La educación no es un mercado

La mercantilización se ha convertido en uno de los principales problemas del sistema educativo español. Es un proceso mediante el cual empresas y operadores privados ocupan espacios cada vez más amplios de la educación, a menudo favorecidos por decisiones de las administraciones o por la insuficiencia de la oferta pública. El resultado es una competición desigual entre la enseñanza pública y las redes privadas, estén o no financiadas mediante conciertos, acompañada por la externalización de servicios y la entrada de grandes compañías en los propios centros educativos.

Este proceso no se limita a un cambio en la titularidad de los centros. Supone transformar progresivamente un sistema basado en la relación entre educadores y estudiantes en otro articulado alrededor de empresas y clientes. La factura de esa transformación recae cada vez más sobre las familias: su gasto educativo anual ha pasado, en doce años, de 13.217 millones a más de 18.628 millones de euros, un incremento superior a 5.400 millones. Cada plaza pública que falta puede convertirse en una cuota de escuela infantil, una matrícula de FP, un máster privado o una academia que no todos los hogares pueden pagar. La educación deja así de concebirse como un derecho y un bien público para tratarse como un servicio que se compra y se vende, aumentando la segregación y las desigualdades de origen.

La desigualdad comienza en la primera infancia

La mercantilización comienza en la primera infancia. Aunque la escolarización entre los tres y los cinco años es prácticamente universal, en el primer ciclo de Educación Infantil apenas alcanza el 48%. La oferta privada tiene un peso superior al 40% y obliga a numerosas familias a afrontar cuotas que excluyen precisamente a los hogares más vulnerables. La situación varía enormemente entre comunidades: el alumnado escolarizado en centros privados llega al 52,3% en la Comunidad Valenciana, al 48,9% en Canarias y al 42,9% en Madrid.

La educación entre los cero y los tres años es decisiva para reducir desde el principio las desigualdades asociadas a la pobreza y la exclusión social. También resulta fundamental para la conciliación y para la participación laboral de las mujeres. Sin embargo, las plazas públicas continúan siendo insuficientes. El objetivo debe ser reconocer el derecho de toda la población infantil a una plaza pública desde el nacimiento, extender la gratuidad y garantizar una atención educativa de calidad, con profesionales especializados y ratios adecuadas.

Dos redes educativas cada vez más alejadas

En Primaria y Secundaria, alrededor de un tercio del alumnado estudia en centros privados. En las etapas obligatorias, el 28,5% está escolarizado en centros concertados, una proporción excepcionalmente elevada en el contexto europeo. Un sistema concebido en los años ochenta para complementar una red pública que todavía no podía atender toda la demanda ha terminado convirtiéndose en una estructura permanente que, en muchos territorios, compite directamente con ella.

La caída de la natalidad muestra con especial claridad esa desigualdad. Entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024 se cerraron 1.837 aulas públicas de Primaria, frente a solo 424 concertadas. En lugar de aprovechar el descenso del alumnado para reducir ratios, reforzar la atención individualizada y mejorar las condiciones educativas, el ajuste está recayendo principalmente sobre la escuela pública. Al mismo tiempo, comunidades como el País Vasco y Madrid destinan más de una cuarta parte de su presupuesto educativo no universitario a conciertos y subvenciones para centros privados.

Estas diferencias no responden únicamente a la demografía o a la distribución territorial de la población. Reflejan decisiones políticas sostenidas en el tiempo y crean sistemas educativos distintos según el lugar de residencia. También agravan la segregación. La diferencia socioeconómica y cultural entre el alumnado de centros públicos y concertados españoles se encuentra entre las más altas de la OCDE. La separación entre ambas redes explica aproximadamente el 20 % de la segregación escolar, el doble del promedio atribuido a la enseñanza privada en los países de la organización.

La lógica mercantil penetra además en los centros públicos mediante la externalización de comedores, actividades extraescolares y programas de refuerzo. 

