Derecho, democracia y memoria

La relación entre el derecho y la democracia no es una mera coincidencia estructural, es una dependencia mutua de supervivencia, y es importante que no lo olvidemos. La democracia otorga legitimidad al derecho y evita que sea una herramienta de opresión. El  derecho proporciona los límites y las garantías para que la democracia no se autodestruya ni se convierta en la tiranía de una mayoría. Este binomio conforma lo que conocemos como Estado de Derecho, y en el caso de España, su historia y sus desafíos recientes y los actuales ofrecen una radiografía perfecta de cómo esta relación se construye, se tensiona y evoluciona.

Durante la transición a la democracia (1975-1978), los padres y las invisibilizadas madres de la democracia soportaron el desafío de desmantelar una dictadura de casi cuatro décadas que había usado el derecho para la opresión, y lo hicieron sin provocar una ruptura traumática o violenta. Ellas tuvieron, además, el reto titánico de incorporar la igualdad formal entre hombres y mujeres como paso esencial para iniciar el camino, aún no terminado, hacia la igualdad real. Trabajando en conjunto crearon una obra maestra de ingeniería jurídica, pues se utilizaron las propias leyes fundamentales del régimen franquista para desarmar el sistema desde dentro y convocar elecciones libres. Pero fue una obra amarga con consecuencias perversas que aún tenemos que abordar como sociedad, porque el derecho creado durante la Transición fue un vehículo pacífico hacia la democracia pero no hacia la justicia y  la sanación de nuestra sociedad.

El trabajo político y jurídico actuó como mecanismo de contención para evitar una revuelta armada, legalizando los partidos políticos y sindicatos pero sin provocar un alzamiento militar inmediato, redactando una constitución moderna homologable a las democracias europeas con la paradoja de ser una monarquía parlamentaria con un rey (preferentemente varón) por encima de la ley, y garantizando que el cambio del régimen se hiciera a través de las urnas y no de las armas.

Se consiguió evitar lo que tanto se temía, pero el precio que se pagó en ese momento y que aún pesa sobre nuestra sociedad fue renunciar a que el derecho cumpliera con su función reparadora, a través de estos tres elementos esenciales: Verdad, Justicia y Reparación. No se crearon comisiones de la verdad (como sí ocurrió en países como Sudáfrica o Colombia) para establecer un relato basado en datos oficiales objetivos e innegables de las violaciones de derechos humanos. La Ley de Amnistía de 1977  actuó como un escudo de impunidad para los perpetradores, impidiendo que las víctimas vieran a sus verdugos sentados en el banquillo (a diferencia, por ejemplo, de los juicios a las Juntas en Argentina). El Estado tardó décadas en asumir la responsabilidad de buscar a las personas  desaparecidas o en anular las sentencias injustas de los tribunales militares franquistas, y nunca se ha llegado a siquiera  intentar revertir el expolio realizado.

El derecho en la transición no fue una cura sino una anestesia que adormeció el enorme dolor y paralizó el conflicto para permitir que el país operara políticamente sin otro golpe de Estado, pero cosió la herida en falso, dejando la infección de la injusticia, de la represión, del expolio dentro del cuerpo social. Dentro de nuestra democracia.

La ley de Amnistía de 1977 fue un escudo de impunidad para los perpetradores del golpe de Estado y las autoridades y funcionarios del régimen franquista que habían cometido atrocidades, para que nunca fueran juzgados, como ha sucedido hasta ahora,  y sentó las bases legales para la teoría de la "equidistancia" o la culpa compartida.

La izquierda y los movimientos obreros fueron quienes lucharon por conseguir una amnistía, porque era la única llave para sacar a sus compañeros y compañeras de las cárceles. Los legisladores que provenían mayoritariamente del régimen franquista aceptaron abrir las celdas, pero aprovecharon ese anhelo desesperado de libertad para amnistiar los delitos cometidos por los sublevados,  funcionarios y autoridades contra los derechos de las personas. El derecho fue cruel pues no solo tapó los crímenes del golpe de Estado y la dictadura, sino que obligó a las propias víctimas a firmar la impunidad de sus asesinos y torturadores a cambio de poder salir a la calle y participar en la nueva democracia.

