Pero no hay cajón, no hay bolsillo, no hay bolsa, no hay almohada, ni colchón, ni fondo de bastilla ni suela de zapato a los que yo sola, sólo yo, tenga acceso. Exilio. No hay nada que sea ya exclusivamente mío, ni mi cuerpo, ni mi espíritu. Con estas líneas, la gran autora portuguesa Lídia Jorge describe con agudeza, en su novela Misericordia, la realidad a la que se enfrentan muchas personas que reciben cuidados en el mundo. Una realidad que puede sentirse como un exilio en un sistema diseñado para servir a las necesidades organizativas o logísticas de las instituciones, y no a los deseos y preferencias de las personas.

Esa realidad es la que cambia la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, cuya continuidad en la tramitación parlamentaria se vota la próxima semana. Porque envejecer no es un exilio: es un logro democrático. Por eso, los poderes públicos tienen —tenemos— la obligación de construir un modelo de cuidados que se ajuste a la realidad social de las personas con discapacidad y en situación de dependencia; un modelo que se construya sobre su necesidades y que ponga en el centro sus derechos. 

Es de suponer que la transformación profunda de un sistema de una magnitud semejante, y arrancado en lógicas anacrónicas, no es tarea sencilla. Sin embargo ya lo estamos consiguiendo. Lo que esta reforma persigue es apuntalar y blindar los cambios que ya se vienen produciendo desde la anterior legislatura y ofrecer el soporte normativo que los avances futuros requieren. Lo hace desarrollando el artículo 49 de la Constitución, para blindar y hacer efectiva la ampliación de derechos de las personas con discapacidad; y lo hace yendo a la raíz de las tres principales áreas de mejora que nuestro sistema de atención a la dependencia conoce hoy: una vertebración basada en el asistencialismo, un problema de valorización de los cuidados y una década de infrafinanciación. 

Como primer punto, es importante señalar que la perspectiva asistencialista ha atravesado tradicionalmente todo el sistema de la dependencia; desde lo más micro en las relaciones con las personas cuidadas hasta la propia arquitectura jurídica sobre la que se sustenta. El cambio de modelo de cuidados, la gran reforma social de hoy, propone justamente lo contrario: dejar de centrar los esfuerzos en la institución para volcarnos en la persona. Qué quiere, dónde quiere envejecer, cómo quiere ser cuidada. Dejamos atrás el asistencialismo para construir un modelo cercano y comunitario.

Pero no es este el único desafío al que se enfrentan los cuidados en nuestro país. Resulta que la esfera de los cuidados, quizá como consecuencia de su fuerte feminización, ha estado constantemente relegada al plano de lo no valorizado y lo no monetizado. Parece que hoy vale más el trabajo de un inversor en criptomonedas que la labor de una persona que cuida, día a día, de los otros. La realidad es que no pasaría nada si un día no se vende un activo financiero pero pasaría mucho si un día no se cuidara de todas las personas que lo requieren. Por eso esta reforma busca centrarse no sólo en quienes necesitan cuidados, sino también en quienes cuidan, y poner en valor su labor. Vamos a hacer del sistema de la dependencia un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar. 

Por último, está la cuestión de la financiación. La dependencia en nuestro país sufre aún la década de los recortes del Partido Popular: más de 5.400 millones de euros de recortes en el SAAD en su paso por el Gobierno central. Con esta reforma, ponemos fin a esta etapa oscura para los cuidados en nuestro país, eliminando la incompatibilidad de prestaciones y también el periodo suspensivo de dos años para recibir la prestación económica de cuidadores familiares. Además, desde el 2020, ha aumentado la financiación de la AGE al SAAD en un 150%; se ha triplicado desde 2014. En este 2025 estamos en un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros. Este aumento tiene que consolidarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado. 

Este es el sistema de la dependencia que defendemos, e incluso: este es el modelo de sociedad en el que creemos. Una sociedad donde nada que afecte a la discapacidad se haga sin contar con quienes la viven, donde lo socialmente deseable está nítidamente por encima de lo económicamente rentable; donde una persona que sale del sistema productivo —ya sea por una incapacidad o por una jubilación— no es expulsada del tejido social, sino, muy al contrario, sostenida y acompañada por él. Hagamos que envejecer nunca sea un exilio.