Democracia participativa más allá de la Feria de Sevilla

La Feria de Sevilla en la capital andaluza es religión. Eso se nota en la expectación que ha generado la consulta popular que ha puesto en marcha esta semana el Ayuntamiento para definir el modelo de feria. Ojalá este fervor por dar voz al pueblo –y también por participar- tuviera su réplica en otras parcelas de la vida política de las ciudades, en esos aspectos que nos marcan el día a día en la que se dice que es la política más cercana a la ciudadanía, la municipal… pero no. Solo circo, ya ni siquiera pan.

Casi 900.000 personas están llamadas a consulta, tanto de manera presencial como a través de internet. El inicio de la votación el pasado martes fue agridulce, pues la masiva participación terminó colapsando los sistemas, tumbando la página web de la votación. El Ayuntamiento de Sevilla no está acostumbrado a hacer frente a este tráfico web, sencillamente, porque no es muy dado a consultar. Es la segunda consulta sobre la feria en menos de diez años, pero poco más se pregunta a la ciudadanía.

Hubo un tiempo en Sevilla en particular y en Andalucía en general en que no fue así. La década de los 2000 vivió uno de los momentos más dulces de la democracia participativa en lugar de imponer la representativa que, básicamente, se limita a dar voz a la ciudadanía una vez cada cuatro años. Una de las máximas expresiones de este nuevo modelo de democracia, mucho más inclusivo, son los presupuestos participativos.

En Sevilla, la llegada a la alcaldía de Juan Ignacio Zoido (PP) supuso fin a nueve años de presupuestos participativos, promovidos en el Consistorio por el empuje de IU, que llegó a cogobernar la ciudad junto al socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. El todavía concejal del Ayuntamiento de Sevilla y diputado en el Parlamento andaluz Ismael Sánchez Castillo (IU) recuerda con cierta nostalgia aquella época de presupuestos participativos (2002-2011) que Zoido cortó de raíz.

Eran tiempos en los que la izquierda se extendía en ayuntamientos y diputaciones provinciales de Andalucía y se despertó en la ciudadanía esa ilusión por participar activamente en la vida pública, haciéndolo en primera persona, con propuestas y votos vinculantes. Eran las personas las que sugerían crear una escuela de teatro, construir un auditorio o habilitar un comedor social, sacando en ocasiones los colores a las y los concejales separados de la realidad, ajenos a las necesidades y deseos de sus vecinas y vecinos. Charlando con Sánchez Castillo, éste no sólo relata cómo se daba voz a los mayores de 16 años, sino que “el último año se puso en marcha una modalidad infantil para que también los y las más pequeñas tuvieran voz”.

El mandoble a la democracia participativa asestado por Zoido en Sevilla se replicó progresivamente en la década de 2010 en toda Andalucía, a medida que la derecha ganaba terreno. “Nos eligen para decidir”, era su excusa, pero lo cierto es que en esa máxima obviaban la parte del “bien común”, propagándose como la peste las prácticas cortijeras. En el mejor de los casos, la derecha ha tratado de apropiarse de estas iniciativas pervirtiéndolas, intoxicándolas de tal modo que han perdido toda su esencia.

En las localidades en las que ha sobrevivido una suerte de presupuestos participativos, lo votado no es vinculante, de manera que el regidor de turno es en último extremo quien decide qué proyectos o iniciativas se desarrollan. Otras veces, se limitan las áreas en las que es posible proponer iniciativas o sólo lo pueden hacer quienes pertenezcan a determinadas asociaciones. No sólo eso, sino que la transparencia brilla por su ausencia, pues ni son publicadas todas las propuestas sugeridas por la ciudadanía, ni mucho menos el número de votos que ha obtenido cada una de ellas.

Las posibilidades de pucherazo son tan elevadas, que estos procesos de participación no alcanzan el mínimo estándar democrático, más allá de la papeleta virtual. En ocasiones, como ha sucedido este mismo año en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, la laxitud democrática es tal que incluso cualquiera que tuviera conocimiento del DNI de otro vecino o vecina empadronado podía votar en su nombre, pues no se establecía ningún mecanismo de autenticación de identidad.

La consulta por la Feria de Sevilla y el interés que ha despertado es una buena noticia, pero no deja de ser un oasis en el desierto participativo en que la derecha ha convertido a Andalucía. La ciudadanía, ya sea en Andalucía o el resto de España, debería tener más voz en la vida política del día a día. Sin duda alguna, nos iría mejor y serviría de antídoto a la desafección reinante. Nadie negará que el objeto de esta votación –la Feria de Sevilla- ha sido determinante para el elevado grado de participación que está teniendo la consulta que concluye hoy jueves, pero ¿acaso no sería igualmente inspirador poder decidir sobre si tener un centro de juventud, mejores instalaciones deportivas, locales de ensayo o espacios para las mascotas?

Personalmente, considero que sí, y por ello es hora de recuperar aquel ímpetu ilusionante de los 2000 y reclamar el derecho a decidir, plantando cara a los detractores de esta democracia participativa ebrios de avaricia de poder y consumidos por el temor a perderlo.