En los últimos meses, el gobierno ha impulsado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, fortaleciendo la idea de que el salario no puede considerarse solo un mero precio de mercado, sino el sustento del trabajador y su familia. Sin embargo, si bien es un principio ampliamente aceptado que garantizar un salario mínimo es una cuestión de dignidad y justicia social, también debería serlo que la fijación de un Salario Máximo Interprofesional responde a la misma lógica.

En España, la legislación establece límites salariales para funcionarios, directivos de empresas públicas y privadas con financiación estatal, pero no para el sector privado. Empresarios del sector de la moda, la alimentación, la banca, la construcción, la energía, el entretenimiento o las inversiones inmobiliarias, perciben millones de euros en salarios y dividendos cada año, atentando contra el principio constitucional de justicia redistributiva, agravando las desigualdades y concentrando la riqueza en manos de unos pocos a costa del esfuerzo colectivo.

En este sentido, en varias ocasiones, diferentes actores, incluida la Vicepresidenta segunda, han propuesto la necesidad de regular la fijación de un Salario Máximo Interprofesional, una propuesta que considero esencial para avanzar hacia una mayor equidad. Frente a estas propuestas, se han argumentado distintos mantras sin sustento, fácilmente desmontables desde la propia lógica económica liberal. Detengámonos en cinco de ellos.

1. El argumento de que vulnera la libertad de empresa: La idea de que establecer un salario máximo vulnera la libertad de empresa es falsa. No intervenir no significa que no haya restricciones, sino que simplemente cambia quién las impone. En lugar del Estado, son ahora los actores privados con mayor poder económico quienes limitan la libertad empresarial: la concentración de riqueza en unas pocas manos poseedoras de grandes empresas dificulta la competencia de las más pequeñas. Por lo tanto, la ausencia de regulación no garantiza más libertad de empresa, sino que deja su control en manos del mercado, que termina restringiéndola.

2. El argumento de que el problema no son los sueldos altos sino los bajos. El argumento correcto, más bien, es el contrario: el problema no son los salarios bajos sino los altos. Los salarios bajos y altos están estrechamente conectados. Limitar el salario máximo evitaría que la mejora de los sueldos más bajos dependa de variables externas y coyunturales. Actualmente, los salarios bajos solo suben cuando la economía crece, ya que en épocas de bonanza las élites pueden ceder más sueldo sin que la distribución de los beneficios entre el capital y el trabajo cambie ni afecte a sus ganancias absolutas. Sin embargo, cuando el crecimiento se estanca, las mejoras salariales se detienen o incluso se revierten. Un salario máximo rompería esta dependencia, estableciendo un mecanismo redistributivo directo y permanente dentro de las empresas. En lugar de esperar una mejora salarial fruto del “efecto derrame” en momentos favorables, los beneficios se repartirían de forma estructural y constante, garantizando mejoras salariales sin depender de la coyuntura económica.

3. El argumento de que reduciría la inversión y el crecimiento económico. Esta idea se basa en la teoría de economistas libremercadistas, como Jean-Baptiste Say, quien, en el siglo XIX, sostenía que es la inversión (la oferta) la que genera automáticamente la demanda y el crecimiento económico. Según esta visión, las inversiones en bienes y servicios crean por sí mismas el ingreso necesario para que esos bienes y servicios sean adquiridos. Desde esta lógica, limitar los salarios por arriba desincentivaría la inversión, reduciendo la oferta y provocando una falta de demanda que llevaría a una crisis. Por ello, según esta teoría, no sería necesaria la intervención estatal, ya que los mercados se autorregularían. Sin embargo, las crisis del siglo XX, causadas precisamente por una insuficiencia de demanda, demostraron lo contrario: es la demanda la que impulsa la inversión y la oferta, no al revés. Si la demanda crece, la inversión y la producción también lo hacen. En este sentido, un salario máximo, al generar un efecto redistributivo directo y permanente dentro de las empresas, permitiría aumentar los salarios de la mayoría de los trabajadores, lo que fortalecería la demanda y, en consecuencia, impulsaría tanto la inversión como el crecimiento económico.

4. El argumento de que desincentiva la atracción de talento. A pesar de que este argumento afirma que poner techos que afecten a la capacidad de ganar dinero sería un elemento disuasorio para que los “mejores” o “más cualificados” pudieran liderar sectores económicos clave y desarrollar el país. En realidad, el efecto es justo el contrario. La existencia de posiciones de poder con salarios estratosféricos hace que quienes las ostentan cierren la puerta de oportunidades a todos los demás. De hecho, la ausencia de límites al beneficio en una esfera determinada pone en peligro la igualdad de oportunidades en ella, dado que la riqueza ilimitada puede comprar cargos y poder, así como controlar el mercado, para impedir que nuevos talentos puedan abrirse paso. La igualdad de oportunidades real no puede funcionar a menos que se limite el dinero y poder de determinados cargos, evitando que ello instaure posiciones de privilegio que excluyen a los demás.

5. El argumento de que es una medida comunista. La limitación del salario máximo dentro de empresas privadas ha sido una política interna aplicada a lo largo de los años por diversas compañías en países tan poco sospechosos de ser comunistas como Estados Unidos. Desde su fundación en la década de 1970, la conocida marca de helados estadounidense Ben & Jerry’s implementó una regla de 5 a 1 entre el sueldo de su director ejecutivo y el trabajador peor pagado, lo que limitaba el salario del primero a 81.000 dólares. Esta política requería que el CEO aumentara los salarios de los empleados para generar un incremento salarial para él mismo. Durante la década de 1990, tras la jubilación de Ben Cohen, la regla de 5 a 1 se convirtió en 7 a 1, elevando el salario del director ejecutivo a 150.000 dólares. Tras la compra de la empresa por parte de Unilever, en agosto de 2000, tal compromiso se modificó. Esta regla de brecha salarial proporcional es también usual en empresas del sector cooperativo. Entre las más conocidas en el estado español que la aplican se encuentra el grupo Mondragón.

En conclusión, establecer un Salario Máximo Interprofesional es una medida clave para lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Los salarios desorbitados en el sector privado contribuyen a la concentración de poder y dificultan el acceso a oportunidades para la mayoría. Desmontar los mitos en torno a esta propuesta es esencial para avanzar hacia un modelo económico más justo, en el que todos los trabajadores se beneficien del crecimiento empresarial.