Una catarsis de cuatro kilómetros

Cuatro kilómetros separan el Tribunal Constitucional del Congreso de los Diputados en Madrid. La grave crisis institucional escenificada esta semana tenía un vértice en la calle Domenico Scarlatti, intersección en lo alto de la cuesta de Isaac Peral, desde donde se divisan los bellos atardeceres de la Ciudad Universitaria; el otro, en la más reconocida Carrera de San Jerónimo, entre la Puerta del Sol y la fuente de Neptuno. Un paseo de 50 minutos, nada más.

Las crónicas más brillantes ya han descrito lo sucedido en el Parlamento y los análisis más certeros han descubierto la profundidad e importancia de los hechos. Un choque institucional al más alto nivel. Y es que la secuencia muestra la gravedad del tema a cara descubierta, sin tapujos: una derecha, incapaz de ganar las elecciones y de sumar mayoría política en el Estado, se ha atrincherado en el Poder Judicial, donde mantiene la hegemonía por su bloqueo a la renovación a la que obliga la Constitución. Desde ese poder del Estado, pretende teledirigir la actividad del Poder Legislativo (donde predomina una mayoría progresista y plurinacional) con el fin último de acabar con el legítimo Gobierno de Pedro Sánchez, el Poder Ejecutivo.

El sabio Aristóteles definía allá por el siglo IV a. C. la catarsis como la purificación del espíritu a la que se veía sometido el espectador de una tragedia, al observar sobre el escenario, que no padecer en primera persona, las bajas pasiones del ser humano y sus consecuencias. De esta manera, cuando el público sale del buen teatro (o del cine, o de su sofá tras leer una buena novela...), sale renovado, ya nada volverá a ser como antes. Así se entiende lo que es un momento catárquico.

El choque institucional frontal al que el PP ha llevado a dos de los poderes del Estado esta semana, cuyo segundo episodio se desarrollará el próximo lunes en la calle Doménico Scarlatti, se acerca, de alguna manera, a un momento catárquico para la historia reciente de nuestra democracia. Esto es, tras esto, nada volverá a ser como antes, por lo que tendrá consecuencias políticas.

Estas pueden ser variadas, dependiendo de lo que decida el Constitucional el lunes 19 de enero, pues podría paralizar la reforma de la ley para escoger a los magistrados del máximo tribunal de garantías que se votará, de nuevo, el próximo jueves, en esta ocasión en el Senado. Mucho más cerca que el Congreso. Tan solo separan 2,5 kilómetros a ambas sedes, un paseíto de media hora.

Si el Constitucional violenta la voluntad del Congreso expresada por una amplísima mayoría el jueves, la fricción institucional subirá de temperatura y la inestabilidad se adueñará del escenario político. El Congreso tendrá que reaccionar y todas las miradas se posarán sobre su presidenta, Meritxell Batet, quien hasta ahora se ha caracterizado por un ejercicio de su mandato frágil, ante una de las legislaturas más hostiles al diálogo parlamentario que se recuerdan, debido a la presencia de la ultraderecha como tercera fuerza política en el hemiciclo y a la imitación que de las formas de Vox hace el propio PP.

Si el terremoto institucional ascendiera de nivel en la Escala Richter, no se podría descartar un adelanto electoral, pese a que la mayoría real política y parlamentaria, la que une a los partidos progresistas desde el eje plurinacional, se muestra cada vez más cohesionada y unida.

Por el contrario, si el recurso del PP no consigue su objetivo el próximo lunes, la consecuencia política habría que buscarla en el propio partido conservador. Si una apuesta de tal calibre, que ha llegado a cuestionar los cimientos del funcionamiento del sistema democrático español y a elementos angulares como la propia soberanía del Congreso, fracasa, el líder del PP debería dimitir. Si la astracanada del PP en el Constitucional no consigue su objetivo, Feijóo debería tener las horas contadas. Una buena catarsis, de cuatro kilómetros de longitud.