La Agencia Tributaria acaba de confirmar que el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, cobró al menos 850.000 euros de la patronal de las empresas gasistas, más otros 100.000 de pagos adicionales. Casi un millón de euros para que el Ministerio de Hacienda, que Montoro dirigía, aprobara dos reformas fiscales a la carta: una rebaja del impuesto especial de la electricidad en 2014 y una reducción del impuesto de actividades económicas en 2018.

Esas reformas se sacaron adelante "contra el criterio de los técnicos" y se impulsaron con urgencia y opacidad. Los pagos coinciden con los hitos de la tramitación: reunión con Montoro, elevación al Consejo de Ministros, aprobación legislativa e ingreso en cuenta. Parece que la UCO ha documentado que la propuesta de redacción coincidía “literalmente” con el texto que acabó en los Presupuestos Generales de 2018.

Hablamos de cobrar para que las gasistas roben al fisco, para que dejen de ingresar decenas de millones de euros a las arcas públicas. El Ministerio de Hacienda fabricando privilegios fiscales en favor de un sector energético engrosado y engrasado ya durante años, gracias al uso continuado de las puertas giratorias. Puertas que también se usaron en este caso porque Montoro fundó el despacho con ex altos cargos de Hacienda en 2006, volvió al Ministerio en 2011, y el despacho siguió operando con esos mismos socios. Ahora se les acusa de tráfico de influencias, cohecho, fraude a la Administración Pública, prevaricación, corrupción en los negocios, falsedad documental… entre algunos otros delitos.

Que Hacienda legisle para los ricos, favoreciendo la concentración de la riqueza, en lugar de su reparto, es la perversión con la que sueña el gran capital desde el siglo XIX: el corazón del Estado capturado por los intereses privados de los más poderosos. A eso se le llama corrupción sistémica y estructural en toda regla.

Pues bien, lo que más sorprende es que, años después, la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés siga durmiendo el sueño de los justos en este país. Parece que el Partido Popular y Junts no acaban de verla clara, aunque la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y la Comisión Europea llevan tiempo señalando que esa carencia constituye un riesgo cierto de prácticas corruptas.

Evidentemente, casos como el de Montoro no se solucionan únicamente con una regulación antilobbies, un modelo de transparencia obligatoria, pero está claro que esa regulación puede disuadir ciertas conductas, cambiar nuestra cultura política y judicial, y amortiguar notablemente sus efectos. La Unión Europea reaccionó con el escándalo del Qatargate cambiando el marco regulatorio y supuso una sacudida importante en su dinámica institucional. En el Parlamento Europeo se reforzó el registro obligatorio de lobbies, con exigencias especiales para lobbies extracomunitarios, códigos de conducta y huella normativa. Seguramente, nada que constituya un obstáculo insalvable para quien esté decidido a delinquir, pero una manera de establecer cautelas eficientes en según qué supuestos y niveles.

Esta es la línea que sigue también nuestro proyecto de ley donde se incluye un régimen sancionador y algunos compromisos para los grupos de interés: actuar con transparencia, identificarse ante el personal público, facilitar información exacta y veraz, no ofrecer regalos ni favores, no difundir información confidencial, no plantear actuaciones que generen conflictos de intereses y no ejercer presión abusiva o ilícita. Sigue faltando un órgano supervisor independiente y diseñar una mayor trazabilidad de las actuaciones. Tampoco se regulan las puertas giratorias (la Ley 3/2015 de altos cargos lo hace, con un “periodo de enfriamiento” de dos años). Y también habría que identificar a los lobistas que hayan sido cargos públicos en los cinco años anteriores a los hechos (como propone Sumar) a fin de evitar que personas como Montoro puedan utilizar su desvinculación formal como un escudo.

¿Habría cambiado algo en este caso si nuestra ley hubiera estado en vigor? Pues, para empezar, Equipo Económico y AFGIM habrían tenido que inscribirse como grupos de interés, ofreciendo una información detallada acerca de su ámbito de actuación, sus clientes y su situación financiera. O sea, se habría hecho pública la conexión entre el despacho y las gasistas.

Los pagos efectuados habrían tenido que declararse como gastos imputables a la actividad de influencia, haciendo visible, así, el flujo de dinero.

Cada una de las dos reformas fiscales habría exigido un informe público que detallara quién propuso qué, quién recibió a las empresas y en qué fechas. De manera que esa coincidencia literal de la que hablábamos más arriba, entre la propuesta de AFGIM y el texto del BOE, habría quedado documentada y publicada. Los funcionarios de Hacienda no habrían podido reunirse con representantes de Equipo Económico sin verificar previamente su inscripción. Y, en todo caso, esas reuniones hubieran sido ilícitas dado que el objetivo era el de prestar “servicios en condiciones ventajosas” y el conflicto de intereses hubiera sido evidente.

En fin, es cierto que la ley no habría impedido automáticamente la corrupción, pero habría obligado a dejar un rastro documental que dificultara que un despacho fundado por un ministro acabara redactando los Presupuestos Generales del Estado sin que nadie pudiera saberlo durante siete años. Y, desde luego, hubiera facilitado una investigación en la que han faltado datos e información. No es poco.

La corrupción estructural se ejerce siempre desde el poder, así que inhabilita al Estado para luchar contra el poder; le resta credibilidad, autoridad y legitimidad. Cuando los lobistas son ministros y los ministros, lobistas, el que legisla es el que paga y no el que vota. Y eso es una bomba en la línea de flotación de un sistema democrático.