Según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea (2021) se ha ido ampliado el grado de desconfianza en los partidos políticos y, en general, en la política institucional, en un clima de incertidumbre vital. España (junto con Eslovenia y Letonia) es el país de la Unión Europea con mayor desconfianza: hasta un 90% desconfía de los partidos políticos y un 86% considera que la desinformación de los medios es un problema grave para la democracia. El CIS y otros estudios también abundan en este hecho.

Por otra parte, según el último Eurobarómetro del Parlamento europeo (2022), los valores más importantes que considera la ciudadanía europea para defender son la democracia, seguida de la libertad de expresión y de pensamiento y la protección de los derechos humanos. Por tanto, se produce un problema grave, esa desconfianza en la representación política, que convive con significativas tendencias autoritarias y desafecciones institucionales, pero sin llegar al cuestionamiento de la democracia, que sí es apoyada por la gran mayoría ciudadana.

Es imprescindible analizar este problema, llámese malestar cívico, desorden político, indiferencia pública o descohesión social, vinculado a un proceso sociopolítico más general: la desintermediación, como la falta de capacidad mediadora de los partidos políticos y los medios de comunicación para articular las demandas sociales y conformar las opiniones y, así, garantizar la calidad de la democracia y sus funciones de gestión justa del bien público y legitimación cívica del poder político.

Se acaba de publicar un interesante libro del profesor Ignacio Sánchez-Cuenca titulado “El desorden político”. Parte de un hecho relevante: la crisis de representación política y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, llamadas populistas y que él prefiere definirlas como antiestablishment. Explica la idea acertada de que la economía no puede explicar este fenómeno; supera una simple interpretación economicista, bastante usual en otros medios y tradiciones teóricas, y profundiza en otros factores políticos como la corrupción, los pactos opacos y excluyentes y el incumplimiento de los contratos sociopolíticos con sus electorados. Así, pone el acento en la crisis de los mecanismos de la doble ‘intermediación’ en las democracias: de las demandas populares a través de los partidos políticos, y de la formación de la opinión pública con los medios de comunicación como mediadores. Todo ello en el marco de un proceso más amplio de individualización y digitalización tecnológica.

Es un buen punto de partida para profundizar en este tema crucial de la mediación sociopolítica y mediática, en transformación más acelerada desde hace una década, con la crisis del bipartidismo y la emergencia de nuevos partidos y plataformas políticas. Es un asunto relevante para definir el sentido de las políticas públicas y la calidad democrática de nuestro sistema institucional y representativo. Como contribución a este debate señalo algunas reflexiones iniciadas en el libro Perspectivas del cambio progresista.

Vincular la política con lo social

En primer lugar, hay que interrelacionar la desconfianza política con la frustración socioeconómica y vital de amplias mayorías sociales. La crisis de la representación político-institucional expresa la amplia desafección y la profunda desconfianza popular en las élites gobernantes dominantes en los países de la Unión Europea (y otros países) por su gestión austeritaria (antisocial) y prepotente (autoritaria) de la crisis económica y social iniciada en 2008, cuyos efectos perduran.

Paralelamente, ha habido una insuficiencia de garantías públicas y societales de seguridad y bienestar ante los cambios relacionales y estructurales de todo tipo, junto con dinámicas subjetivas de incertidumbre ante los descensos sociales, las desventajas comparativas y los nuevos riesgos vitales que también han afectado a sectores acomodados o con privilegios comparativos que han desarrollado actitudes reactivas.

Esas distintas dinámicas de descontento, con diferentes posiciones sociales en la estructura social y frente al poder establecido, han adoptado perfiles contrapuestos. Uno, progresista o de izquierda (particularmente en el Sur europeo), con exigencia de políticas redistribuidoras, protectoras y de ampliación de derechos civiles, sociales y políticos. Otro, con tendencias derechistas o reaccionarias (sobre todo en el Centro y Este europeo) en diversos campos sociales y culturales, en particular sobre el feminismo, la inmigración y la convivencia intercultural, con un ascenso de opciones autoritarias y de derecha extrema, con cierto vaciamiento de la calidad democrática de las instituciones.

Democratización y renovación de las izquierdas

En segundo lugar, referido a las formaciones progresistas, existe cierta inadecuación política y orgánica para dar satisfacción plena a las demandas populares de bienestar y seguridad y conectar con el arraigo popular y asociativo. Es causa de cierto alejamiento y pasividad hacia las izquierdas, como revela el relativo estancamiento de los apoyos electorales al Partido Socialista y a Unidas Podemos.

