Han transcurrido 1.515 días, algo más de cuatro años, desde aquel 2 de octubre del año 2020 en el que Naturgy en connivencia con la Comunidad de Madrid decidieron apagar la luz en Cañada Real.

Cañada es un barrio humilde, diverso y mestizo, un barrio de autoconstrucción como lo fue en su momento Palomeras en Vallecas o Torré Baro en Barcelona en el que habitan miles de personas repartidas entre seis sectores pertenecientes a los municipios de Coslada, Rivas, y Madrid. Dieciséis kilómetros de extensión que recorren la periferia este de la capital y que ha tenido la mala fortuna de estar ubicado- desde los años sesenta- en lo que se proyecta hoy como desarrollos urbanísticos del sureste. A partir de esta afirmación pueden sacar su propia conclusión de los motivos que subyacen al corte de suministro.

Desde aquel otoño del año de la pandemia en el que se cortó la luz, seguido por el primer invierno de “Filomena” en el que no pudieron calentarse más que con leña, y tras tres veranos consecutivos con olas de calor cada vez más sofocantes sin poder refrigerar si quiera alimentos en la nevera, las vidas de más de 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños, niñas y adolescentes se han visto gravemente afectadas.

Y así acaba de reconocerlo en una decisión histórica el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa en la que se condena a España y todas las administraciones públicas- central, autonómica y local- por violar Derechos Humanos como el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de la salud, el derecho de la familia, el derecho a la infancia, el derecho de las personas mayores, de las personas con discapacidad, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la participación recogidos en varios artículos de la Carta Social Europea Revisada (tratado internacional suscrito por España).

En octubre de 2022 el Comité admitió a trámite la primera demanda colectiva interpuesta ante este organismo por varias organizaciones (Defence Children International, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, impulsadas y coordinadas por la Plataforma Cívica por la Luz compuesta por asociaciones vecinales, organizaciones sociales y sindicales. Y fue poco después cuando el Comité señalo los riesgos para la vida y la integridad física y moral que podían provocar los cortes de electricidad, exigiendo al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento del suministro eléctrico, so pena de provocar daños irreparables, que nunca se adoptaron.

Durante todo este tiempo, instituciones de Derechos Humanos como el Defensor del Pueblo han emitido reiteradas recomendaciones e interpelado a las autoridades competentes. Partidos políticos (Mas Madrid, Unidas Podemos, Sumar y PSOE) han suscrito compromisos parlamentarios, e incluso hasta el cardenal Osoro ha requerido a la Comunidad de Madrid- principal responsable- para que tomen medidas encaminadas a devolver la luz, sin que hasta la fecha haya habido más respuesta que la criminalización de la población por parte de su Presidenta o aquella celebre frase en la que aseguró “no gestionar sentimientos” como respuesta a la carta escrita por parte de una niña que reclamaba luz para poder estudiar.

Sin embargo, cuando hablamos de Derechos Humanos, la competencia atañe a todas las Administraciones. Y son también los Ayuntamientos y el Gobierno central los que deben actuar para dejar de ser cómplices de un desalojo forzoso sin precedentes y una situación de emergencia humanitaria impropia en una democracia. No sirve seguir comprometiendo dinero para realojos que no atienden al mientras tanto y dan la espalda a la participación vecinal. No vale que los realojos sigan sirviendo de excusa para tapar un desalojo forzoso.

Esta misma semana se hacía pública la petición de inhabilitación de la Fiscalía por prevaricación de dos altos cargos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid precisamente por derribar viviendas en Cañada Real sin orden judicial en otro ejemplo más de actuación encaminada a desalojar Cañada Real de forma violenta.

Los vecinos y vecinas de Cañada Real quieren que se les devuelva la luz, y quieren pagar la luz. Quieren firmar contratos de suministro y dejar de ser considerados y tratados como ciudadanos de segunda. Y tienen derecho a formar parte de la toma de decisiones que afecta a sus hogares y a sus vidas. Esto que parece obvio, ha tenido que venir un organismo de protección de derechos humanos a recordárselo a todas las administraciones asegurando que quienes se sitúan al margen de la ley son las administraciones que no actúan para devolver la luz.

Las decisiones del Comité son de obligado cumplimiento para todas las Administraciones ya que España ha aceptado su carácter plenamente vinculante. Sabemos que el Consejo de Ministros ya tiene conocimiento de la decisión. Las dificultades técnicas ya no pueden ser excusa.

Ahora les toca actuar con la celeridad y la contundencia que requiere una emergencia humanitaria de estas características, a las puertas de otro invierno, y a pocos días de que se enciendan, otro año más, las luces de Navidad a 14 kilómetros de Cañada Real.