El comisario de Justicia Didier Reynders de turismo en España

Es un hecho estadísticamente irrefutable en la historia democrática de nuestro país que cuando el PP pierde el poder se producen retrasos en la renovación de las instituciones constitucionales. En el Consejo General del Poder Judicial no es una novedad, pero las circunstancias actuales desbordan todas las previsiones que normalmente pudieran imaginarse. En el mes de diciembre del año 2018 se puso en marcha el proceso de renovación del Consejo tal como se contempla en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. En su momento se cumplieron las previsiones legales y el presidente del Tribunal Supremo, en el año 2018, remitió las candidaturas definitivamente admitidas (51 candidatos) a los presidentes del Congreso y del Senado a fin de que ambas Cámaras procediesen a la designación de los vocales del turno judicial por la mayoría de tres quintos prevista en la Ley Orgánica.

Por tanto, en términos coloquiales la pelota está en el tejado de las dos Cámaras que tendrán que atenerse al cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivos reglamentos. En mi opinión las normas son claras y por fijarnos solamente en el Reglamento del Congreso podemos encontrar una disposición en la que se establece que las propuestas de designación de los cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial se acordarán por el Pleno de la Cámara y que cada grupo parlamentario podrá proponer hasta un máximo de cuatro candidatos. No encuentro ningún impedimento sino por el contrario, un abandono de las funciones parlamentarias. Una vez recibidos los candidatos judiciales, la presidenta debió convocar un Pleno por su propia iniciativa o a solicitud al menos de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Si en la primera votación no se cubrieran los cuatro puestos con los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, se realizarán sucesivas votaciones, en las que se podrá reducir progresivamente el número de candidatos a partir de un número no superior al doble del de puestos a cubrir. En estas votaciones sucesivas se podrá incluir en las papeletas un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir. La presidencia podrá, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir, por un plazo prudencial, el curso de las votaciones.

El incumplimiento de las obligaciones parlamentarias me parece grave, pero en nada afecta a los principios y garantías del Estado de derecho que establecen las normas de la Unión Europea y de la Constitución española. Las juezas y jueces siguen siendo independientes e inamovibles, están sometidas al imperio de la ley y a los principios rectores del Estado de derecho y tienen la obligación de motivar sus resoluciones por lo que no veo la necesidad de que las instancias europeas tengan que intervenir en lo que es un grave escándalo institucional interno, sin ninguna otra trascendencia o repercusión en las normas fundamentales que rigen la Unión Europea.

Hasta el momento presente los vocales siguen asentados en los sillones del edificio de la calle Marqués de la Ensenada y a pesar de los augurios optimistas del presente me parece que continuarán, al menos durante el tiempo que queda para las elecciones autonómica y municipales. El presidente Carlos Lesmes llevaba amagando con dimitir con cara compungida hasta que, con cuatro años de retraso ha decidido tomar una decisión que hubiera acelerado la renovación del Consejo. En el entreacto, ocho vocales han culminado una de las más graves agresiones a la legalidad que puede soportar un sistema democrático. Se han negado simple y llanamente a cumplir con una ley aprobada en el Parlamento.

Aprovechando el río revuelto uno de los políticos del Partido Popular más inteligentes y maniobreros, Esteban González Pons, utilizó su condición de europarlamentario y su amistad con el comisario de Justicia Didier Reynders, para invitarle a darse una vuelta por nuestro país. El comisario europeo podría haberse pronunciado sobre la insólita actitud de los ocho vocales, aunque fuese a título de comentario personal, pero yo no he escuchado ningún reproche o por lo menos no he tenido la oportunidad de conocerlo.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene competencia para conocer de los delitos cometidos por los vocales del Consejo del Poder Judicial. Su negativa a cumplir con la ley que les imponía elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, puede ser equiparada e incluso superada por la que llevó al Tribunal Supremo a condenar al presidente de la Generalitat Quim Torra por un delito de desobediencia.

Entre las funciones de las instituciones de Justicia de la Unión Europea figura la de garantizar el respeto del Estado de derecho, prevenir e identificar sus incumplimientos, proponiendo una respuesta efectiva, proporcionada y disuasoria como último recurso. El comisario europeo ha realizado una serie de entrevistas con diversos organismos, algunas asociaciones judiciales, e incluso con una fundación privada que no tiene carácter institucional. Se ha aprovechado su visita para revertir el colapso y la insólita prórroga del Consejo, a una corresponsabilidad del Gobierno, aunque como es sabido son los partidos políticos los que pueden configurar una mayoría de tres quintos para nombrar a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Incluso en una especie de delirio político, digno de una Aurora boreal, se ha llegado a insinuar que España no podría asumir la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 si para esas fechas no se ha conseguido conformar un nuevo Consejo.

El Comisario, en un alarde de escapismo y diplomacia, se ha limitado a decir después de cuatro años de parálisis, que: “Los cambios en España tienen que ser decididos por las formaciones políticas españolas. Lo que nosotros hacemos es intentar ayudar al diálogo, cuando este es necesario, entre las formaciones. Nuestra única ambición es que las recomendaciones sean implementadas. Es el único objetivo que vamos a reforzar durante esta visita a Madrid”.

Por su parte la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, respaldó en una carta a Lesmes y avisa de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate". Sin embargo, a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.

Hay que reconocer que el éxito político de Esteban González Pons es evidente. Su amigo el comisario de Justicia, se ha dado una vuelta por España para comprobar la evidencia de una anomalía funcional que solo afecta al órgano de Gobierno de los jueces. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que González Pons, ante las quejas formuladas a la ley del suelo de la Generalitat valenciana, reaccionó de forma airada ante una visita de la delegación de parlamentarios de la comisión de peticiones de la Unión Europea.

En el Informe se critica «la actitud arrogante» y «la falta de explicaciones» de las autoridades autonómicas valencianas con la delegación de europarlamentarios. ¿Lo recuerda Sr. González Pons?