Además, al meter en el mismo texto jurídico, otorgando un mismo perdón, a los y las opositores de la dictadura, incluidos los que entre ellos cometieron actos violentos,  y a los verdugos instalados en el  régimen, el derecho construyó el relato oficial de que ambos bandos habían hecho cosas terribles por igual, difuminando las líneas entre agresores y víctimas. Con la Ley de Amnistía se alimentó un discurso cultural y político que dominó España durante décadas y cuyo eco persiste con fuerza hasta la actualidad. En lugar de explicar la historia como un golpe de Estado militar de corte fascista contra un gobierno democrático legítimo que debe repeler a cualquier persona demócrata del signo político que sea, se instauró el relato de la "locura colectiva", en el que se minimiza el golpe de Estado y la dictadura pues “en la guerra todos hacen barbaridades”, “hubo muertos en ambos bandos”, “es mejor no abrir heridas”, “todos fuimos culpables”. Se silenció también -y normalmente lo obviamos-  que la violencia  de quienes lucharon en contra de la dictadura o no estaban en el bando de los vencedores, ya había sido juzgada, sin garantías y de manera extrema y cruel, y las víctimas habían sido ya reparadas y homenajeadas;  mientras que la violencia del otro bando, entre la sublevación y la dictadura,  no solamente fue mucho más elevada sino que nunca fue juzgada, y nunca habían sido reparadas sus víctimas.

No dudo que pudo ser imprescindible hacerlo así pero es necesario no olvidar que lo que en ese momento se perdonó sobre el papel a los vencedores fue primero un golpe de Estado violento y luego el terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad: torturas sistemáticas cometidas por la policía política (la brigada político-social), fusilamientos y desapariciones forzadas, sustracción sistemática de menores, expolio como arma sistemática para aniquilar cualquier posibilidad de supervivencia digna o reorganización de quienes habían sido vencidos. Delitos que habían causado un hundimiento absoluto moral, psicológico y económico de la izquierda, a la vez que por el contrario la derecha fue potenciada.

Y al equiparar injusta e intencionadamente lo cometido por los vencedores a lo cometido por los vencidos, se causó y causa  una segunda victimización para las víctimas del golpe de Estado y de  la dictadura, y una información falsa que confunde especialmente a las nuevas generaciones. Como el derecho que nos trasladó a la democracia obligó al olvido penal e institucional, las víctimas no pudieron hacer su duelo en el espacio público y la sociedad no pudo construir  un espacio de encuentro en la memoria y de "bien común" en el que compartir y dialogar a pesar de nuestras diferencias ideológicas.

Como sociedad tenemos pendientes hacer memoria y aprender del pasado, al igual que han hecho otros países, como Alemania y Francia, en los que  la derecha y la izquierda promueven la memoria histórica y la reparación de las víctimas frente al nazismo, con independencia del papel que esos partidos tuvieran en el pasado. No es una cuestión de atacarnos en bandos sino de convivir a través del  derecho y  de la democracia. Porque se trata de eso, de convivir. Y es necesario hacer un ejercicio profundo y pacífico de memoria por el bien de nuestro país,   porque la memoria histórica y democrática está conectada con nuestra tierra, con  el Estado de Derecho que, aunque imperfecto, hemos sido capaces de crear a partir de la transición, con la dignidad humana y el derecho de las familias a conocer su propia historia y a enterrar y honrar a sus muertos. Con el derecho a aprender del pasado y seguir desarrollándonos. Si somos demócratas, ¿no debemos ser capaces, con independencia de nuestra tendencias políticas, de defender estos valores? ¿De defender que una nación no es solo una bandera o un mapa sino el conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas? ¿No somos capaces de defender el principio de no dejar a nadie atrás, de cuidarnos y de reparar las heridas? ¿No somos capaces, en definitiva, de defender nuestra democracia?