping social no es una opción, es una derrota que ni podemos ni debemos encajar.