Pablo García / Political Watch (@CIECODE)

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados pensada para superar la crisis del coronavirus llega a su recta final, con cuatro documentos redactados conjuntamente por los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sobre los cuales gravitarán las propuestas definitivas que votarán los grupos políticos.

Los cuatro documentos corresponden a los cuatro grupos de trabajo (Unión Europea, Políticas Sociales, Reactivación Económica y Sanidad), y los cuatro brillan por clamorosas ausencias con relación a uno de los colectivos de población más vulnerables: la población migrante.

¿Qué ha pasado entre PSOE y UP para que los borradores se descuelguen de la ratificación del Artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza protección específica a las trabajadoras domésticas? Aparte de que es un empleo esencialmente femenino (96% de 637.700 personas en España, según la Encuesta de Población Activa de julio de 2018), el 42% tiene nacionalidad extranjera y, según un reciente informe de PorCausa y la Universidad Carlos III, el 30% del sector ejerce en situación irregular. Es sin duda uno de los trabajos más maltratados en cuanto a derechos, remuneración y condiciones.

Curiosamente, los borradores de trabajo apelan a las Naciones Unidas (a la que pertenece la OIT), pero su mención se realiza siempre en abstracto. Es el caso de la propuesta de “impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio, atendiendo a las recientes recomendaciones de Naciones Unidas, que instan a los gobiernos a adoptar nuevos planes de acción para abordar la ola de racismo y xenofobia provocada por la Covid-19”.

¿Qué planes? Durante los dos últimos meses se han lanzado mensajes xenófobos del lado del partido Vox. La diputada Rocío de Meer, de la formación de ultraderecha, ha apelado insistentemente al “efecto llamada” del Ingreso Mínimo Vital blandiendo tuits insultantes y sin contrastar sobre supuestos mensajes en árabe animando a viajar a España a cobrar el ingreso, a pesar de que haya que constatar como mínimo un año de residencia legal para percibirlo.

Estos comentarios proto-racistas han encontrado respuesta en varios de los comparecientes: Paloma Favieres, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Laura Contreras de Oxfam o Carlos Susías de la Red Europea contra la Pobreza han desarbolado de manera templada pero decidida tales alusiones. Susías ha sido claro al respecto: si las ayudas en País Vasco abarcan a casi toda la población extranjera y en Andalucía apenas llegan, ¿por qué no todos los migrantes se van a vivir a Euskadi?

Otro punto: ¿qué proponen los borradores para paliar los efectos del coronavirus sobre este núcleo de población desfavorecido? Pues “estudiar medidas” por “los daños producidos” sobre “colectivos vulnerables, como la población migrante, las personas sin hogar, la población gitana, y otras minorías étnicas”. Repetimos: “Estudiar” y nada más concreto.

La inacción de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica con relación a los derechos de la población extranjera se resume solo. “Promover un nuevo modelo de atención a los niños y niñas no acompañados en todo el territorio nacional, partiendo de las propuestas del Observatorio de la Infancia”, sin citar el modelo; por no mencionar que algunos de los objetivos marcados son del ámbito exclusivamente europeo.

Es el caso de la política de asilo. Según la última referencia migratoria de los borradores, la comisión se plantea “impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y basada en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, con un sistema europeo de asilo común que asegure el establecimiento de canales legales y seguros, medidas de lucha contra las mafias y el tráfico de personas, la protección internacional efectiva de las personas refugiadas y una asunción solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros”.

Bellas palabras y poca trascendencia política para un tema que debería de suscitar una sensibilidad especial en todas las formaciones políticas. Y no, no es lo que se ha visto siempre: la firmeza del presidente de la mesa, Patxi López, con los diputados que han denunciado “la violencia policial racista” (coincidiendo con el asesinato de George Floyd en EEUU y las protestas por todo el mundo) no ha ido precisamente pareja con los propagadores de clichés y bulos contra el inmigrante.