Consenso político oculto para favorecer la corrupción y que no se note

Que casi todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para eliminar una medida anticorrupción y que el hecho pase desapercibido es algo que no tendría por menos que preocuparnos. Sin el menor rubor, por la puerta de atrás, introducida a última hora esta medida en una disposición final y procurando que pasara desapercibida, el Congreso convalidó el pasado 18 de julio – perdón, de junio- el Real Decreto-Ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Lo hizo con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo uno.

Todos satisfechos. Por una vez, casi todo el arco parlamentario fue capaz de alcanzar un acuerdo. Un auténtico acontecimiento en una España acostumbrada a la confrontación permanente, a los insultos cruzados, a las descalificaciones sistemáticas y a los continuos escándalos de corrupción que, con mayor o menor intensidad, se suceden en casi todos los ámbitos políticos.

La noticia parecía positiva: nuevas medidas sobre financiación territorial aprobadas con un amplísimo consenso. Un pequeño milagro parlamentario.

Pero no es oro todo lo que reluce.

Y aquí entramos, una vez más, los aguafiestas de siempre: secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local. Esos funcionarios empeñados en fijarse en la letra pequeña de las normas cuando todos los demás celebran el acuerdo.

Porque, como ya viene siendo costumbre inveterada de nuestros próceres, aprovechando una norma cuya finalidad tiene que ver con medidas de control del gasto público lo mismo que la velocidad con el tocino, nuestros legisladores han introducido una nueva modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que elimina de un plumazo una importante medida anticorrupción. Y no precisamente irrelevante.

La reforma elimina la obligación de solicitar informe al Ministerio de Hacienda cuando un alcalde o alcaldesa acuerde el cese de un interventor o tesorero.

Puede parecer un simple trámite administrativo. No lo es.

Los interventores y tesoreros son, precisamente, quienes tienen la obligación legal de fiscalizar la actividad económico-financiera de las entidades locales y de advertir sobre gastos, contratos o actuaciones que puedan resultar contrarios a la legalidad. En no pocas ocasiones, su labor les sitúa en una posición incómoda frente al poder político municipal.

Hasta ahora, cuando un alcalde decidía cesar a uno de estos funcionarios, debía solicitarse un informe del Ministerio de Hacienda. Es cierto que dicho informe no impedía necesariamente el cese. Sin embargo, constituía una garantía adicional y un importante elemento de control institucional. No es lo mismo cesar a un funcionario porque sí que hacerlo existiendo un informe ministerial que cuestiona o desaconseja la decisión.

Además, la mera existencia de ese trámite actuaba en muchos casos como un factor de reflexión y prudencia. Más de una decisión de cese fue reconsiderada al tener que someterse al escrutinio de una administración ajena al conflicto. Y ahí están las numerosas sentencias anulando ceses de funcionarios de la administración local con habilitación nacional injustos e ilegales, la última la de la Secretaria General del Ayuntamiento de Palencia, aunque para Secretarios no existiese esa necesidad de informe.

Cuando se está hablando hasta la saciedad de acabar con la corrupción, cuando está cayendo la que está cayendo, no solo para unos, también para los otros y los otros, cuando se ha aprobado un plan estatal contra la corrupción, ahora hacen desaparecer esa garantía. Garantía para este país y para la ciudadanía, no ya para quienes estamos ejerciendo esas funciones, que también. Nos dejan literalmente a la libre voluntad del político o política de turno. El controlado disponía ya de la competencia para el cese del controlador, algo que no se entiende nada bien. Pues ahora, con más campo libre aún para la arbitrariedad.

Quizá para algunos sea un alivio. Menos expedientes, menos informes, menos trabajo. Al fin y al cabo, si el informe no era vinculante, ¿para qué mantenerlo? ¿Para qué colocar al Ministerio en la incómoda posición de pronunciarse sobre decisiones políticamente sensibles?

Mucho más sencillo: que los alcaldes cesen a quien consideren oportuno y asunto resuelto.

Y, por si fuera poco, la modificación se incorpora en una disposición final de un Real Decreto-Ley dedicado a la financiación territorial. Un lugar perfecto para que pase inadvertida entre decenas de páginas y cuestiones aparentemente mucho más relevantes.

Porque, seamos sinceros, ¿quién va a detener la aprobación de una norma de esta naturaleza por una cuestión que afecta a un colectivo relativamente reducido de funcionarios? ¿Quién va a discutir el conjunto del texto por una garantía que protege a quienes fiscalizan la legalidad económica de los ayuntamientos?

Total, ¿qué importancia tiene un informe más o un informe menos?

¿Qué importancia tiene reforzar o debilitar la protección de quienes tienen encomendada la tarea de controlar el gasto público?

¿Qué importancia tiene que puedan ser cesados con menos controles precisamente quienes están llamados a señalar irregularidades, reparos o incumplimientos?

Al fin y al cabo, tampoco va a desaparecer la corrupción por mantener un informe preceptivo.

 - ¿Y la negociación con el colectivo afectado? ¿Escuchar su opinión? ¿Abrir algún cauce de diálogo?

- ¿Para qué?

- No sé. Por aquello de la participación, del consenso, de que somos un país democrático... De que no puede ser que hayamos tenido una reunión con ellos unos días antes de aprobarse el Real Decreto-Ley y no haberles dicho nada….

- Ya, pero si estamos acostumbrados a legislar sobre ellos sin contar con ellos, ¿qué diferencia iba a haber esta vez? Es que la gente se queja por todo.

Ni siquiera en la exposición de motivos se recogen las razones por las cuales se elimina esta medida anticorrupción, así como, al parecer, la exigencia de que tras el cese, el puesto asignado al cesado o cesada esté relacionado con las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Señores ministros López y España, señores diputados: no cuela.