Santiago Alba Rico

Ensayista, escritor y filósofo

Escuchando el comentario de Pablo Iglesias el pasado jueves en un acto académico en la facultad de Filosofía es difícil no aceptar que cometió un error grave. Estaba en la universidad, hablaba de política y creyó que podía permitirse un comentario jocoso y hasta cariñoso, ante los periodistas allí presentes, sobre los titulares del día siguiente en El Mundo. ¿Qué consiguió? Precisamente eso: dar a buena parte de la prensa los titulares del día siguiente. Su crítica amistosa se vio confirmada horas más tarde de manera brutal y, al mismo tiempo, refinada mediante un titular estándar tan agresivo como paradójico: “Pablo Iglesias ataca a la prensa”. ¿Cuál es el mejor medio de atacar a alguien? Convertirlo en agresor. Haciendo realidad sus críticas los grandes medios le recuerdan quién manda en este país y tratan de imponerle los límites de sus movimientos y de su discurso. O provocar nuevos errores. Hay censura previa y censura retrospectiva. La censura retrospectiva, que curiosamente airea lo que no debió decirse, consiste en tachar públicamente lo dicho para que se vea mucho —como la cruz tajante de un profesor sobre una respuesta equivocada— y el censurado interiorice las zonas necrosadas. Es lo que los pandilleros y los padres violentos llaman “dar un escarmiento”.

¿Qué error cometió Pablo Iglesias? El de creerse ingenuamente dueño de su discurso; el de no recordar que en realidad es un prisionero; que está, si se quiere, “arrestado” y “esposado”: no por la policía —aunque todo se andará— sino por ciertos medios de comunicación que, según el protocolo de las comisarías, le advierten sin cesar de que “cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra”. También las que no diga. Es verdad que todo personaje público es en cierta manera un prisionero de su propia visibilidad y debe medir sus palabras. Lo malo es cuando las condiciones de la visibilidad pública, patrimonio común, están en nuestro país en manos de empresas que tienen, además de un interés económico, un interés partidista incompatible con el ejercicio del periodismo. Lo decía hace poco: un periodista, que es también un ciudadano, tiene derecho a tener su propia posición ideológica y a defenderla; e incluso a considerar que cualquier medio es válido —incluida la mentira y el “asesinato moral”— si se trata de evitar “la destrucción de España”. Pero a eso no se le puede llamar periodismo. Cualquier “medio” no pueden ser “los medios” sin destruir con ello lo que presuntamente se quiere salvar. Un ciudadano no puede defender sus ideas con pistolas; un periódico no pude defender las suyas con mentiras.

Conozco muchos y muy buenos periodistas que están muy preocupados por la situación mediática que ha revelado, en toda su miseria, la aparición de Podemos. Con los medios pasa lo mismo que con el Parlamento y con las otras instituciones: que han sido secuestrados por intereses ajenos, cuando no contrarios, a los derechos ciudadanos; en el caso del periodismo, contrarios al derecho a la información. En su intervención del jueves en la Facultad de Filosofía, Pablo insistía en resumir el proyecto podemita como el de un impulso democrático de defensa de la ley y las instituciones: “un partido de orden”, dijo. Ese debía haber sido el titular. Pero como ese impulso democrático implica democratizar nuestros medios de comunicación, partidistas, interesados y militantes, los medios reaccionan exactamente igual que los políticos: ¡un atentado contra la democracia! Una fuerza que ha nacido con el único propósito de “representar” a esa mayoría social abandonada en las “afueras” del Parlamento y en los “arrabales” de los periódicos, se convierte lógicamente en la enemiga del Parlamento y de los periódicos. Mientras malas prácticas políticas y malas prácticas periodísticas degradan la calidad democrática e informativa de nuestro país, los políticos y los periódicos del bipartidismo se protegen detrás del carácter sagrado de las instituciones que ellos mismos amenazan para intimidar y golpear desde allí a los que quieren salvarlas. Tanto los lectores como los trabajadores deberían tener mucho cuidado para no creer que basta escribir en un periódico para hacer periodismo. El periodismo no es un nombre sino una práctica; y apoderarse del nombre sirve muchas veces para reprimir e incluso voltear la práctica. “Manos limpias”, como sabemos, era finalmente el nombre de un grupo criminal dedicado a la extorsión. Y “Libertad” el nombre de una cárcel de Uruguay.

No es Pablo Iglesias, en todo caso, el que tiene que criticar a los medios. Aunque lo hacía en un marco académico y en un contexto discursivo justificado, no debió hacerlo. Es un prisionero y está esposado. Son los propios periodistas los que se tienen que ocupar de defender su profesión porque son ellos, en realidad, las primeras víctimas. La tierra para el que la trabaja. Las palabras también. El periodismo en nuestro país no es de los periodistas, no es de los que lo hacen. Por eso, como en Cuba, en España puede haber grandes periodistas y un pésimo periodismo. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de “entrevistar” figuradamente a los periodistas y preguntarles sin ambages: ¿creéis que la propiedad de los medios y sus intereses partidistas, económicos e ideológicos, junto al trabajo precario, no limitan al mismo tiempo la libertad de expresión de los periodistas individuales y el derecho a la información de los ciudadanos? No hay prensa libre sin periodistas libres. Y no puede haber periodistas libres en una estructura laboral, idéntica a la de un Carrefour o un call center, en la que los contratos temporales y las becas vuelven vulnerables e impotentes a sus empleados, como lo demuestra el inminente despido —silenciado por los mismos que se escandalizan por las palabras del líder de Podemos— de 224 trabajadores por parte de la empresa editora de El Mundo. Los periodistas no deberían olvidar que no están defendiendo solamente su supervivencia individual, como cualquier otro trabajador en cualquier otro sector, sino la supervivencia de uno de los pilares de la democracia. Los médicos, los jueces y los sacerdotes no pueden faltar a su juramento —y denegar auxilio, prevaricar o abusar sexualmente de un niño— sin dejar desprotegida, física y moralmente, a toda la humanidad. Lo mismo pasa con los periodistas. Porque no clavan clavos en una cadena de montaje sino que se dedican a la tarea hermosa y estimulante —de la que pueden sentirse orgulloso— de proteger la palabra humana, y el derecho ciudadano a la información, no pueden clavar ahí clavos ni puñales, so pretexto de que tienen que comer, sin incurrir en una indignidad individual y colectiva contra la ciudadanía misma. Hay que pedirles que defiendan su profesión o se dediquen a otra cosa. Esto es lo que les recuerda el periodista Fernando Varela en un artículo reciente: “lo que no somos es inocentes. Podemos elegir: aunque la alternativa a la complicidad sea el martirio. Y aunque entiendo a quienes eligen ser cómplices, lo que no acepto es que además quieran mostrarse como héroes. Eso sí, de piel muy fina”.

A los buenos periodistas, a los que creen en su oficio, a los que admiramos por su compromiso y su rigor, a aquellos a los que les arruinan buenos artículos con titulares infames, a los que ven cortados sus textos y censuradas sus entrevistas, a los que se juegan la vida en escenarios de guerra para cobrar 100 euros, a los que asumen la línea editorial de sus jefes con rabia y resignación, a los que aguantan para no ser despedidos, a los que se se creen importantes por trabajar con palabras impuestas o prestadas, a los que imaginan otro periodismo mejor, un verdadero cuarto poder independiente al mismo tiempos de los otros tres y de los grandes mercados económicos, a todos ellos los ciudadanos les recordamos con angustia que es su trabajo, y no el de los políticos, el último garante de la democracia. Que se calle Pablo Iglesias, sí, y hablen ellos. Gracias a los que ya lo están haciendo.