Nadie podrá decir que su respiración se interrumpió demasiados segundos al conocer la noticia. En todo caso, quizá se pueda aducir una cierta sensación de desasosiego ante la manifestación pública de una política exterior desnortada. 

La comparecencia del 19 de abril, en la que, oportunamente, se impidió la realización de preguntas que pudiesen, como aquel niño del cuento, desvelar lo que estaba a la vista de todos, mostró la desnudez y fragilidad de la política exterior del Reino de España. El apoyo acrítico del ministro de Asuntos Exteriores a la propuesta de autonomía del Reino de Marruecos para el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, reconociendo implícitamente su soberanía sobre este territorio e ignorando las resoluciones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión, del Consejo de Seguridad y del propio secretario general de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, no constituye ninguna sorpresa. Sólo una gran decepción.

La cuestión saharaui, igual que las relaciones económicas y comerciales con el Estado de Israel, muestra con tozudez histórica las limitaciones del Estado español para desarrollar una política exterior realmente progresista. No hagamos, desde la izquierda, la más mínima concesión a esos discursos y análisis pretendidamente sofisticados de prohombres instruidos en el noble arte de la diplomacia fina y sofisticada, que sostienen la necesidad de atender a la raison d’État. Estos ropajes teóricos sólo intentan esconder, sin éxito, una posición débil y poco confiable en la esfera internacional.

Produce un intenso sonrojo escuchar una defensa cerrada de un documento intelectualmente perezoso, propio de otro tiempo y en el que la única idea expresada con claridad es la de la legitimación del poder dictatorial del Comandante de los creyentes (sic) en el territorio de la antigua colonia española. Sin embargo, para poder comprender su verdadero significado, es necesario situar políticamente el hecho de la reafirmación del reconocimiento de la propuesta de autonomía como “la base más seria, realista y creíble” para resolver este “diferendo”.

En este sentido, la declaración se inserta en una estrategia concertada que pretende generar las condiciones para que la cuestión del Sahara Occidental desaparezca de la agenda de las Naciones Unidas, dejando al albur de la correlación de fuerzas existentes (la ley del más fuerte) la resolución de este conflicto. El próximo octubre, momento en el que el Consejo de Seguridad debatirá la renovación del mandato de la MINURSO, es uno de los hitos fundamentales de esta estrategia y hacia ahí apunta la lógica de confraternización con un régimen como el marroquí que no dudó, en mayo de 2021, en usar a 8.000 de sus conciudadanos, 1.500 de los cuales eran menores, como chantaje por la hospitalización del líder del Frente Polisario en un hospital riojano.

Esta estrategia, a pesar del florido envoltorio con el que se quiere disimular sus afilados contornos, constituye la negación del mismo derecho internacional que, con tanta vehemencia, el Gobierno de España ha defendido en el caso de Rusia y, de una manera mucho más matizada, en el de Israel.

La declaración del ministro, funcional a los intereses de la agenda trumpista e israelí en relación a su aliado marroquí, nos sitúa ante la necesidad de establecer una línea roja que proteja la ética, la razón y las normas de convivencia pacífica en la arena internacional. Así, la cuestión saharaui y sus implicaciones históricas, políticas y jurídicas debería servir como cemento para la construcción de una propuesta de política exterior de las izquierdas del Estado español, autónoma de la socialdemocracia y que confronte radicalmente los intereses de las élites económicas.

Esta propuesta debería contemplar, como eje vertebral, la defensa intransigente de los principios fundamentales del derecho internacional, denunciando abiertamente su uso cínico e hipócrita. Desgraciadamente, la evolución reaccionaria de ciertas tendencias políticas globales ha superado los consensos internacionales que, históricamente, habíamos denunciado por insuficientes. Actuemos con firmeza política, inteligencia estratégica y sentido de época.

Esta apuesta por normas de convivencia justas debería fundamentarse en el reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación como piedra angular de un sistema democrático de gobernanza global. En cuanto condición primera del resto de derechos, tal y como se establecen los Pactos Internacionales de 1966, el pueblo saharaui, el pueblo palestino y el resto de pueblos del mundo, también en el Estado español, tienen derecho a expresarse y decidir su futuro libremente. Como defendía la socialdemocracia de principios del siglo XX, ¿puede acaso ser libre un pueblo que oprime a otros pueblos?

Una política exterior fundamentada en valores y principios de las tradiciones culturales de las izquierdas, debería basarse en la búsqueda de la paz y en el rechazo explícito a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales, tal y como reflejó la experiencia de la Segunda República española en el artículo 6 de su Constitución de 1931. Para ello, la apuesta por la cooperación internacional como modo de relación solidaria y fraternal con el resto de pueblos del mundo debería constituirse como el ADN de una “Marca España” digna de reconocerse como tal.

Además de la democratización de las Naciones Unidas, objetivo irrenunciable de las fuerzas de progreso a nivel global, una política exterior de izquierdas debería llevar a cabo una apuesta clara por el fortalecimiento de un multilateralismo alternativo y complementario al sistema onusino, impulsando alianzas y dinámicas de integración regidas por principios democráticos y relaciones horizontales entre los Estados.

Vivimos tiempos complejos, envueltos en una bruma que lo opaca todo, en los que nuestra generación, tal y como Fanon expresó con brillantez, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.

Actuemos.