Cuando quien debe protegerte es quien te humilla

Hay una confianza silenciosa que depositamos cada vez que cruzamos el acceso de un festival. Aceptamos que nos registren la mochila, que nos cacheen, que nos indiquen por dónde podemos pasar e incluso que puedan expulsarnos del recinto si incumplimos las normas. Cedemos parte de nuestra libertad porque entendemos que esa autoridad existe para protegernos a todos. Ese es el pacto. Un pacto que, por desgracia, a veces se rompe.

No hablo de los miles de profesionales que, concierto tras concierto, realizan un trabajo impecable en condiciones enormemente difíciles. Hablo de esa minoría que parece olvidar que la autoridad no es un privilegio, sino una responsabilidad. Porque cuando un miembro del equipo de seguridad deja de intervenir para empezar a humillar, deja de proteger. Empieza a dominar.

Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo.

Vivimos una época en la que los festivales hablan constantemente de crear espacios seguros. Se multiplican los puntos violeta, los protocolos contra las agresiones sexuales, las campañas de sensibilización, los mensajes de inclusión y respeto o las iniciativas de reducción de daños. Todo ello es positivo y necesario.

Pero existe una contradicción de la que apenas hablamos.

¿Qué ocurre cuando quien hace que un espacio deje de ser seguro es precisamente la persona encargada de garantizar esa seguridad?

La violencia no siempre deja un ojo morado. También puede llegar en forma de un empujón innecesario, un insulto, una amenaza, una bofetada, una llave de inmovilización completamente desproporcionada o una expulsión convertida en escarnio público. Porque la humillación también es violencia. Y quizá sea la que más tarda en desaparecer.

Lo verdaderamente doloroso no es solo la agresión. Es descubrir que procede de alguien a quien has permitido ejercer autoridad sobre ti porque confiabas en que iba a protegerte. Esperamos violencia de quien busca hacer daño. Lo devastador es recibirla de alguien que lleva un chaleco identificativo, un walkie y una acreditación que simbolizan exactamente lo contrario.

En ese momento no solo se rompe la tranquilidad de una noche de música. Se rompe un contrato de confianza.

No hablamos de una posibilidad teórica. Existen casos que han terminado incluso en los tribunales. El más evidente es el de Extremúsika, donde la Audiencia Provincial de Cáceres confirmó la condena a tres vigilantes de seguridad por agredir a un asistente durante la edición de 2023. La sentencia dejó claro que, aunque existiera un altercado previo, nada justificaba el uso desproporcionado de la fuerza sobre una persona que ya no suponía una amenaza.

Junto a este caso judicial han aparecido durante los últimos años numerosos testimonios de asistentes en festivales nacionales e internacionales denunciando actuaciones intimidatorias o violentas por parte de miembros de seguridad. En la pasada edición de Primavera Sound, por ejemplo, varios asistentes relataron públicamente haber sufrido empujones, amenazas o un trato vejatorio durante intervenciones del personal de seguridad. Son denuncias que no cuentan con una resolución judicial, pero que reflejan una realidad que aflora con demasiada frecuencia y que merece ser escuchada.

Hace apenas unos días conocí otro testimonio que me removió profundamente. Un joven latino asegura que fue expulsado del Palencia Sonora tras ser sorprendido orinando en un árbol. Nadie discute que esa conducta pudiera acarrear una expulsión. Lo que, según relata, jamás debería formar parte del protocolo de seguridad es recibir una bofetada, escuchar cómo un vigilante le llama "panchito de mierda" y ser expulsado del recinto sin posibilidad de regresar.

Porque una cosa es hacer cumplir unas normas. Otra muy distinta es castigar. Y esa línea nunca debería cruzarse.

Lo más preocupante es que casi todos estos episodios comparten el mismo patrón. La intervención comienza siendo legítima. Alguien incumple una norma, discute con un vigilante o protagoniza una situación que requiere actuación. Hasta ahí, nadie debería cuestionar el trabajo de la seguridad.

