Las derechas abonan el terreno a las mafias

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Almería, acusadas de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La trama se dedicaba a tramitar empadronamientos fraudulentos de personas extranjeras en situación irregular. De nuevo, ante situaciones de vulnerabilidad, afloran las bestias carroñeras que pisotean derechos fundamentales y la misma ley para llenarse los bolsillos. La conducta de PP y Vox allana aún más el camino a estas prácticas deleznables.

Cualquier persona que viva en un municipio tiene el derecho y el deber de empadronarse, independientemente de su situación administrativa. No le corresponde a ningún Ayuntamiento determinar si una persona se encuentra en España en situación irregular; sencillamente, está obligado a empadronarla igualmente. Es importante subrayar que si algo no requiere el empadronamiento es arraigo -tan de moda ahora en la narrativa racista-, pues la ley dispone que es una de las primeras acciones a realizar cuando alguien se muda a un municipio.

A pesar de ello, algunos consistorios en los que gobierna el PP, ya sea en solitario o bajo una relación de dependencia con Vox, están vulnerando la ley desplegando un racismo institucional que daña nuestra democracia. Bien sea retrasando sine die las citas previas para empadronarse o reclamando requisitos que no contempla nuestra legislación, discriminan a las personas migrantes que, con apenas su pasaporte y una justificación de domicilio (alquiler, certificado del arrendador, etc.) deberían poder inscribirse. El padrón es la llave que abre la puerta de acceso a otros servicios y trámites esenciales para una persona que quiera regularizar su situación en España. Y esta es la clave de por qué las derechas están bloqueándolo.

Así las cosas, PP y Vox han fertilizado el terreno para que las mafias expriman a este colectivo tan vulnerable. Una prueba de ella es la trama desarticulada esta semana en Almería, que ni es la primera ni será la última. En este caso, además, empadronaban a las personas en domicilios sin que ni siquiera lo supieran sus propietarios. Este tipo de tramas puede llegar a cobrar hasta 600 euros por inscripción, una cantidad que todavía endeuda más a las personas cuya travesía hasta España acostumbra a ser muy calamitosa.

El dibujo completo de la realidad nos desvela que quienes más despliegan políticas racistas, quienes más destilan odio y xenofobia, son los que más tajada quieren sacar, de un modo u otro, de quienes vienen buscando una vida mejor. Del mismo modo que sucede con el padrón, lo hemos visto anteriormente con el proceso de regularización extraordinaria, un trámite gratuito por el que algunos abogados cobraron cientos de euros ofreciendo, además, una atención muy deficiente.

En el caso habitacional, el racismo se desborda en España y quien niegue tal cosa o es un hipócrita o no conoce nuestra realidad. Alquilar una vivienda si procedes de Latinoamérica y, muy especialmente, de África, es prácticamente una misión imposible… al menos bajo los mismos parámetros que se alquila a un españolito de a pie. Si cualquier ciudadano o ciudadana española encuentra una oferta de alquiler reducida, para una persona migrante se multiplica por diez o más.

Esta situación propicia que se cometan delitos alquilando habitaciones para seis personas a precio de oro y sin contrato ni tributación alguna, incumpliendo unas mínimas normas de habitabilidad; seguramente, además, después estos caseros carroñeros despotricarán en la barra del bar contra la comunidad migrante que a ellos los enriquece ilegalmente.

Esta es nuestra España, en la que las políticas de las derechas en materia de vivienda y de gestión municipal todavía dificultan más manejar una realidad compleja para la que ni hay soluciones únicas ni sencillas. Precisamente por este motivo, las políticas en los tres niveles de la Administración han de estar interconectadas, pues de ello depende que todos los engranajes funcionen. Es una suerte de efecto dominó en el que, si ya comienzan a ponerse palos en las ruedas del empadronamiento, lo único que se alienta es que comiencen a desplomarse las fichas y se abra un completo abanico de delitos que todavía dificultan más la integración.

Afortunadamente, en España hay riqueza suficiente para que su población viva de un modo próspero; tan sólo hace falta repartirla adecuadamente, algo que ni izquierda ni el PSOE han hecho, la primera por no acaparar suficiente poder político para conseguirlo y el segundo por falta de interés o coraje. Las derechas, en cambio, siempre han intentado, no sólo perpetuar esta desigualdad, sino acrecentarla.

En un país sin estos niveles de desigualdad, la diversidad no supondría ninguna amenaza. Sin embargo, el error de una parte de la sociedad española es caer en la trampa de pensar que quienes debilitan el estado de bienestar son las personas migrantes, terminando por enfrentarse a ellas cuando, en realidad, son aún más víctimas de los ejecutores de dinamitar nuestra prosperidad.