Ceuta como laboratorio

La situación que desde hace ya un mes vive la ciudad autónoma de Ceuta es insostenible, más allá de los análisis que queramos hacer sobre las causas, los actores en juego, los beneficiarios, sus víctimas y los errores de gestión. Esta ciudad, que pocas veces es noticia en los medios, acapara hoy gran parte del foco mediático que va mucho más allá de España, centrando las miradas y los juegos de la política internacional. No se trata solo de resolver una crisis puntual, sino de poner en cuestión un orden, unos valores y una arquitectura internacional y una diplomacia que empieza hoy también a hacer aguas por esta frontera sur de Europa.

Hay muchas miradas sobre este asunto que se estrellan ante el espejo que Ceuta ha puesto ante todos nosotros y ante el mundo. El reto en el que se ha convertido la salida a esta crisis, no solo para España sino para toda Europa, vuelve a poner en entredicho las políticas de fronteras y su encaje en la retórica de los derechos humanos. Y también, como se ha visto, la capacidad de un Estado europeo para enfrentarse a cualquier acontecimiento de esta magnitud, con fuerzas externas e internas deseando que la crisis vaya a más. Hay demasiadas cosas en la trastienda que esta situación está sacando a relucir y que, a pesar de haber estado siempre ahí, la ‘normalidad’ con la que se habían instalado empieza a resquebrajarse. 

Los equilibrios dialécticos del Gobierno para exonerar a Marruecos de su responsabilidad pueden servir para la diplomacia, pero no convencen, dadas las consecutivas evidencias que se están destapando. Que con Marruecos hay que llevarse bien -a pesar de todo- es algo que defienden todos los partidos que aspiran a gobernar, más allá de sus soflamas patrioteras de estos días, pues saben que esta dictadura tiene la llave para abrir una nueva crisis cada vez que quiera. Y que, además, es uno de los principales aliados de Estados Unidos e Israel en la zona. Lo mismo sucede con otros regímenes a los que se les paga para que controlen a las personas migrantes antes de que traten de cruzar el Mediterráneo. Lejos de nuestras fronteras y de nuestras miradas hay algo todavía peor que lo que vive Ceuta estos días, solo que para eso pagamos, para no verlo.

Sin embargo, el Gobierno ha optado por señalar a Rusia y a Israel como artífices de la desinformación que de manera evidente se ha colado desde el primer momento en la contienda. No es que estos países no tengan interés en poner en aprietos a España y a la UE en su conjunto, y aprovechar además el fenómeno migratorio para azuzar el racismo y la islamofobia que enarbolan las extremas derechas, hoy sus mejores aliados. El problema es que no han aportado pruebas para justificar este señalamiento, al mismo tiempo que exoneran a Marruecos una vez más y pasan de puntillas por los medios e influencers patrios que lo hacen sin esconderse.

El objetivo de la desinformación no es tan solo confundir y generar miedo y odio que derive en estallidos sociales racistas y contra el Gobierno, es enquistar una situación que van a intentar mantener hasta las próximas elecciones. Por eso, tanto PP como Vox y sus satélites contribuyen a que nada se solucione bloqueando la acogida de niños no acompañados y poniendo en duda cualquier medida que adopte el Ejecutivo para resolver -tarde- esta crisis. Si a esto le acompaña una feroz campaña de deshumanización del migrante, de criminalización de las ONGs y de acoso a los medios de comunicación, el campo está sembrado para que toda esa incertidumbre y esa rabia se torne reaccionaria.

La crisis de Ceuta va más allá de la presencia de miles de seres humanos sin recursos en las calles y de la alteración de la normalidad que perciben sus ciudadanos. La verdadera crisis es que las personas migrantes se hayan convertido en un arma política, en una pieza más de la geopolítica, y cuyos derechos e incluso su humanidad se ponen en duda. También su agencia como sujetos con sus propias historias y sus propios motivos para cruzar fronteras, como si fuesen meras piezas teledirigidas sin capacidad ni razón para decidir sobre ellos mismos.

Esto es algo que no es nuevo ni exclusivo de la frontera sur de Europa, pero que hoy sacude la última etapa de este ciclo político en España. A pesar de que el Gobierno ha incluido entre sus prioridades en la resolución del asunto la ley y los derechos humanos, algo que tampoco se está llevando a cabo con la diligencia esperada, el marco que hoy se impone gracias a la oposición y a la comparsa mediática y agitadora habitual es el securitario. Y ante una crisis de seguridad y un fervor patriótico exacerbado, las medidas que se sugieren desde la derecha no pueden estar encorsetadas por leyes ni derechos. Ceuta se ha convertido en un laboratorio donde se están testando múltiples recetas y nuevos rumbos de la política y los consensos. La ultraderecha lo sabe y ha puesto toda la carne en el asador, mientras la defensa humanitaria, internacionalista y de clase, se arrincona a los márgenes del debate.

En toda esta contienda política, además de los ceutíes y los migrantes como rehenes, subyace también un nuevo frente: el de la batalla cultural por el sentido común, que hoy nos pregunta hasta dónde creemos que deben llegar los derechos humanos. La lectura de esta crisis bajo un marco únicamente securitario y también identitario -la retórica de la invasión, la deshumanización y criminalización de los migrantes- ha provocado una reacción racista y cruel contra los más vulnerables de esta historia, los que habitan las playas bajo telas y cartones, que vieron como sus pocas pertenencias eran lanzadas al fuego y al mar ante la pasividad de la policía allí presente, o cómo algunos miserables bloqueaban la ayuda humanitaria que esperaban recibir de la mano de la Cruz Roja.

Esta campaña contra las ONGs no es nueva, sino que forma parte de la ofensiva global contra los consensos humanitarios, como ya vimos en Gaza con la UNRWA y como hemos visto ya en España contra Cruz Roja y otras entidades por su ayuda a las personas migrantes. El objetivo es desterrar la empatía y la solidaridad de nuestro sentido común. A los ataques a la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València, manchada con sangre de animal esta pasada semana y a los ataques violentos contra voluntarios en Ceuta se suma la campaña contra la organización No Name Kitchen. Varios pseudomedios e influencers ultras la acusan sin aportar ninguna prueba de repartir cócteles molotov y gases pimienta a los migrantes. Otras entidades sobre el terreno denuncian que también reciben constantes ataques y acoso por parte de ciudadanos anónimos que les recriminan estar prestando ayuda a los más desfavorecidos.

También hay gestos solidarios cotidianos de los ceutíes hacia las personas migrantes que no ocupan tanto tiempo en los medios y que están ausentes en el relato oficial. Personas que han abierto sus casas, que han ofrecido comida, techo y ayuda a quien la ha pedido, y que se niegan a hablar de invasión y a menospreciar a estas personas. Hay muchas historias de solidaridad que exponen también la incapacidad o la falta de voluntad de las instituciones por resolver lo que debería ser más urgente, que es darle dignidad y derechos a quien otros se empeñan en negar.

Hay demasiadas cosas que quedarán una vez se marchen o se diluyan en la normalidad las personas migrantes que hoy sobreviven en Ceuta. Todo lo que se ha vivido este último mes nos deja pistas sobre el rumbo que la sociedad va tomando a lomos de una política cada vez más bruta y reaccionaria. Heridas que quedarán abiertas, no solo en una ciudad donde la diversidad es parte de su identidad, sino en todo el país y más allá, que ve en Ceuta un aviso de lo que podemos estar incubando.