Los aforamientos son un privilegio, no digamos si te llamas Juan Carlos de Borbón, que entonces, los tales suponen la impunidad incluso cuando abandonas la jefatura del Estado y se supone que también el artículo 56.3 de la Constitución Española. En este caso real o real caso, ya saben, no se trata de un privilegio sino de una estafa, pero hoy vamos a dedicarnos al común de los políticos que denuncian acoso judicial, lawfare y otras realidades de esta España nuestra, aquí denunciadas también con hechos y con razón, pero que, aún sufridores de manual (con sueldo público), se agarran al clavo de los privilegios en cuanto la ocasión les es propicia. Así es imposible mantener un gramo de credibilidad dentro del gremio de la cosa pública que, per se, ya está bastante desprestigiado. Y lo peor es que esta incoherencia, a los ejecutores del escaqueo -con o sin razones-, o les resulta creíble o nos toman por idiotas.

Los hechos son de sobra conocidos: hay una causa contra el hermano del presidente del Gobierno en Badajoz y, de rebote, contra el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, porque David Sánchez es un enchufado de manual, según el PP, las asociaciones ultras y la jueza del caso, y Gallardo propició ese enchufe, aunque el hermanísimo Pedro, que se supone que es el todopoderoso presidente en potencia que lo enchufa entonces, en el momento del acceso de David al puesto de trabajo, era un paria del PSOE al que todos daban por muerto, políticamente hablando y con mucha visceralidad, porque Podemos. Gallardo, de hecho, pertenecía al bando de los que ponían la bota sobre la cabeza del derrotado, hoy presidente del Gobierno. Sí, no se engañen, el partidismo es así: "Hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido", decía Giulio Andreotti en el culmen de sus facultades, muchas siempre, como psicoterapeuta y adicto, a la vez, del poder político. Vean Exterior noche, la serie.

La jueza de Badajoz que lleva la causa iniciada por la ultraderecha asociacional (esa acusación que está todo el tiempo en todas partes donde no gobiernan PP y/o Vox), sin encomendarse ni a dios ni al diablo ni a la Audiencia Provincial de Badajoz -donde esperan pacientemente los recursos del Sánchez enchufado-, ha decidido sentar en el banquillo a este David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a otros presuntos colaboradores del enchufe. ¿Y con qué ha respondido el líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz? Con un acta de diputado en la Asamblea autonómica que le otorga la condición de aforado, o sea, que él se sacude a la jueza del presunto lawfare que denuncia su partido y rinde cuentas ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE). En el juzgado de Badajoz se quedan el resto de los implicados, pringados sin privilegios, ni reales ni irreales siquiera.

Gallardo, no contento con su gesto ídem de huida de manual, ha anunciado que pedirá a la presidenta extremeña, María Guardiola (PP), la supresión de los aforamientos, incluido el suyo. ¿No es gracioso? Pues parece que no: el PSOE ha salido a defender a su líder autonómico porque lawfare y tal, algo muy posible teniendo en cuenta el dislate de los indicios probados (ninguno, pero Quien pueda hacer que haga) contra David Sánchez, Gallardo y resto de ánimas procesadas, pero no le han pedido que renuncie al aforamiento, qué va, si los otros lo hacen... ¿Y qué pensará la gente de esto; esa gente que, en general, no está al tanto de los detalles del caso? ¿Creerán, claro, que Gallardo se agarra a los privilegios del aforado -aun renegando ellos, como dice- porque No vaya a ser? ¿Que lo importante es librarse de la jueza que carece de razones firmes para juzgarle aunque su credibilidad como responsable público -y pagado como tal- quede en entredicho? ¿Y el PSOE? ¿Y la política? ¿Y las instituciones? ¿A quién le importan? Pero coherencia.