Que la derecha y la ultraderecha han obtenido una contundente victoria en Extremadura está fuera de toda discusión. Han alcanzado el 60% de los votos emitidos y tienen una clara mayoría absoluta de 40 escaños en un parlamento de 65. Sin embargo, a partir de estos datos, se está construyendo un falso relato sobre una supuesta derechización de la sociedad extremeña — y por extensión de la sociedad española— que no se corresponde con la realidad.

Ni se ha producido un trasvase de voto desde la izquierda hacia el PP/VOX ni aumentó de forma significativa el numero de personas que votan a la derecha en comparación con 2023. O con 2011, cuando Extremadura tuvo su primer gobierno del PP, presidido por Monago.

Veamos los datos. En estas elecciones de 2025, la derecha apenas consiguió 10.000 votos más que en las elecciones de 2023. Y solo 7.563 votos más de los obtuvieron en 2011, cuando el PP alcanzó por primera vez la presidencia de esta comunidad autónoma.

Este magro crecimiento en el número de votantes queda claramente reflejado cuando la comparación se realiza no sobre los votos emitidos sino sobre el total del censo electoral. En las elecciones autonómicas de 2023 la derecha consiguió el apoyo del 36,1% de las personas con derecho a voto. Ahora el 37,5%: el bloque de la derecha apenas consiguió ganar a una de cada cien personas con derecho a voto entre ambas elecciones. Para tener una perspectiva más larga, en 2011, cuando el candidato del PSOE era Fernández Vara, la derecha ganó con el 35,6% de voto sobre el censo. Hace ya 14 años que se mueve en una cifra muy similar de apoyo electoral.

Es evidente que el arrollador triunfo político de la derecha, y su reflejo en poder institucional, no se corresponde en ningún caso con un desplazamiento hacia la derecha de los ciudadanos extremeños.

Para explicar esta aparente contradicción es suficiente con una frase: muchos ciudadanos progresistas no se fueron a votar a la derecha, simplemente se quedaron en sus casas. Porque la verdadera clave que explica el resultado electoral es la fuerte abstención de personas que votan habitualmente a la izquierda. Al PSOE en realidad. En 2025 fueron a votar 85.000 personas menos que que en 2023, con un censo electoral prácticamente igual. La abstención se disparó en 10 puntos, castigando al PSOE por razones diferentes.

Esta es la síntesis numérica: 90.000 votantes del PSOE se quedaron en casa y la derecha consiguió 10.000 votos más que en 2023. Ni hay derechización de la sociedad extremeña ni votantes cambiándose de bloque electoral.

Lo que sí se produjo el domingo 21 de diciembre fue una redistribución interna de votos dentro de cada uno de los bloques electorales. En la derecha el PP perdió 8.000 votos en beneficio de VOX, que ganó en total 40.000, porque concentró el voto de otras opciones minoritarias de la derecha que en 2023 habían conseguido 33.000 votos.

Y en el bloque de la izquierda el PSOE se desploma, perdiendo más de 100.000 votos que se van, en una pequeña parte, a su izquierda, a Unidas por Extremadura, pero la gran mayoría se fueron directamente a la abstención. Este dato pone deberes a este espacio: ofrecer una alternativa política y electoral consistente y atractiva, que acoja a estas personas que hoy están defraudadas y desanimadas, pero que siguen creyendo en los valores de la izquierda.

El porqué se abstienen los votantes socialistas es la pregunta que debería responder con urgencia el Partido Socialista. No por un debate demoscópico, sino para evitar que lo sucedido en Extremadura se traslade a otras comunidades autónomas primero y al gobierno central después.

Para salir del acoso mediático y judicial, el partido mayoritario del gobierno tiene que actuar con contundencia para alejarse de forma definitiva de los casos de corrupción y de los abusos y, al mismo tiempo, desplegar una intensa acción de gobierno centrada en lograr más derechos y mayor bienestar de las personas.

La prórroga de los alquileres de 600.000 hogares cuyos contratos vencen a lo largo de 2026 debe ser la primera medida. Un gobierno renovado y los presupuestos generales del Estado de 2026 serían las vigas maestras para prolongar el ciclo social y democrático más allá de 2027. Una estrategia de renovado impulso que debe empezar ya, con medidas concretas antes de la próxima cita electoral, el 8 de febrero en Aragón.

El pueblo progresista sigue ahí. No se ha ido a ningún sitio. Está esperando que el gobierno de coalición de izquierda le dé más razones para la esperanza. Toca mover ficha.