La Formación Profesional como nuevo mercado

La Formación Profesional constituye otro de los principales espacios de expansión privada. La inversión pública pasó de 187,5 millones de euros en 2018 a 1.219 millones en 2024 y permitió crear más de 373.000 plazas. Sin embargo, el crecimiento de la oferta pública no ha sido suficiente para atender una demanda que supera ya los 1,1 millones de estudiantes. Cada año, decenas de miles de jóvenes se quedan sin plaza pública en comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía y deben recurrir a centros privados cuyos precios pueden oscilar entre 4.500 y 12.000 euros.

La privatización resulta especialmente intensa en la FP a distancia. En los ciclos de Grado Superior, el porcentaje del alumnado a distancia matriculado en centros privados aumentó desde el 30,71% en 2017-2018 hasta el 58,97% en 2024-2025. Paralelamente, el gasto medio de los hogares en FP Superior casi se ha duplicado entre 2016 y 2023, al pasar de 1.069 a 2.085 euros. La FP también afronta elevadas tasas de abandono y una fuerte segregación por género: las mujeres representan cerca de la mitad del alumnado, pero solo el 14,1% en las familias profesionales relacionadas con las áreas científicas y tecnológicas.

La expansión de la universidad privada

La universidad es el otro gran espacio de expansión privada. Las 24 universidades creadas en España durante este siglo han sido privadas. Mientras en el curso 2000-2001 había 18 privadas y 50 públicas, en 2024-2025 existen 42 privadas y siguen siendo 50 las públicas. El sector privado ha absorbido buena parte del crecimiento de la matrícula: reúne ya al 23,3% del alumnado de grado y al 50,3% del de máster.

Una parte de este avance corresponde a universidades privadas no presenciales, que ya tienen más estudiantes que las públicas de esa modalidad. También influye la escasez de plazas en titulaciones muy demandadas. En Medicina, por ejemplo, se presentan alrededor de diez solicitudes por cada plaza ofertada en las universidades públicas presenciales. Cuando el sistema público no responde a la demanda, las familias se ven empujadas hacia alternativas privadas o el alumnado queda directamente excluido.

Este crecimiento se produce mientras la universidad pública arrastra una financiación insuficiente desde la crisis de 2008. España dedica alrededor de 7.700 euros públicos por estudiante universitario, frente a los 11.200 de la media de la Unión Europea. Alcanzar ese promedio exigiría unos 4.313 millones de euros adicionales. Sin una financiación suficiente, estable y plurianual, las universidades públicas seguirán perdiendo capacidad para ofrecer plazas, desarrollar investigación y garantizar un acceso equitativo.

Recuperar la centralidad de la educación pública

La respuesta debe abordar el sistema en su conjunto. Es necesario aumentar de forma sostenida la inversión en la escuela pública, reducir ratios, reforzar la formación y las condiciones laborales del profesorado y recuperar la participación democrática de la comunidad educativa. También hay que impedir la selección encubierta del alumnado, dotar de más recursos a los centros de mayor complejidad y garantizar que la educación financiada con fondos públicos sea realmente gratuita.

En Infantil se necesitan plazas públicas desde el nacimiento. En Formación Profesional hay que ampliar la oferta pública presencial y a distancia, reforzarla en las zonas rurales y asegurar que la formación dual se desarrolle con calidad y derechos. En la universidad se requieren más plazas públicas, modelos estables de financiación y residencias asequibles que eviten que el precio de la vivienda determine quién puede estudiar y dónde. No son cuatro problemas educativos diferentes. Es un mismo proceso de mercantilización que recorre todo el sistema.

Lo que está en juego no es únicamente quién presta un servicio. Es el modelo de sociedad que se construye mediante la educación. Un sistema público, gratuito, laico, inclusivo y de calidad favorece la igualdad, la convivencia y la democracia. Un sistema organizado alrededor de la competencia y la capacidad de compra reproduce las desigualdades de origen. Defender la educación pública significa garantizar que la educación siga siendo un derecho de ciudadanía y no un privilegio determinado por la renta.

Las movilizaciones que se desarrollan en numerosas comunidades autónomas en los distintos ciclos formativos tienen, para CCOO, esta caracterización previa. Nos jugamos el futuro de un elemento clave para procurar la igualdad entre la ciudadanía.