La decisión del juzgado número 3 de Granada de que el hijo menor de Juana Rivas sea entregado de forma inmediata (el próximo martes 22 de julio) a su padre, Francesco Arcuri, supone otra vuelta de tuerca en la tortura institucional que tanto Juana Rivas como sus dos hijos viven desde hace ya más de ocho años en dos países.

La jueza toma esta decisión sin siquiera escuchar al menor, que hoy tiene 11 años, algo que, como resaltan diversas juristas, va contra el espíritu y la letra del reglamento europeo al que invoca para forzar su retorno a Italia. Además, pasa por alto las leyes españolas de protección a la infancia, que estipulan que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y su testimonio debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones clave que afecten a su seguridad y su bienestar.

El Reglamento 1111/2019 de la Unión Europea que se aplica en este caso también establece claramente que es necesario escuchar al menor antes de que se tome la decisión de trasladarlo de país y además indica que hay que “prestar la debida importancia a las opiniones del menor de acuerdo con su edad y madurez”. La única vez en que la justicia española ha permitido al menor prestar declaración fue en enero pasado. Lo hizo en el juzgado número 4 de Granada y su testimonio, detallando que tiene “mucho miedo” y que “no podía volver” a Italia con su padre  fue considerado “serio y contundente”. La jueza entendió que existían motivos para la protección temporal del menor mientras se estaba a la espera de que un juzgado competente valorara que esta decisión fuera de carácter permanente. Sin embargo, esa protección acaba de ser revocada.

Despropósito judicial

El último auto de la justicia española viene a sumarse un auténtico despropósito judicial que dio inicio en 2016, cuando un juzgado de violencia sobre la mujer de Granada decidió entregar a los menores (entonces de once y dos años) a Francesco Arcuri, sin tener en cuenta la denuncia por violencia de género que Rivas había interpuesto contra su expareja. Esta denuncia estuvo guardada en un cajón sin ser tramitada ni enviada a Italia durante más de año y medio. Cuando finalmente se envió, volvió a guardarse en otro cajón hasta que se archivó sin que jamás llegase a ser investigada.

El caso Juana Rivas no es una mera disputa matrimonial por la custodia de los hijos. Es un caso de violencia de género que una larga sucesión de errores judiciales han desvirtuado completamente, convirtiéndolo en arma arrojadiza para todo tipo de voces contrarias a las políticas de igualdad y negacionistas de la violencia de género.

Juana, convertida en símbolo, se ha tornado en el enemigo a batir por todas esas voces – en los foros de la manosfera, en los grupos de WhatsAp de la cuadrilla, en medios de comunicación de gran alcance e incluso en algunos grupos políticos. Un encarnizamiento judicial, mediático y social que supone, fundamentalmente, un aviso a navegantes y una advertencia firme para todas aquellas mujeres que puedan estar planteándose denunciar la violencia que sufren ellas y sus hijos e hijas. Tanto Juana Rivas como sus hijos ya eran reconocidos como víctima de violencia de género en 2016, cuando residían en Granada. Pero este dato es obviado sistemáticamente por la horda de opinadores, profesionales y amateurs, que se empeñan en presentarla como una madre loca y manipuladora, que miente y acusa sin fundamento a su pareja solo para mantener la custodia de sus hijos.

No escuchar al menor en sede judicial en un caso tan grave como este, supone mirar hacia otro lado y escurrir el bulto lanzando la pelota al tejado de Italia. Un país en el que tiene dos procedimientos judiciales paralelos en relación a este caso. Un juzgado Penal ha acusado formalmente a Francesco Arcuri de maltrato habitual, insultos y amenazas (incluida la de muerte) a sus hijos tras una investigación de más de tres años y lo sentará en el banquillo el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, el procedimiento Civil en lugar de esperar a la decisión judicial, ha decretado ya en varias sentencias  que Arcuri es el progenitor más idóneo para tener la custodia de su hijo menor (el mayor se negó a vivir con él y volvió a España con su madre al cumplir los 16 y hoy es mayor de edad).

Una sentencia de custodia que la Corte Suprema italiana anuló hace un año, pidiendo a la corte civil de Cagliari que repitiera el juicio. El alto tribunal afirmó que se habían cometido graves fallos en el respeto a las normas internacionales sancionadas por Italia, así como a las leyes italianas. Criticaba el alto tribunal también el hecho de que la corte separara a ambos hermanos. Un año más tarde, la sentencia de la corte civil ha vuelto a decretar las mismas medidas y concedido la custodia al padre, sin esperar, como pedía la defensa de Rivas y es de sentido común, al juicio que se inicia en septiembre contra Arcuri por malos tratos.

Nuestro país tiene una responsabilidad sobre la protección de este niño. No sólo por ser un ciudadano español, sino por que el bien superior y la seguridad de los menores está garantizada por ley, independientemente de dónde se produzcan los hechos y debería ser el único principio a tener en cuenta en este caso. Rivas pidió en diversas ocasiones que se tomaran medidas tanto en Italia como en España para garantizar el bien de su hijo a una vida sin violencia. Entre ellas, solicitó que el menor fuera alojado en un lugar distinto de la casa de su padre mientras se dirimía la posible violencia que la fiscalía de Cagliari (Cerdeña) ve en el comportamiento de Arcuri y por lo que lo ha imputado penalmente. En su defecto, solicitaba que las autoridades italianas o españolas institucionalizaran al menor para garantizar su seguridad. Ninguna de estas peticiones fueron tenidas en cuenta hasta la fecha.

La vida y la seguridad del Daniel quedan de nuevo en manos del sistema judicial italiano, un sistema que a lo largo de los años ha dado tantas muestras de su incapacidad para proteger el bien superior de los menores que debería ser estudiado en facultades de derecho.