El PP no consigue sacudirse el problema estructural que tiene con la corrupción política. La mudanza -más que liderazgo- de Alberto Núñez Feijóo a Génova no ha cambiado sustancialmente la estrategia del malogrado Pablo Casado de pensar que no hablar del tema haría que desapareciera. El último escándalo de Marbella vuelve a poner a los populares en los focos con nuevas tramas que se suman a las que ya en el pasado le valieron el calificativo de banda criminal por parte de la judicatura.

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, ha resucitado en el PP los fantasmas de la corrupción institucionalizada en el partido. Si bien es cierto que en un principio parecía que únicamente salpicaría a su hijastro, procesado por narcotráfico, la mancha de las prácticas mafiosas ha terminado por emponzoñar al PP. Las adjudicaciones que ahora salen a la luz por valor de más de 600.000 euros al testaferro del hijastro desprenden un hedor a corrupción que recuerda a otras tramas por las que dirigentes populares dieron con sus huesos entre rejas y por las que aún existen causas abiertas.

De nuevo, el ladrillo como telón de fondo, ese que a la mínima de cambio los conservadores quieren revitalizar, quizás, porque es la vía más rápida para enriquecerse bajo cuerda. Si lamentable es este nuevo caso de corrupción, aún peor es el silencio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que tras conocerse la ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de los ERE afirmó que sería la última vez que Andalucía volviera a sonar por la corrupción.

Evidentemente, se equivocó, porque aunque él calle, los hechos están ahí y resuenan al norte de Despeñaperros. De hecho, ya antes de que afirmara tal cosa en un vano intento de sacudirse las actividades delictivas de los populares la corrupción era un hecho en Andalucía. El pasado de mes de julio era detenido el alcalde de Igualeja, Francisco Escalona (PP), como presunto autor de los delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Moreno Bonilla no quiere agitar el avispero a unos pocos meses de las elecciones municipales en Andalucía, pero su silencio empeora gravemente la situación. Los hechos, además, salpican a Génova directamente, no sólo por la dimensión del delito sino porque Elías Bendodo, coordinador general del PP Nacional, ha sido durante 14 años el presidente del PP en Málaga -cedió el testigo a finales de septiembre-, es decir, que fue durante su mandato cuando se produjo la presunta corrupción.

Para quienes conocen al personaje, no sorprende en absoluto, pues Bendodo siempre ha defendido que el fin justifica los medios y así lo ha transmitido al resto de dirigentes populares que tenía bajo su paraguas, promoviendo oscuros pactos de gobiernos municipales o manteniendo en el poder, incluso, a un concejal condenado por malos tratos a una ciudadana en Rincón de la Victoria.

Mientras Isabel Díaz Ayuso y el propio Feijóo en Latinoamérica se aferran a las peores prácticas trumpistas de dinamitar nuestra democracia, calificándola de dictadura y acusando al presidente de querer "matar a la oposición", en las filas del PP parece que no pierden el gusto de llenarse los bolsillos a costa del erario público. Taparlo con el silencio o, como hace la presidenta de Madrid, generando más ruido con acusaciones infundadas no resuelve el problema de una ciudadanía empobrecida que ve cómo el dinero de sus impuestos no recala en los servicios públicos, sino en las cuentas de los servidores públicos.

El PP no ha conseguido extraer de su ADN la corrupción; la opacidad y el negacionismo no hacen más que fijarlo aún más en su seno, en una clara invitación a las nuevas generaciones a mamar corruptelas desde sus más tiernos inicios, primeramente enchufando al personal en plantillas de refuerzo o servicios subcontratados y, posteriormente, disfrutando de jugosas mordidas.