Las asociaciones judiciales han convocado huelga indefinida de jueces a partir del 16 de mayo. Hasta que les suban el salario. El Gobierno ya les ofrece aumentarlo en 450 euros al mes, pero no les parece suficiente. Así que todo indica que nos encaminamos a una huelga que paralizará aún más la justicia del país y, si se hace de manera irresponsable, puede afectar al funcionamiento ordenado del Estado, en ausencia de quien debe dirimir cualquier disputa.

Un juez que empieza su carrera, en el escalafón más bajo y vive en una localidad pequeña cobra de media -según los datos del Consejo General del Poder Judicial- poco más de cincuenta y dos mil euros brutos al mes. Eso significa catorce pagas de unos 2.600 euros netos. Ese salario se va incrementando a medida que avanza en la carrera pero... ¿Es mucho o poco? Resulta difícil de decir.

Nuestros jueces y fiscales tienen sueldos altos o incluso muy altos en comparación con los países de nuestro entorno. Según los datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia para 2020, los últimos disponibles, los jueces y fiscales españoles son de los que más ganan de entre los 49 países del Consejo de Europa. Es cierto que al inicio de sus carreras los jueces (no así los fiscales, muy bien pagados en nuestro país) están en la media porcentual, ganando “solo” un 230% del salario medio del país, pero al finalizarlas la cifra llega a un desproporcionado 570% de ese salario medio español.

Aún así puede parecer poco. Para ser juez hay que aprobar una dura oposición y se trata de un empleo con mucha responsabilidad. Independientemente de lo que se pague en otros países, ese esfuerzo merece una recompensa. No se trata de que con más sueldo se pueda reclutar a mejores jueces, pues ellos mismos insisten en que eso ya se consigue con el sistema de oposición invariado en los últimos setenta años. La idea es que el sueldo premie el esfuerzo. Y así visto, para ellos, nunca será bastante. La cuestión de fondo es la de si ese motivo justifica una paralización de todo el sistema judicial español, ya suficientemente maltrecho.

La situación de la justicia española es catastrófica y tiene muchas carencias, pero el salario de los jueces no es una de ellas. En España tenemos menos jueces por habitantes de la media europea y el presupuesto destinado a Justicia, aunque incrementado en los últimos años, sigue -en relación al PIB- siete décimas porcentuales por debajo de las de los países de nuestro entorno. Esas condiciones justificarían de por sí, sin duda, una huelga de operadores jurídicos.

También lo justificarían los salarios que cobran los funcionarios judiciales, por no hablar del ridículo pago a los abogados de oficio, que apenas cobran… Hay que subir el sueldo a los funcionarios y abogados porque lo que cobran es ridículo. Sin embargo, nuestros magistrados exigen que si se les sube algo a las categorías inferiores, su sueldo se aumente más aún. Les importa ganar mucho dinero, pero más les importa mantener la distancia con lo que se paga a quienes consideran cuerpos inferiores.

Anclados en una visión aristocrática y decimonónica de la carrera funcionarial, nuestros jueces insisten en comparar sus sueldos con los del resto de categorías. Como dejó claro hace poco la presidenta de la mayoritaria y muy conservadora asociación profesional de jueces, no le preocupa tanto el cuánto cobran, como el que en cuestiones como las guardias cobren lo mismo que un funcionario judicial cualquiera. Dudo que en una guardia el magistrado de turno trabaje mucho más que el resto de funcionarios, en todo caso pedir aumentos salariales para ganar más que otros colectivos no es una propuesta muy solidaria.

Aún así, no está dicho que las huelgas tengan que hacerse por solidaridad. De hecho, ni siquiera está claro que los jueces tengan derecho a la huelga. A menudo, muchos de nuestros magistrados insisten en que ellos no son funcionarios, sino un poder del Estado. De ser así, no tendrían derecho a la huelga, igual que no lo tiene el Gobierno, el Parlamento o el mismísimo Rey. Yo estoy convencido de que los jueces son esencialmente funcionarios que ejercen un poder del Estado, pero no son ese poder en sí mismos. Solo así puede aceptarse que disfrutan de ese derecho fundamental, tal y como el resto de trabajadores. De hecho, el art. 127 de la Constitución prohíbe a los jueces pertenecer a asociaciones sindicales, pero nada dice de la huelga. Así que ojalá se reconozca a los jueces claramente el derecho de huelga y estos entiendan de una vez que son esencialmente funcionarios al servicio de la ciudadanía. Eso sí sería necesario que las instituciones estatales hicieran lo necesario para asegurar el ejercicio de ese derecho en condiciones democráticas. El CGPJ tendría que dictar servicios mínimos y el Ministerio de Justicia debería descontarles de sus sueldos las pagas correspondientes a los días de huelga. Porque si, como parece que insinúa alguna sentencia, los jueces no tienen que cumplir servicios mínimos y las huelgas les salen gratis, entonces sí que entraríamos en el terreno de la irresponsabilidad total.

Los jueces deben tener derecho a la huelga, pero eso no justifica cada una de las huelgas que hagan. Que tengan derecho a hacerla no implica que la convocatoria esté justificada. Y no parece estarlo, ni por el momento, ni por los motivos. El momento es curioso. Justo antes de las elecciones generales. Cuando más daño puede hacer al Gobierno de izquierdas. No es una opción ilegítima, pero sólo contribuye a reforzar la imagen de un poder judicial politizado y derechizado.

Los motivos, en cambio, resultan escasos. Los jueces españoles no han protestado de manera tan radical por el exceso de carga de trabajo que los obliga a realizar jornadas inhumanas y deteriora la calidad de la justicia. No han protestado porque tengamos muchos menos jueces que la media europea. Tampoco por las condiciones de trabajo, los juzgados sin medios técnicos ni recursos. Por supuesto, tampoco han convocado huelga para que el resto de operadores jurídicos, que vive a veces en una situación cercana a la indigencia, mejore sus ingresos. No. Sólo convocan huelga para ganar más dinero, justo antes de unas elecciones, y siendo conscientes de que salarialmente son un colectivo privilegiado entre los funcionarios públicos.

Pues sí. Pueden convocar su huelga. Nadie se lo va a impedir. Pero desde luego que no acusen luego a nadie de estar montando una campaña de desprestigio contra la judicatura, porque el desprestigio social se lo ganan ellos mismos. Y si alguien opina que les preocupa mucho más el dinero que la justicia, va a ser difícil rebatirlo.