Ceuta: más empatía, menos odio

Los hechos acaecidos en Ceuta este último mes y medio expresan distintos conflictos, intereses y actitudes humanas y políticas. Se entrecruzan una oleada migratoria y una crisis humanitaria con un fuerte conflicto político por su valoración y su gestión, que se acumula a la aceleración de la polarización institucional y mediática entre las derechas (extremas) y las izquierdas o fuerzas progresistas (divididas), en plena precampaña electoral, en un marco geopolítico de dominio trumpista y ascenso ultra y racista en Europa.

En esta compleja y contradictoria dinámica, por un lado, se trata de comprender a la gente, desde la empatía, o sea, desde la escucha, el respeto y la solidaridad, siendo conscientes de que pueden existir controversias y diferentes intereses inmediatos. Por otro lado, hay que frenar las dinámicas de odio, de prepotencia y racismo, con una actitud integradora y de convivencia intercultural, hasta ahora bastante razonable en la población ceutí, entre las personas de cultura cristiana (55%) y musulmana (45%) que, por cierto, mantienen un alto sentido de pertenencia española.

En otra parte (Ceuta y el racismo de las derechas europeas), he analizado las causas profundas de este fuerte flujo migratorio poniendo el énfasis en la gran brecha socioeconómica y de nivel de vida entre Marruecos y España (o entre África y Europa), así como en las expectativas de esas poblaciones de Sur Global para salir de la pobreza y la inseguridad y alcanzar un proyecto de vida digno vía migración. Después vienen las condiciones y oportunidades coyunturales que explican el momento y la dimensión de la entrada migrante.

Son de dos tipos. Uno, la creencia, impulsada y manipulada en redes sociales, de la facilidad para la entrada y la inserción en Ceuta; se trata de la tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo, publicada unos días antes, sobre la imposibilidad legal de la ‘devolución en caliente’ sin traspasar una frontera física, es decir, por el agua. Cuando la mayoría comprobó que no existía la garantía para asentarse en España (y Europa), sino que se mantenía el procedimiento habitual de devolución, de forma individualizada, volvió a Marruecos.

Siguen vigentes la exigencia legal de justificar el derecho de asilo o la condición de menor vulnerable, junto con la protección del derecho internacional. No obstante, se quedó un grupo significativo, entre siete y diez mil personas, muchas subsaharianas y una cuarta parte menores, en espera de su filiación y la comprobación de ese derecho.

El segundo tipo de oportunidades es, básicamente, la permisividad o colaboración de las autoridades marroquís, con el incumplimiento de su compromiso (financiado por la UE) de control de las fronteras. Parece evidente en la población (el 89% según la reciente encuesta de 40dB) la atribución al Gobierno de Marruecos de la responsabilidad por esa entrada masiva, certeza que rehúye reconocer el Ejecutivo.

El citado estudio nos proporciona otros datos sobre la opinión ciudadana. Se puede destacar la valoración crítica sobre la actuación en esta crisis de Pedro Sánchez (63%), el Gobierno (60%) y el Partido Popular (50%). También hay que señalar otros dos aspectos controvertidos entre sí.

Uno es sobre la posición de la ciudadanía ante la inmigración: para el 54% es ‘más bien negativa’ y para el 33% ‘más bien positiva’, aunque la pregunta se realiza ante la masiva entrada irregular en Ceuta. Mientras tanto, en otra pregunta sobre ‘ampliar las posibilidades de entrada legal en España mediante visados y cupos de trabajo’, la opinión favorable es del 59%.

Otro contraste es sobre la actitud hacia la acogida. El 40% está de acuerdo con ‘ampliar los recursos de acogida y de tramitación de solicitudes de asilo’. Esa actitud positiva se ha notado en Ceuta, en particular, en los barrios periféricos, más pobres y de tradición musulmana, contrarrestando la inicial inacción institucional y dando ejemplo de apoyo y solidaridad con esa población vulnerable. Pero si la opción se plantea de forma binaria resulta que el 70% piensa que la prioridad es ‘endurecer el control fronterizo’ y solo el 20% ‘anteponer la acogida’.

La cuestión responde a dos situaciones diferentes. Una, reforzar el control fronterizo para evitar casos similares; en este caso valdría el cumplimiento por los gobernantes marroquís de su compromiso con la UE y España, sin entrar en mayores medidas securitarias. Otra, ampliar los medios de la acogida de las personas que ya están dentro; así se enlazaría con el 40% que defiende la mejora de la acogida.

