Cuatro grados de separación entre tener casa y poder vivir en ella

Dos decretos de vivienda cayeron a los tres días de nacer. El Gobierno los aprobó un martes, después de que todo el país viera a Maricarmen, de 87 años, expulsada de su casa en una camilla. El Congreso los tumbó el viernes de esa misma semana. Ahora vuelven por la Diputación Permanente, donde, si salen, saldrán por un solo voto. Y elecciones en noviembre. Maricarmen murió el 7 de octubre en el hospital, sin haber vuelto a su casa. Así se decide hoy en España quién conserva su techo: a golpe de imagen, de urgencia y de aritmética parlamentaria. Y entre tanto ruido hubo un detalle que casi nadie miró: el termómetro. 

Desde que Maricarmen llegó a esa casa en 1956, la temperatura media de Madrid ha subido casi 4 grados. El día de su desahucio, el 23 de septiembre, ya en otoño, la ciudad rozaba los 34, con nueve grados más de lo normal para la fecha. El calor de este verano ha matado a más de 5.000 personas en España. Por eso, a la lucha por la vivienda en la acampada de Sol, se suman las de la sanidad, la educación y también la lucha por la justicia climática, porque no habrá vida digna en un planeta inhabitable.

Y lo que viene es peor. La evaluación oficial de riesgos climáticos de España (ERICC-2025) advierte de que la temperatura media podría subir entre 2 y 3 grados hacia 2050, y hasta 5 o 6 a final de siglo si las emisiones siguen disparadas. El Gobierno presentó esos datos hace casi un año en Ponferrada, en una convención por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Hoy no hay pacto. Y lo más grave: nuestra democracia, tal como funciona, no está en condiciones de actuar ni de proteger a toda la población para lo que viene. Ningún decreto, sobreviva o caiga, bastará para un país 4 grados más caliente. Por eso, la movilización por la vivienda digna que hoy llena las plazas debe ser solo el principio de un gran movimiento ciudadano que transforme cómo cuidamos la vida ante la emergencia.

Porque con 4 o 5 grados más, tener casa ya no bastará: tendrá que ser habitable. Más de la mitad de nuestras viviendas se construyeron sin ninguna exigencia de aislamiento térmico. Son pisos que acumulan el calor de día y no lo sueltan de noche, cuando más mata. Quien pueda, aislará o se irá. Quien alquila, no podrá hacer nada. El calor expulsará a millones de personas de sus propias casas. ¿Qué democracia necesitamos para proteger la vida a treinta o cincuenta años vista?

Para que las políticas públicas no dependan de los vaivenes de cada legislatura ni de los intereses privados, necesitamos una nueva forma de gobernanza en la que la ciencia y los actores sociales puedan informar realmente a la ciudadanía e intervenir en la toma de decisión, con asambleas ciudadanas permanentes en todos los niveles del Estado, como en un jurado popular. ¿Imposible? Es lo que el Consejo de Europa recomienda desde 2023: abrir urgentemente las decisiones a la participación ciudadana. Pero una recomendación es papel mojado si nadie la exige. En España tuvimos en 2022 una Asamblea Ciudadana para el Clima, y dejamos que sus propuestas acabaran en un cajón. El ecologismo ha pasado décadas pidiendo objetivos de emisiones y leyes más ambiciosas. Pero, como advirtieron los economistas Giacomo D'Alisa y Giorgos Kallis, si no pensamos cómo se transforma el Estado, nuestras propuestas hablan al vacío. La crisis climática no es solo un problema de carbono, es un problema de poder. En Corea del Sur la juventud llevó al Estado ante los tribunales por inacción climática y ganó, la calle se llenó y el Gobierno acabó creando la primera asamblea ciudadana permanente de ámbito nacional.

Por eso proponemos una hoja de ruta clara. El 29 de noviembre hay elecciones. Pedimos a todas las candidaturas que lleven en su programa una ley que cree en España una asamblea ciudadana permanente, a la que el Gobierno y el Congreso estén obligados a responder por escrito en tres meses. Su primera tarea: una convención sobre vivienda digna en plena emergencia climática, con 100 personas elegidas por sorteo. Y después, una reforma constitucional que haga vinculante la voz de este órgano participativo. Hace justo 15 años, en 2011, ante la crisis financiera, y en medio de desahucios y despidos masivos, se cambió la Constitución en semanas con la reforma del artículo 135 para garantizar el pago de la deuda «con prioridad absoluta», a petición de Europa. El consenso de todos los partidos fue para salvar el sistema: hagámoslo ahora con prioridad absoluta para garantizar la vida y refundar la democracia.

Decenas de miles de personas salieron a la calle y cientos se quedaron a dormir en Sol. Eso es la democracia funcionando sin permiso. Quien pida el voto el 29 de noviembre tiene que decir si le va a dar un sitio dentro de las instituciones, para que proteger una casa deje de depender de una acampada y de un voto de diferencia.