Criminalización de la protesta, un nuevo europeísmo

Algo se está moviendo en las calles europeas. Y esta vez no son las banderas nacionales, los discursos contra la inmigración o las consignas identitarias las que protagonizan las movilizaciones. Son los estudiantes, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y quienes se resisten a aceptar que el deterioro de sus condiciones de vida sea inevitable. Francia, Bélgica y, ahora, España están mostrando distintas expresiones de un mismo malestar. Una generación que comienza a organizarse en defensa de sus derechos materiales y unos gobiernos que parecen tener más facilidad para movilizar a sus fuerzas policiales que para ofrecer respuestas políticas.

No estamos ante una suma de protestas inconexas. Lo que comienza a dibujarse es una contestación al debilitamiento del Estado social europeo, precisamente cuando las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales han decidido situar el incremento del gasto militar en el centro de sus prioridades. La contradicción resulta difícil de explicar a quienes llevan años escuchando que no hay recursos para contratar profesores, reducir las listas de espera sanitarias o garantizar el acceso a una vivienda, mientras se anuncian compromisos multimillonarios en defensa que parecen no conocer límites presupuestarios.

En Francia, las movilizaciones de los estudiantes de secundaria han puesto de manifiesto las fracturas de un modelo republicano que presume de igualdad mientras reproduce desigualdades territoriales y sociales. Las demandas de más profesorado, mejores instalaciones y recursos educativos han terminado confluyendo con una crítica más amplia a las políticas presupuestarias y a las prioridades gubernamentales. El conflicto educativo ha dejado de ser exclusivamente educativo para convertirse en una expresión del rechazo a un modelo que exige sacrificios permanentes a los servicios públicos mientras presenta otras partidas como incuestionables.

La respuesta policial ha contribuido a agravar el conflicto. Las intervenciones de unidades antidisturbios, las detenciones y las denuncias de actuaciones desproporcionadas han desplazado parte del debate hacia la legitimidad del uso de la fuerza. Una dinámica especialmente preocupante cuando quienes se manifiestan son, en muchos casos, menores de edad. Asistimos a cómo la gestión policial de la protesta sustituye a la obligación política de escuchar y negociar.

En Bélgica, las movilizaciones estudiantiles han conectado con las protestas sindicales contra las políticas de ajuste y las reformas del Gobierno de Bart De Wever. La defensa de la educación pública se integra en una contestación más amplia al deterioro de las condiciones laborales, al encarecimiento de la vida y a los recortes sociales. El debilitamiento de los servicios públicos afecta especialmente a quienes todavía no han conseguido incorporarse plenamente al mercado laboral y dependen de los mecanismos colectivos de protección. Porque para muchos jóvenes, la erosión del Estado social no representa una amenaza futura sino que ya constituye una experiencia cotidiana.

En la misma dirección España muestra síntomas similares. Las movilizaciones por el derecho a la vivienda han conseguido situar en el centro del debate una cuestión que durante demasiado tiempo fue tratada como un problema individual de capacidad adquisitiva y no como el resultado de decisiones políticas concretas. La financiarización de la vivienda ha transformado un derecho básico en un activo de inversión. Una generación entera contempla cómo trabajar y disponer de ingresos ya no garantiza la posibilidad de emanciparse. A esas movilizaciones se suman ahora las protestas en defensa de la educación pública, particularmente visibles en Madrid, donde el deterioro de las condiciones de enseñanza y la expansión de modelos privatizadores forman parte de un conflicto que trasciende las aulas. Las movilizaciones sanitarias llevan años denunciando procesos similares. Falta de personal, precariedad laboral, saturación asistencial y transferencia de recursos hacia operadores privados. Vivienda, educación y sanidad aparecen así como tres dimensiones de una misma disputa sobre la distribución de la riqueza y el papel del Estado.

Sin embargo, la respuesta de determinados gobiernos vuelve a situarse en el terreno de la deslegitimación y la criminalización de las protestas. Se discute sobre altercados, cortes de tráfico, ocupaciones o intervenciones policiales, mientras quedan relegadas las preguntas incómodas. Por qué se deterioran los servicios públicos, quién se beneficia de su debilitamiento y qué prioridades presupuestarias están detrás de estas decisiones. Convertir un conflicto social en un problema de orden público permite evitar precisamente el debate político que lo ha provocado.

La cuestión adquiere especial relevancia en el actual contexto europeo. La carrera hacia el rearme está modificando las prioridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros. El incremento del gasto militar se presenta como una necesidad estratégica sobre la que apenas cabe discusión. Mientras tanto, las políticas sociales continúan sometidas a exigencias de disciplina fiscal y contención presupuestaria. Para los tanques parece haber urgencia; para las escuelas, los hospitales y la vivienda, siempre hay que esperar. No se trata de negar los desafíos de seguridad que afronta Europa, sino de cuestionar que la seguridad militar deba construirse a costa de la seguridad económica y social de su ciudadanía.

Durante los últimos años, la extrema derecha ha conseguido traducir buena parte del malestar social en términos de identidad, inmigración y orden público. Sin embargo, su éxito no reside únicamente en sus resultados electorales, sino en su capacidad para condicionar las agendas de los partidos tradicionales. Lo interesante en este punto es  que estas movilizaciones apuntan en otra dirección. La vivienda, la sanidad y la educación recuperan su centralidad como ejes de conflicto político, con una participación destacada de generaciones jóvenes a las que durante años se ha acusado de desinterés por la política.

Y eso debería preocupar, y de hecho preocupa, especialmente a unas derechas que han encontrado en la inmigración y la inseguridad sus instrumentos más eficaces para estructurar el debate público. Cuando la conversación se desplaza hacia los alquileres, las listas de espera o las condiciones de la educación pública, resulta mucho más difícil atribuir los problemas sociales a enemigos externos. La discusión vuelve a situarse en las decisiones políticas, la distribución de los recursos y los intereses económicos que se protegen.

El ciclo electoral europeo puede convertir estas movilizaciones en un factor político de primer orden. Pero para ello será necesario que las izquierdas abandonen su posición defensiva, dejen de disputar a las derechas sus marcos securitarios y vuelvan a colocar la redistribución y los derechos sociales en el centro del conflicto político.

Porque eso es precisamente lo que incomoda. Que una generación a la que se daba por desmovilizada haya decidido salir a las calles para discutir las prioridades de sus gobiernos. Que cuestione por qué hay dinero para el rearme, pero no para los servicios públicos. Que rechace resignarse a vivir peor que sus padres. Las derechas llevan años intentando convencer a la ciudadanía de que el principal problema de Europa son quienes llegan de fuera. Pero cada vez hay más jóvenes que saben que el problema está también en quienes gobiernan para unos pocos. Y quizá por eso, cuando salen a reclamar derechos, se encuentran enfrente a la policía.