Por tanto, habría que reinterpretar el apoyo popular a las dos opciones básicas y contrapuestas hacia la inmigración. Una restrictiva, fomentada por las derechas, que pone el acento en el refuerzo de las fronteras y la deportación de la inmigración irregular. Otra flexible, aceptada por las izquierdas, partidaria de la ampliación de la inmigración legal y los recursos de acogida (o la regularización).

¿Cuál ha sido el principal error del ala socialista del Gobierno y su presidente Pedro Sánchez? A mi modo de ver, haber practicado una estrategia de ‘no acogida’, eficaz y desde el comienzo, de ese grupo de personas que, tras el retorno de la mayoría con sus expectativas frustradas, deciden quedarse.

Existe un error de análisis sobre la probabilidad del retorno total a la vista de la inasistencia institucional, que favorecía esa inacción. Hay un cálculo político defensivo del Ejecutivo frente a la gran oleada crítica de las derechas. Pero esa paralización en la acogida, con sus consecuencias de abandono institucional hacia las propias personas inmigrantes y la población ceutí, es el principal lastre de la gestión gubernamental. Un plan inmediato y operativo le enfrentaba a las derechas, pero también paliaba la crisis humanitaria y desactivaba sus hipócritas acusaciones.

Se han realizado algunas medidas mínimas, en particular por organizaciones voluntarias como la Cruz Roja y otras ONGs y personal civil, especialmente en el reparto de comidas y algo de asistencia sanitaria y cobijo. Pero la lógica de la respuesta gubernamental en las primeras semanas ha sido la de ‘confinamiento’, con la prioridad del control de seguridad de la población inmigrante, con la expectativa de su retorno inmediato.

Solo con el agravamiento de la situación humanitaria de esa población vulnerable, la tensión con la población ceutí, que reclama su normalidad pública, y el acoso derechista y ultra es cuando se van arbitrando, mediante la gestión directa y la formación del mando único, las mínimas y tardías medidas de acogida. Se trata de la reubicación en carpas, con el regateo institucional correspondiente; se justifica públicamente por ser un medio necesario para su filiación y deportación en su caso, al mismo tiempo que para desactivar la tensión: sacarlos de las calles y playas.

Por tanto, la trayectoria gubernamental ha seguido la lógica del ‘confinamiento’ transitorio hasta la deportación, no la política de ‘acogida’ efectiva para garantizar el mínimo bienestar y dignidad de la gente inmigrante, en especial del casi tercio de menores.

Mientras tanto, la dirección del PP, Vox y la Ciudad de Ceuta, siguen poniendo palos en la rueda de esas condiciones mínimas, e impiden incluso el traslado a la península de las personas menores, especialmente chicas, técnicamente factible y favorable para destensar la dinámica conflictiva. Ni pensar en el traslado de las personas adultas a otras Comunidades Autónomas, aunque sea provisional mientras se gestiona su estatus futuro, como sí se ha hecho en otras ocasiones, como con los refugiados de Ucrania.

En la mayoría de los países europeos, y la Comisión Europea, gobernados por las derechas, predomina la estrategia restrictiva, racista y autoritaria, y pretenden que caiga el último gobierno progresista.

En definitiva, como dice Sami Naïr, hay que hacer frente a las causas globales de la migración del Sur Global al Norte, asumiendo la responsabilidad de las élites europeas por su trayectoria colonial y neocolonial (junto con sus aliados de las capas gobernantes de muchos países, como Marruecos), causantes de la desigualdad mundial, la pobreza y la subordinación de la mayoría de sus poblaciones.

Por tanto, hay que desechar la contraproducente estrategia de la Europa fortaleza, propugnada por las derechas (y alguna izquierda), con la delegación del control restrictivo por terceros países, la mayoría autoritarios e irrespetuosos con los derechos humanos.

Se trata de una alternativa de codesarrollo socioeconómico, democratización política, libertad de movilidad regulada, con políticas de integración social frente a la segregación, de convivencia intercultural contra el racismo y el miedo, de derechos iguales frente a la segmentación por estatus étnico, de empatía y acogida en vez de confinamiento y deportación.