Quedan lejos las experiencias (socialdemócratas y eurocomunistas) de grandes partidos de ‘masas’, con amplia militancia de base y fuertes vínculos con los potentes sindicatos y movimientos sociales. Los grandes partidos tradicionales son maquinarias para la gestión del poder institucional y sus procesos legitimadores y selectivos, que son los que están cuestionados.

El modelo partido-movimiento no se ha consolidado y la esfera de la acción y los movimientos sociales (sindicalismo, feminismo…) es autónoma, positivamente, de la representación político-institucional. Ahora, las nuevas formaciones políticas también son, sobre todo, plataformas electorales, especializadas en la gestión institucional y su legitimación, y, a pesar de sus esfuerzos, tienen débiles lazos con la labor asociativa de base, los grupos sociales o la sociedad civil. Lo nuevo es el sobredimensionamiento de la acción comunicativa, el otro mecanismo de mediación fragmentado, en disputa y bajo los intentos hegemonistas de las derechas y el poder económico.

Pero para las izquierdas son más fundamentales sus vínculos sociales y democráticos, así como su capacidad persuasiva para promover el cambio social y político. En ese sentido, deben resolver una mejor conexión con las capas populares y establecer una colaboración con el tejido asociativo progresista y la acción sociocultural.

Mientras tanto, las derechas se entrecruzan con todo el entramado económico-empresarial y burocrático-institucional y participan del control del poder mediático; no necesitan tanta democracia y participación cívica, cuestión esencial para las izquierdas.

La rearticulación de la mediación política

En tercer lugar, esta interacción entre condiciones socioeconómicas estancadas o descendentes y gestión institucional regresiva o impotente, junto con la percepción ciudadana de su injusticia y unas perspectivas populares inciertas, es la que genera el amplio malestar cívico. Su traducción política está sujeta a fuerte pugna por los distintos actores y fuerzas fácticas. Es el desarreglo de la tarea de intermediación tradicional y la tensión por reajustar y controlar sus funciones gestoras y representativas. Todo ello está sometido a la nueva polarización de intereses, procesos de legitimación y refuerzo de las posiciones de poder.

En ese sentido, es clave la intermediación social, la vertebración asociativa y su orientación y, específicamente, la capacidad articuladora de las formaciones políticas progresivas cuya función renovada es insustituible en las democracias representativas.

Para explicar los procesos concretos, así como los cambios globales y las grandes estrategias, es preciso asociar la pugna por construir nuevas representaciones y mecanismos mediadores, además de con sus funciones de intermediación, con el sentido de su proyecto o la orientación de sus propuestas en el contexto de la fuerte división social, económica y de poder de las sociedades europeas. Es decir, con los grandes valores de igualdad, libertad y solidaridad que, en gran medida, han articulado la acción pública en estos siglos. Sigue siendo fundamental el ideario político o proyecto de sociedad y su correspondencia con una actitud transformadora igualitario-emancipadora y solidaria.

Por tanto, es imprescindible una política socioeconómica progresiva que, parcialmente y derivado de su deslegitimación anterior, se ha ensayado en esta crisis producida por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, y que impulsa el actual gobierno de coalición, con políticas más expansivas y protectoras y a pesar de la fuerte oposición derechista.

La respuesta estratégica debería tener tres ejes fundamentales: protección pública, redistribución y regulación de los mercados; democratización político-institucional, con adecuación de los sistemas de representación y gestión pública, incluido los partidos o plataformas políticas; una profunda renovación orgánica y programática de las izquierdas o fuerzas progresistas, con respeto al pluralismo y los equilibrios colectivos superadores de los hiperliderazgos, el corporativismo elitista y los sectarismos, junto con una articulación cívica y participativa.

En definitiva, frente a las tendencias burocráticas y corporativistas de los grandes aparatos político-institucionales y corporaciones económicas y su complemento de apariencia liberal-individualizadora mediante el consumismo que nos ofrece la receta neoliberal, la alternativa a la crisis de la intermediación de los partidos políticos debe ser multidimensional respecto de los tres ámbitos: socioeconómicos, con una orientación progresiva; político-institucionales, con una dinámica democratizadora y de recomposición mediadora frente al autoritarismo y la atomización individualista, y de participación cívica y revalorización de lo común y lo público.