En defensa de Ruth Ortiz

"¿Puede una sociedad democrática permitirse decidir qué libros merecen existir y cuáles no?". Esta es una de las frases que se leen en la brevísima sinopsis que presenta el libro de Luisgé Martín Desde el odio, publicitado en webs de librerías, no así en el avance de temporada de la editorial Altamarea, el sello que ha decidido respaldar este título.

El interrogante es tramposo. Los libros no existen, se escriben. Detrás de cada libro hay una autora o autor, una editorial y una intención. Un libro es un artefacto cultural que tendrá un impacto social y que, dependiendo de su relevancia, calidad e interés, de cómo caiga en el mercado y de la suerte que tenga, funcionará mejor o peor. Porque una cosa son los libros y otra muy distinta, el acervo literario del que las sociedades son legatarias. Por eso, prohibir la lectura del Quijote sería un acto de censura mientras que, de haberse paralizado mediante sentencia judicial la distribución de un libro como El odio, no habría habido censura sino un acto del Estado de derecho en respuesta a la denuncia de una ciudadana cuyo nombre la sinopsis del nuevo libro de Luisgé Martín omite: Ruth Ortiz.

Pero no hubo una sentencia que paralizara la distribución de ese libro, sino la apertura de un debate y una reacción de la sociedad civil contraria a su publicación y distribución. Y hubo, finalmente, una decisión libre, adoptada con criterios empresariales y editoriales por parte de Anagrama, a resultas de un debate social en el que la propia Ruth Ortiz, con su pronunciamiento público, jugó un papel fundamental.

Dicen los editores en la sinopsis que "la presión general, el revuelo mediático, la inapelable condena pronunciada por las redes sociales bastaron para impedir que llegara a los lectores". Presión, revuelo, condena y redes sociales. He aquí el sucinto y connotado resumen de lo ocurrido que presentan desde Altamarea. Entiendo que hablar de revuelo interesa más que hacerlo de debate y, por supuesto, mejor invocar a las redes sociales que a la sociedad civil como instigadoras de la "condena". Ya saben, las redes sociales, ese estercolero: el lugar que antaño algunos entendían que ayudaba a denunciar problemas y que hoy consideran que sirve únicamente al objeto de cancelar y perpetrar linchamientos. Se está convirtiendo en tradición utilizar las redes sociales como coartada para desprestigiar determinadas posturas o acciones sociales. Este asunto merece una reflexión.

Los libros ni existen ni se condenan. Lo que hizo la sociedad civil el año pasado fue emitir de manera ciertamente mayoritaria, y en una medida importante gracias a la voz de muchas feministas, una opinión: El odio de Luisgé Martín revictimizaba a Ruth Ortiz, como ella misma expresó en una carta: "No podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas".

Los libros no existen en sociedades democráticas -y la española lo es a pesar de lo que diga la extrema derecha o parezca insinuar la sinopsis del nuevo libro de Luisgé Martín- ni dejan de existir por obra de fuerzas censoras o inquisitoriales. Los libros se escriben en el contexto de esas sociedades con la vocación de interpelar a quienes viven en ellas. 

La pregunta que me gustaría devolverle a los editores, es esta: ¿puede una sociedad democrática permitirse dar voz a los asesinos cuando sus víctimas reclaman no ser revictimizadas por ellos? ¿Puede una sociedad democrática, necesariamente feminista, consensuar que un libro que daña a una víctima causa también un daño social, y que retirarlo para evitar ese daño no amenaza ni la libertad de expresión ni el hecho literario al tiempo que garantiza la convivencia? Yo creo que puede y que debe.