Los derechos humanos en China 

Si uno consume exclusivamente determinados medios occidentales, podría llegar a la conclusión de que China es un inmenso agujero negro de los derechos humanos. Un país donde, aparentemente, mil cuatrocientos millones de personas viven privadas de cualquier derecho civil o político, sometidas a una especie de distopía tecnológica permanente y esperando, quizá, que algún editorial extranjero les explique la verdadera naturaleza de sus propios problemas.

La imagen resulta tan familiar como espantosa. De acuerdo con este relato occidental, China habría logrado sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, construir el mayor sistema de infraestructuras del planeta, universalizar la educación básica, extender la cobertura sanitaria y elevar de forma espectacular la esperanza de vida. Pero todo ello carecería de importancia porque, se nos dice, los ciudadanos chinos seguirían careciendo de derechos civiles y políticos fundamentales.

La caricatura es llamativa. Un país capaz de transformar radicalmente las condiciones materiales de vida de una quinta parte de la humanidad sería, al mismo tiempo, un ejemplo paradigmático de fracaso en materia de derechos humanos. Y cualquier dato que contradiga esta visión suele ser convenientemente ignorado o relegado a una nota a pie de página.

El relato dominante en nuestros medios occidentales presenta a China como una dictadura comunista donde los derechos humanos se reducen exclusivamente a cuestiones económicas y sociales. Sin embargo, basta consultar la Constitución china, la legislación vigente o las instituciones políticas del país para comprobar que los derechos civiles y políticos forman parte de su marco jurídico. La igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de creencias religiosas, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a marcharte del país, o la participación política están reconocidos por el ordenamiento jurídico chino.

Naturalmente, la cuestión no reside únicamente en la existencia formal de estos derechos. Hay que fijarse en la manera en que se interpretan y aplican. Pero ahí no entran nuestros compatriotas occidentales. Porque resulta imposible encontrar en Occidente un Estado que cumpla con la imagen propagandistica que proyecta sobre sí mismo en materia de derechos humanos.

Lo que Occidente ya no es capaz de discutir es el extraordinario avance experimentado por China en el terreno de los derechos económicos y sociales. La erradicación de la pobreza extrema constituye probablemente el mayor logro de desarrollo humano registrado en la historia contemporánea. Centenares de millones de personas han mejorado sus condiciones de vida gracias al crecimiento económico, la industrialización, la modernización de las infraestructuras y las políticas específicas de desarrollo impulsadas por el Estado.

China considera que estos derechos económicos y sociales constituyen la base material indispensable para el ejercicio efectivo de todos los demás derechos. Pero, contrariamente a lo que suele afirmarse en algunos análisis occidentales, no sostiene que sustituyan a los derechos civiles y políticos. Para China todos los derechos humanos son interdependientes y deben desarrollarse de forma equilibrada.

Durante las últimas décadas, el país también ha reforzado sus mecanismos de participación política y representación institucional. El sistema chino cuenta con nueve partidos políticos con representación en la Asamblea Popular Nacional, el parlamento nacional, y con más de tres millones de diputados en las diversas Asambleas Populares que operan desde el nivel local hasta el nacional. Este modelo difiere sustancialmente de los sistemas occidentales. En China el poder político se dirime en las votaciones de base donde se eligen a los 3,5 millones de diputados y “las armas” del debate político son las propuestas y las personas. En Estados Unidos, como ejemplo occidental, el poder se dirime en el choque entre dos partidos (terceros invitados nunca han sido tolerados y llegado el caso aniquilados), que defienden el mismo sistema político, y la clave de su éxito se asienta en los millones de dólares aportados por la oligarquía del país para la campaña y el apoyo de los medios de comunicación propiedad de esa misma oligarquía.

China, respetando el derecho de Occidente a dotarse del sistema que le plazca, considera a su sistema político una forma de democracia de proceso completo adaptada a las características nacionales del país.

La protección de colectivos específicos constituye, entrando en los detalles, una prioridad creciente. Las políticas dirigidas a mujeres, menores, personas mayores y personas con discapacidad han sido reforzadas progresivamente. Del mismo modo, China reconoce a los 56 grupos étnicos existentes y considera que la unidad nacional y la diversidad cultural forman parte de un mismo proyecto de desarrollo compartido. A diferencia de Estados Unidos, todos los grupos étnicos están sobrerrepresentados en la Asamblea Popular Nacional (más porcentaje de diputados que de población).

Las regiones habitadas por minorías étnicas han recibido importantes inversiones en infraestructuras, educación, sanidad y desarrollo económico. Frente a las acusaciones habituales procedentes de determinados sectores occidentales, estas políticas han contribuido a mejorar significativamente las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de sus habitantes.

En el ámbito medioambiental, China ha incorporado el concepto especialmente interesante de la construcción de una "civilización ecológica". La idea es sencilla. Difícilmente puede hablarse de derechos humanos plenos en un entorno degradado, contaminado o incapaz de garantizar una calidad de vida adecuada. Por ello, la protección ambiental ha pasado a considerarse una dimensión esencial del bienestar de la población.

En este contexto se enmarca la publicación del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2030. Lejos de la imagen estática que a menudo se proyecta sobre China, el documento refleja una agenda de actualización permanente de las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos.

El plan reafirma una visión integral que combina derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, establece objetivos concretos para reforzar la protección jurídica de los ciudadanos, mejorar los servicios públicos, ampliar la igualdad de oportunidades y consolidar los avances alcanzados durante las últimas décadas.

Entre las prioridades más destacadas figuran la protección de los derechos individuales, el fortalecimiento de las garantías jurídicas en situaciones de emergencia, la protección de los datos personales, la defensa de la libertad de creencias religiosas y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.

El documento presta también especial atención a la protección de grupos vulnerables y al perfeccionamiento de las garantías procesales dentro del sistema judicial, aspectos esenciales para avanzar en la construcción de un Estado de derecho socialista moderno.

Particularmente relevante resulta su atención a la nueva era digital. La expansión de la inteligencia artificial, los macrodatos y las nuevas plataformas tecnológicas plantea problemas inéditos para todas las sociedades contemporáneas. China busca desarrollar marcos regulatorios que permitan aprovechar las ventajas de estas tecnologías sin menoscabar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Finalmente, la protección ambiental ocupa nuevamente un lugar central. El plan reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible, la reducción de la contaminación y la mejora continua de la calidad ecológica, entendiendo que el derecho a una vida digna incluye también el derecho a disfrutar de un entorno saludable.

Quizá el debate occidental sobre los derechos humanos en China ganaría en calidad si abandonara algunos clichés heredados de la Guerra Fría y prestara más atención a una realidad bastante más compleja que la ridícula caricatura habitualmente difundida.