Nada más conocer los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el pasado 9 de junio de 2024, supimos que el auge de la extrema derecha que auguraba gran parte de las encuestas se había consumado. Nos enfrentábamos a una Eurocámara nunca vista, con cientos de escaños ocupados por fuerzas antieuropeas, populistas y de ultraderecha, sentadas en la casa de la democracia europea con el objetivo común de acabar con ella.

Esta composición en la que las bancadas a la derecha de la derecha han aumentado es en realidad el reflejo de lo que está sucediendo en muchos Estados miembros, donde las fuerzas de extrema derecha están llegando no solo a los parlamentos locales y regionales sino también a los nacionales. El Parlamento Europeo no es una excepción, como tampoco lo son la Comisión europea y el Consejo.

Con el recuento de las elecciones europeas finalizado y las cartas repartidas, la preocupación de los europeístas estaba más que justificada y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Poco más de un año es lo que ha tardado el Partido Popular Europeo (PPE) en aliarse con la extrema derecha para aprobar un paquete legislativo, el Omnibus I, al que han rebajado los criterios de sostenibilidad medioambiental y sociales que deben cumplir las empresas.  

No era la primera vez que la derecha aprobaba con la extrema derecha un texto; ya ocurrió con una resolución sobre Venezuela, de ahí que desde entonces a la suma de PPE, Conservadores y Reformistas (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) se le conozca como la coalición Venezuela. Pero esta vez han dado un paso más allá que encierra muchísimo peligro: el PPE ha negociado con las fuerzas de ultraderecha para desmontar normativas europeas que ya estaban aprobadas. Con la excusa de la simplificación han iniciado el camino de la desregulación.

Poco más de un año han tardado en consolidar esa mayoría para tratar desmantelar los avances europeos, como algunos de los 70 expedientes legislativos que se aprobaron a final de la legislatura pasada durante la presidencia española de la UE.   

Sin embargo, todavía intentan disfrazar esta estrategia de la que ya nadie duda para que se note lo menos posible. En este sentido, en un ejercicio de filibusterismo parlamentario han comenzado a pedir el voto secreto. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué el Partido Popular junto a los partidos ultraderechistas quieren hurtar a los ciudadanos su derecho a saber qué votan sus dirigentes? 

Tradicionalmente, en un ejercicio de transparencia y normalidad democrática, las votaciones en la Eurocámara son en su mayoría nominales, pero en las últimas sesiones plenarias hemos asistido al voto secreto solicitado por la mayoría que conforman las cuatro fuerzas de derecha y ultraderecha.

Esta maniobra, a la que nos hemos opuesto los socialdemócratas, los liberales, los verdes y la izquierda unitaria, pidiendo al órgano político del Parlamento que cambie el reglamento de la cámara, tiene a sus mayores defensores en las filas populares, que aún tienen algo de pudor en votar con los antieuropeos y fascistas, pero es una carta que quieren seguir guardando bajo la manga.

El PPE tiene dos llaves, una le abre la puerta a su derecha y la otra sirve para abrir la puerta de la izquierda. Es una cuestión de números:  el Partido Popular puede sumar mayoría con la llamada coalición Venezuela o con la mayoría proeuropea que apoyó al actual Colegio de comisarios, con Ursula von der Leyen al frente.

En los meses que llevamos de legislatura, el PPE ha explorado ambos caminos. Pero como he señalado, el mal paso que ha marcado un punto de inflexión alarmante se produjo hace unas semanas, negociando y votando con los partidos de Orban, de Le Pen y Abascal leyes de obligado cumplimiento.

Incluso cuando el PPE trabaja con las fuerzas europeístas, se producen divisiones en sus filas, como la del Partido Popular español en la Ley del Clima de la UE, que rompió la disciplina de su grupo para votar junto a la ultraderecha en contra de reducir los gases invernadores para 2040.

En esta estrategia de desmantelamiento, nada queda al azar. Las fuerzas de extrema derecha han redoblado su intervención en todos los niveles, en todas las comisiones, en todos los informes… para sembrar la semilla del antieuropeísmo y actuar cada vez que el PPE rompe el cordón sanitario y les deja entrar. La suerte, si se puede llamar así, es que las diferencias entre los tres grupos ultras impiden su unión; si lo hicieran se convertirían en el segundo de la Eurocámara.

Romper o mantener el cordón sanitario está en manos de la derecha democristiana del Parlamento Europeo, esa derecha que desde el inicio de la Unión remó a favor de la construcción de este gran proyecto pero que ahora se desliza hacia los márgenes oscuros.

La próxima ocasión de retomar el camino de Europa la tienen con la negociación del Marco Financiero Plurianual. La Comisión europea ha presentado una propuesta que supone un cambio de paradigma del espíritu y la esencia europea y se encamina hacia la renacionalización de los presupuestos.

Pronto sabremos qué llave utilizará el Partido Popular; pero si no rompe de una vez por todas con la tentación de aliarse con las formaciones antieuropeas, por intereses puramente partidistas (esperemos que no ideológicos), el futuro de Europa está sentenciado. Porque lamentablemente, las matemáticas no fallan.

Estamos al inicio de las negociaciones. Los socialdemócratas sabemos en qué bando estamos y vamos a dar la batalla para salvaguardar el espíritu de la construcción europea de Jacques Delors, que hizo de la cohesión social y territorial, con especial atención a la política agraria, los cimientos sólidos de este gran proyecto.