Unas elecciones para ver quién manda en España

El “problema de la vivienda” puede interpretarse, a priori, de muchas maneras. Puede querer decir que tenemos esencialmente un problema de falta de viviendas y de "inquiokupación", como afirman las derechas, o puede aludir a la manera en que un conjunto de desigualdades terminan cristalizando y haciéndose más claramente visibles cuando toman forma de exclusión residencial, es decir, cuando se hace patente la  imposibilidad de acceder a la vivienda por parte de amplios sectores de la sociedad.

Es importante saber qué entienden las distintas formaciones políticas por "problema de la vivienda", qué diagnóstico hacen y qué soluciones manejan. Sin entrar a considerar el carácter tardío y superficial de los decretos que se debatieron la pasada semana en el Congreso, es incontestable que han servido como poco para aclarar dónde se coloca cada uno. Si del lado de quienes consideran que el mercado arreglará el "problema de la vivienda" y que lo único que hay que hacer es facilitar la liberalización del suelo e incentivar la construcción, o del lado de quienes entienden que es perentorio regular, ejecutando políticas públicas a distintos niveles que pueden ir desde topar precios hasta restringir el alquiler turístico, pasando por la congelación de los desahucios o las ayudas finalistas a la compra o el alquiler. Desde una visión crítica y progresista del modelo socioecónomico vigente se entiende que, tal y como demuestra la evidencia empírica, la exclusión residencial trae causa directa del rentismo y la especulación.

En España, el Gobierno de coalición ha braceado las aguas de un océano tempestuoso y ha hecho una política cicatera y defensiva, a menudo con los marcos y en el terreno en el que han dictado las oligarquías y las derechas. El hecho de que continúen estando en vigor las leyes mordaza es un buen ejemplo de ello. 

La debilidad parlamentaria y la histórica inclinación del PSOE a contemporizar y a gobernar sin arriesgar grandes avances en el terreno social -como se ha visto respecto de la vivienda-, no han encontrado compensación suficiente en el alivio ocasionado por los Fondos Next Generation o en las políticas destinadas a amortiguar la subida del precio de la energía o a contener la inflación. El Gobierno de coalición ha ido encadenando crisis y desafíos de enorme magnitud y en ocasiones no ha sabido ofrecer respuestas. Es el caso de la crisis humanitaria en Ceuta, que la derecha ha capitalizado agitando el racismo y exacerbando un potencial conflicto con Marruecos al hablar insistentemente de “invasión”.

Con las concentraciones y manifestaciones por la vivienda motivadas por el desahucio de Maricarmen, el debate público ha experimentado un vuelco de tal manera que una ciudadanía aturdida por el odio y la desinformación, puede ahora identificar con algo más de claridad la verdadera naturaleza de sus problemas y presionar para que los representantes políticos les encuentren solución. Que se haya producido este cambio en el foco del debate público gracias a la movilización de sectores organizados de la sociedad civil no equivale, por supuesto, a que haya habido un cambio en la opinión de quienes consideran, por ejemplo, que la culpa de que no puedan pagar el alquiler es de la inmigración.

Lo que sí implica es que existe la posibilidad de reconducir el debate hacia problemas tangibles y asuntos concretos, así como identificar quiénes están en condiciones de adquirir un cierto nivel de compromiso con su solución y quiénes no. 

Al constatarse la imposibilidad de aprobar los decretos, el Gobierno estaba abocado a disolver la legislatura. Un Gobierno que no cuenta con los apoyos parlamentarios para dar respuesta a un problema social con la ciudadanía movilizada y las plazas llenas, ya no puede gobernar. Evidenciada la parálisis del Gobierno, Pedro Sánchez cumple con la exigencia democrática de adelantar elecciones y es evidente que espera, aunque sea complicado, obtener un rédito electoral al asumir este riesgo.

Es muy difícil que el PSOE consiga una mayoría parlamentaria en las elecciones del 29N, es probable que ni siquiera lo logre aún contando con el apoyo de los partidos de izquierdas que vayan a integrarse en el Frente Amplio y con los que no vayan a hacerlo. Y sin embargo, parece evidente que Pedro Sánchez lo quiere intentar. Puede que incluso quiera intentar absorber a una parte del electorado a la izquierda del PSOE para, en sus propias palabras, conseguir "una mayoría mucho más amplia”. 

No sabemos cómo le saldrá la jugada, si Sánchez conseguirá que la lista del PSOE sea la más votada o si está abocado -como parecen indicar las encuestas- a una debacle electoral. Lo que sí sabemos es que incluso si se produce un descalabro mayúsculo, el PSOE no desaparecerá. Al menos no de momento. 

Respecto de las izquierdas alternativas, la tarea que ya deberían tener resuelta se tiene que acometer ahora en tiempo récord. Más allá de la irresponsabilidad de quienes no han llegado a esta cita con los deberes hechos, el momento actual exige pactar listas capaces de maximizar los resultados en las 52 circunscripciones. Es prioritario que lo hagan sin ruido mediático y que los puestos de salida del Frente Amplio los ocupen perfiles que unan, en lugar de generar división o desafección. No es hora de disputar liderazgos. La calle ha ido más rápido que los partidos y sus dirigentes tienen ahora la obligación moral y política de abandonar cualquier tipo de protagonismo y ponerse al servicio de la ciudadanía.

El electorado de izquierdas necesita la garantía de que el 29N, vote donde vote, encontrará una lista con posibilidades reales de representación para poder así mandar el mensaje de que en España no gobiernan ni el rentismo ni la especulación.