El problema aparece cuando la situación deja de consistir en proteger al resto de asistentes y empieza a convertirse en una demostración de poder. Ahí la seguridad deja de cumplir su función y empieza otra cosa.

Existe además un enorme desequilibrio de fuerzas. Un asistente sabe que discutir con un vigilante casi siempre significa perder. Hay varios trabajadores frente a una sola persona. Existe la posibilidad inmediata de expulsión. Hay cámaras cuyo acceso controla la organización. Muchas veces la persona está nerviosa, cansada o incluso desorientada por el propio contexto del festival.

Precisamente por eso, a quien ostenta esa autoridad debería exigírsele un nivel de autocontrol mucho mayor que al resto. Porque la diferencia entre proteger y dominar no está en la fuerza que eres capaz de ejercer, sino en la violencia que decides contener.

Sin embargo, hay otra cuestión que me preocupa todavía más. La forma en que muchos festivales desaparecen cuando ocurre uno de estos episodios. La respuesta suele ser casi automática. "La seguridad pertenece a una empresa externa."

Y es cierto. La legislación obliga a contratar empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada. Nadie discute eso. Lo que resulta difícil de aceptar es que esa externalización termine convirtiéndose también en una externalización de la responsabilidad. Porque para el público no existe esa diferencia.

Quien te registra, quien decide expulsarte o quien puede utilizar la fuerza actúa en nombre del festival. Ha sido el propio festival quien ha seleccionado a esa empresa, quien le ha concedido autoridad sobre miles de personas y quien ha decidido que represente su forma de entender la seguridad.

No puede presumirse de ofrecer una experiencia integral cuando todo funciona y convertirla en una cadena de subcontratas cuando alguien sale del recinto humillado.

En cualquier otro ámbito resultaría impensable aceptar determinadas respuestas. Si un cirujano comete una negligencia, el hospital no puede limitarse a señalar que pertenece a otra empresa. Si un monitor agrede a un menor en un campamento, la organización no desaparece detrás de la empresa que lo contrató. Sin embargo, cuando la violencia ocurre en un festival, demasiadas veces parece bastar con señalar el logotipo de la subcontrata.

Como si el poder pudiera delegarse sin asumir las consecuencias de cómo se ejerce.

 Y entonces aparece otro fenómeno igualmente preocupante. Cuando un asistente agrede a otra persona, el festival suele hablar inmediatamente de tolerancia cero. Cuando la agresión procede de un miembro del equipo de seguridad, el lenguaje cambia por completo.

De repente aparecen expresiones como "incidente aislado", "hemos solicitado explicaciones a la empresa", "se investigarán los hechos" o "lamentamos lo ocurrido".

Es curioso cómo desaparecen palabras como violencia, agresión o responsabilidad precisamente cuando quien ejerce esa violencia forma parte del dispositivo contratado por la organización.

No escribo estas líneas porque crea que los equipos de seguridad sean un problema. Todo lo contrario. Son imprescindibles. Gracias a su trabajo miles de conciertos transcurren cada año sin incidentes y la inmensa mayoría desarrolla su labor con profesionalidad, respeto y una enorme capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la fuerza.

Precisamente por eso no podemos mirar hacia otro lado cuando algunos olvidan cuál es su función.

Quizá haya llegado el momento de que los festivales den un paso más. No basta con contratar seguridad. También deberían garantizar protocolos transparentes para denunciar actuaciones abusivas, conservar las grabaciones cuando se produce un incidente, investigar de forma independiente los casos más graves y explicar públicamente qué consecuencias tiene una actuación desproporcionada.

Porque un espacio seguro no se construye únicamente con vallas, detectores de metales y vigilantes. También se construye sabiendo que, si quien debía protegerte termina haciéndote daño, alguien responderá por ello.

La música lleva décadas enseñándonos que un concierto puede ser un refugio. Un lugar donde sentirnos libres, aceptados y seguros entre desconocidos. Sería una contradicción insoportable que el mayor miedo dentro de un festival no fuese la multitud, sino quien lleva un chaleco con la palabra "seguridad". Porque la seguridad puede subcontratarse. La responsabilidad, jamás.