En junio de 1983, el ministro José Barrionuevo anunció ante el Congreso de los Diputados un plan secreto de seguridad ciudadana que el Gobierno pretendía aplicar sobre las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra. El Plan ZEN había sido concebido como un manual antiterrorista y en su paternidad figuraba el nombre de Andrés Cassinello, un militar franquista que dirigió los servicios secretos y que aprendió en la base de Fort Bragg los métodos de contrainsurgencia que Estados Unidos empleaba contra el Vietcong.

Por un misterioso azar, la entrada en vigor del Plan ZEN coincidió con la aparición de una nueva banda parapolicial que iba a llevarse por delante la vida de 27 personas. El 16 de octubre de 1983, un comando de guardias civiles secuestró, torturó y asesinó a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Dos días más tarde, cuatro policías intentaron raptar a José María Larretxea en Hendaia. Los atentados de los GAL continuaron a partir de entonces con un pertinaz goteo de sangre.

El Plan ZEN contempla una estrategia policial contra ETA junto a una terapia paralela de “acción psicológica” sobre la población vasca. Se trata de generar un clima favorable a los intereses del Estado mediante la difusión de noticias falsas. “Basta que la información sea creíble para explotarla”. El Gobierno de Felipe González propone atribuir al enemigo un repertorio de pecados mortales que contribuyan a su desprestigio: hay que señalar “sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables”.

Han pasado casi cuarenta años y el escenario social es otro, pero algunas de las fórmulas de intoxicación mediática han reaparecido en la Operación Catalunya y en la guerra sucia contra Podemos. No por casualidad, la conspiración contra el independentismo catalán se fragua en los despachos del Ministerio de Interior. No por casualidad, en los audios que implican a Villarejo y a Ferreras irrumpe un alto mando de la lucha antiterrorista, José Luis Olivera, con una frase esclarecedora: “Tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”. El bulo del dinero de Maduro en Granadinas procede de la escuela del Plan ZEN: una información falsa pero creíble basada en negocios sucios e ideologías foráneas.

El Ferrerasgate nos alerta sobre el rol de las televisiones y los diarios en la creación de estados de opinión. Hace ahora cien años, el periodista Walter Lippmann explicaba que los medios de comunicación moldean nuestra percepción del mundo hasta el extremo de que la opinión pública no depende de cómo vemos la realidad sino de cómo nos la representan. La “fabricación de consensos”, dice Lippmann, es un viejo arte que debió haber muerto con la aparición de la democracia pero que sin embargo perfeccionó sus procedimientos bajo la coartada de la libre expresión.

Noam Chomsky y Edward S. Herman ponen a prueba las ideas de Lippmann en Los guardianes de la libertad. ¿Por qué son tan unánimes los mensajes de los grandes medios de comunicación? Porque existe una élite de gobernantes, propietarios, ejecutivos y corporaciones que controla el flujo de información. Son tan pocos que pueden actuar al unísono cuando la ocasión lo exige. Y sus intereses de clase son tan similares que tienden a ofrecer de forma tácita una misma interpretación de la realidad. Por eso hablan todos a la vez con las mismas palabras. Y por eso callan todos al mismo tiempo.

Dos empresas acaparan más de la mitad de la audiencia televisiva en España. En 2021, Atresmedia y Mediaset no solo retuvieron al 55,6% de los espectadores sino que además se repartieron el 87,8% de los ingresos publicitarios de la televisión en abierto: un total de 411 millones de euros. La concentración de los medios de comunicación en unas pocas y acaudaladas manos convierte en papel mojado todos los discursos ingenuos sobre la libertad de prensa; en la práctica, uno tiene derecho a decir lo que desee con tal de que no lo escuchen demasiadas personas. Y es que el pensamiento dominante dispone de una monstruosa maquinaria dispuesta a admitir otros puntos de vista siempre y cuando sean minorizados y denigrados ante los ojos de todo el mundo.

Lo que ha prendido esta semana no es solo un debate sobre la responsabilidad de los medios de masas. Y mucho menos se trata de una mera reyerta entre la izquierda política y la prensa. Las aguas fecales que han expandido Villarejo, Inda y Ferreras han pasado por los altos despachos del Grupo Planeta, por las butacas de Génova y por las alcantarillas policiales de un Estado que se resiste con espumarajos de perro rabioso a permitir ningún cambio político.

Ya sabemos que las grandes cadenas movilizan a la opinión pública a favor de los intereses de las grandes corporaciones privadas y del orden establecido. También sabemos que legitiman prejuicios, que construyen y destruyen reputaciones a conveniencia o que reducen la complejidad del mundo a la calderilla de unos pocos titulares. Pero aquí hay algo más: una red de extorsión que implica a diferentes estamentos del Estado.

Por eso es tan importante desnudar en qué redacciones, en qué comisarías, en qué tribunales, en qué rascacielos, en qué sumideros se fabrica el estiércol que encarcela a activistas con pruebas inverosímiles, que fustiga a los políticos incómodos pero bendice a los dóciles, que encumbra a los periodistas corruptos mientras margina a los honrados. Es necesario que la gente sepa con nombres y apellidos quién está al mando de esta descomunal fosa séptica. Quién es el dueño de esta pocilga.