El derecho a huelga, ¿en peligro?

El derecho a huelga, ¿en peligro? Hay derechos que no necesitan ser derogados para desaparecer. Basta con deslegitimarlos, desacreditar a quienes los ejercen y debilitar las organizaciones que los defienden. Y eso es lo que hemos visto con el 11N.

Feijóo pidió desconvocar la huelga, calificándola de “grave error” tras la tragedia de Urda. Abascal fue más lejos. Pidió suspender la huelga y advirtió de que Vox “tomará nota” si los sindicatos mantienen la convocatoria. ¿Tomará nota para qué? Tenemos un señor que aspira a gobernar con una amenaza inquietante ante nuestros derechos. Y el remate fue de Miguel Tellado. Dijo que UGT y Comisiones Obreras son sindicatos “subvencionados”. Pero, Tellado, ¿acaso los partidos políticos no son subvencionados? El Partido Popular es el que más dinero público recibe: casi 19 millones de euros anuales. El PSOE, cerca de 15 millones, y Vox, más de seis. Eso sin contar otras vías de financiación pública. ¿Significa que el PP está comprado por el Gobierno? ¿Que Vox carece de independencia? No. Entonces, ¿por qué utilizar ese argumento para desacreditar a los sindicatos?

Pero lo preocupante es que estas declaraciones tienen antecedentes institucionales. No son solo palabras. Son hechos en los gobiernos PP-Vox. En Castilla y León se paralizó el diálogo social, se bloquearon las negociaciones con sindicatos y patronal y se intentó desmantelar el SERLA, el servicio de mediación laboral. Los tribunales declararon ilegales las retiradas de financiación sindical y el propio Comité Europeo de Derechos Sociales reconoció vulneraciones de la Carta Social Europea. Tras la salida de Vox del Gobierno, hubo que recuperar las mesas de negociación y restablecer la financiación.

En Andalucía, el Gobierno de PP y Vox ha incluido en los presupuestos de 2027 un recorte del 50% de las ayudas a UGT y CCOO destinadas a mejorar las relaciones laborales. En Valencia, PP y Vox acordaron retirar 100.000 euros a estos sindicatos para los planes de igualdad en las empresas. Y en Extremadura, su acuerdo de gobierno contempla reducir a la mitad determinadas subvenciones sindicales y empresariales. Son decisiones presupuestarias y compromisos políticos. Y recuerdo que PP y Vox, junto a Junts, tumbaron en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario.

Así que si no hay movilización de la izquierda, y gana PP y Vox este 29N, ya sabemos qué habrá. Sindicatos con menos recursos, mesas de negociación debilitadas, clase trabajadora intimidada y protestas señaladas o perseguidas. Los sindicatos no son una concesión de ningún Gobierno. La Constitución reconoce su función, y el derecho de huelga y la negociación colectiva son pilares democráticos, no privilegios. Si nada cambia, estamos ante la posible última huelga general tal y como la conocemos.

A quienes repiten que las huelgas no sirven para nada y que los sindicalistas son unos vividores, recordar que la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, los descansos laborales o las mejoras en el salario no fueron regalos de los empresarios ni de los gobiernos. Fueron conquistas de décadas de organización sindical, negociación y huelgas.

El derecho a huelga se mantiene ejerciéndolo. Y después, tan importante como salir a la calle es acudir a las urnas para impedir que nuestras conquistas sociales no las arrebaten. Porque los derechos que no defendamos con nuestro voto podemos tardar décadas en recuperarlos.