Quienes directa o indirectamente hemos transitado por ambientes de política institucional sabemos perfectamente cómo funcionan los ministros estilo Escrivá. Es un estilo propio, bien definido y no poco conocido. Escrivá no será la primera ni la última persona que utiliza los globos sonda como herramienta política con el objetivo de tomar el pulso tanto a la población como a la geometría variable. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva más de dos años inmerso en una dinámica que no es beneficiosa para el Gobierno, ni mucho menos para la ciudadanía de a pie, donde ha ido dando múltiples bandazos en varios temas de su competencia. Desde el Ingreso Mínimo Vital hasta la reforma de las pensiones, pasando por los autónomos o las cotizaciones sociales.

Esta semana nos hemos encontrado con la convocatoria de urgencia de sindicatos y patronal por parte del Ministerio de Escrivá. En la reunión, éste planteó a los agentes sociales una extensión progresiva del periodo de cómputo de la pensión de los actuales 25 años hasta los 30, pudiendo elegir los mejores 28 años. No obstante, el runrún a este respecto ha sido constante. A principios del año 2021 Escrivá dejó caer que el período de cálculo de las pensiones incrementaría de los 25 años actuales a los 35 años. Este cambio hubiera supuesto que las pensiones del futuro se vieran recortadas, de media, entre el 6% y el 9%. Es decir, entre 90€ y 130€ al mes. Tras la polvareda que levantaron sus palabras, tuvo que rectificar. En verano de 2021, por su parte, el ministro volvió a las andadas y dijo que los y las trabajadoras de la generación del baby boom (la más numerosa de la historia, personas nacidas entre los cincuenta y los setenta) tendrán que decidir entre cobrar menos pensión o bien retrasar su edad de jubilación para evitar el recorte. Una vez más, tuvo que rectificar afirmando en este caso que no tuvo “el mejor día” y que no trasmitió “adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir”. Pero volvió a la carga en septiembre de 2021 cuando abogó por un “cambio cultural” para trabajar hasta los 75 años. En esta ocasión tanto el PSOE como Unidas Podemos marcaron distancias respecto a las palabras de Escrivá y éste, como no podía ser de otra manera, volvió a recoger cable declarando que habían “sacado de contexto” sus palabras y que España “tiene una edad de jubilación adecuada que no es necesario modificar”.

Yolanda Díaz también puso pie en pared ante los numerosos globos sonda de Escrivá, respondiendo a todos ellos y recordando, por ejemplo, que “elevar la edad de jubilación no forma parte del acuerdo de Gobierno”. Parece sensato pensar que cuando se está jugando con las condiciones materiales de más de 9,5 millones de personas pensionistas y, además, con las de las generaciones futuras, cabe ser prudente. Escrivá, anteponiendo las estrategias políticas a las preocupaciones de millones de personas, no lo ha sido.

La evolución del Pacto de Toledo y los diversos cambios acaecidos en el sistema de pensiones español son ampliamente conocidos. No es un asunto que, en general, nos suene distante. Está presente en nuestro día a día, en el de nuestros padres y madres o en el de nuestros mayores. Además, me siento en la obligación de pedir una defensa clara del sistema de pensiones público a la clase política, pero sobre todo a la ciudadanía, ya que es un tesoro que hay que proteger y sería una irresponsabilidad que permitiéramos su desmantelamiento (como está ocurriendo con la sanidad). ¿Por qué es tan importante esta defensa? Porque actualmente el porcentaje de personas mayores de 65 años que se encuentran en riesgo de pobreza en España es el 6,8%, mientras en Alemania es un 38% superior, en Reino Unido un 97%, en Japón un 185%, en EEUU un 216% y en Corea del Sur un 629%. Es decir, una de cada dos personas mayores de 65 años en Corea del Sur vive en situación de pobreza y es por ello que más de un millón de ancianos surcoreanos trabajan remuneradamente para poder complementar sus raquíticas pensiones.

¿Estas cifras no son para sentirse orgulloso? Yo creo que sí. Y te dirán, probablemente, que las pensiones tal y como están no son sostenibles. No obstante, eso no es cierto. El gasto en pensiones en el Estado español es cercano al 12% del PIB anualmente. Cuando se jubile la generación del baby boom ascenderá hasta el 15% aproximadamente. ¿Sabéis cuánto invierten en pensiones hoy en día países de nuestro entorno como Francia o Italia? Un 15%. Entonces, ¿qué ocurre con las pensiones? Básicamente que bajo el concepto pensiones, y con el dinero recaudado para financiar las pensiones, se están financiando gastos impropios como por ejemplo las tarifas planas de los autónomos, las prestaciones por hijos e hijas o las pensiones de viudedad u orfandad. Estos gastos impropios suponen unos 22.000 millones de euros que, casualidad, es el agujero que dicen tiene el sistema de pensiones público.

Ya han pasado nueve años desde que en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy aplicase el factor de sostenibilidad como herramienta para (supuestamente) adecuar las pensiones a la esperanza de vida de la ciudadanía. Con la subida aprobada para 2023 y tras la eliminación del factor de sostenibilidad en 2021, la pensión media será 165 euros superior a la que se cobraría si aún hoy mantuviéramos el 0,25% aprobado por el PP. De hecho, desde 2013 la pensión media solo habría subido 16€ y habría perdido 15 puntos de poder adquisitivo con el factor de sostenibilidad en vigor. Sin él, el aumento real ha sido de 181€.

Para terminar, y volviendo a la reunión del lunes donde el Gobierno presentó a sindicatos y patronal su propuesta de alargar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años pudiendo elegir los 28 mejores, hay que decir que la pérdida de derechos no es el camino. Porque, además de ser un paso atrás en derechos ya adquiridos a través del sudor y el sacrificio de muchas personas que lucharon por ellos, esta propuesta se materializaría en un empobrecimiento del futuro de la clase trabajadora actual. Esto podemos apreciarlo echando la vista atrás hasta el último incremento del periodo de cálculo. Entre 2013 y 2022 se ha aumentado progresivamente el periodo de cálculo de 15 a 25 años, resultando en un recorte del 5% en la cuantía de las pensiones. Pero el quid de la cuestión no está ahí, sino en la gran precariedad y los empleos mal pagados que impregnan la totalidad del mercado laboral. En una situación económica con grandes bolsas de personas desempleadas y una enorme inestabilidad laboral se hace más necesario que nunca una mayor flexibilidad a la hora de elegir los años que para calcular el período. No es suficiente con dos años ya que es una medida anclada en una realidad pasada que no permite ofrecer una respuesta a la problemática actual. Solo así, junto a una reforma que modernice nuestro sistema fiscal, que permita cerrar el déficit de la Seguridad Social mediante la asunción por parte del Estado los gastos impropios de ésta y adapte el sistema de pensiones a los retos que tenemos como sociedad en el siglo XXI, conseguiremos dar una respuesta correcta al melón abierto años atrás y tantas veces cerrado en falso.