Por Pedro Casas, miembro de la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel

No soy abogado, y es posible que algunas de las afirmaciones que voy a hacer en este escrito puedan ser matizadas o corregidas desde el punto de la arquitectura legal; pero no creo que estas posibles matizaciones afecten al fondo de lo que quiero exponer.

Un Estado, que se autoproclama democrático, no es tal si no realiza una condena explícita del régimen dictatorial que fue implantado tras un golpe de estado contra un gobierno democrático y legítimo, y que implantó el terror de Estado como forma de dominación durante los 39 años que duró el franquismo.

Esta afirmación no pretende quedarse en el mero ámbito de las aspiraciones estéticas; de no producirse la condena del régimen, antitético de la democracia, que además fue impuesto por la fuerza violenta de una parte del ejército que se rebeló contra el poder legítimo, la pretensión de democrático del actual régimen queda en entredicho. La defensa de la vida, para ser creíble, tiene que ir aparejada con la condena del asesinato y el castigo a quien lo practica. De la misma manera, la defensa de la democracia, para que sea creíble, debe complementarse con la condena de la dictadura, en particular si además fue padecida por el mismo país que se reclama democrático.

Este es uno de los grandes déficits de la actual monarquía parlamentaria que aspira a ser una democracia plena, pero que no lo es, entre otras cosas por esta ausencia de condena.

Lo que es preciso es una declaración solemne, realizada por el órgano que ostenta la soberanía popular (el parlamento) y con fuerza de ley. Sólo así se podrá dar un paso adelante en todo lo referente a memoria democrática.

Sabido es que la sublevación militar, al ser frenada por el gobierno legal y el pueblo, desembocó en una cruel guerra. Y también que las fuerzas de ocupación, según iban conquistando pueblos y ciudades, fueron sembrando el terror con cientos de miles de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes.

Tuvieron que pasar 25 años desde la muerte del dictador para que fuesen los nietos de aquellos desaparecidos (los hijos, que vivieron en el silencio y el terror, no fueron capaces) quienes comenzaran a buscar a sus familiares para honrar su memoria. Y ello contribuyó a desarrollar un potente movimiento pidiendo justicia y reparación, y exigiendo responsabilidades a los artífices de la represión franquista que todavía permanecen vivos.

No soy yo la persona más cualificada para hacer un balance completo de lo conseguido por este movimiento resurgido en estas dos últimas décadas; pero sí me atrevo a reconocer que, a pesar de los pocos avances legales o en otros ámbitos, sobre todo si lo comparamos con el camino que aún queda por recorrer, su mayor contribución ha sido lograr hacer consciente a una sociedad, que había aceptado mayoritariamente la amnesia de la transición, de la verdadera naturaleza del régimen dictatorial de Franco, de los más crueles y prolongados de la historia moderna mundial.

Se discute sobre los límites de la libertad de expresión, y conviene aclarar conceptos. Una cosa es defender ideas y formas de organización política diversas, que incluso podría amparar la existencia legal de partidos que defienden sistemas más autoritarios (suele ser la práctica habitual de los regímenes democráticos); y otra cosa es hacer apología de regímenes concretos que han practicado el terror y el exterminio de importantes capas de población, por razón de ideología, religión, raza u otras cuestiones.

No se puede admitir la defensa de sistemas asesinos, como lo fue el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia o el franquismo en España. Este es el límite a la libertad de expresión: se pueden defender ideas y proyectos políticos, pero no regímenes concretos que practicaron el asesinato y el terror de estado.

Por eso no es aceptable que los jueces digan que la fundación Franco puede ser legal, ya que se trata de la exaltación del máximo responsable de un régimen opresor y exterminador. Pero para que los jueces, aunque sean de ideología franquista, no puedan dictar autos o sentencias de esa naturaleza, debe haber un soporte legal que lo impida, y eso no existe todavía.

No se trata solo de que Millán Astray, al que pretenden reponer una calle en Madrid, participase activamente en el golpe de estado del 36; de lo que se trata es que colaboró con el régimen franquista de manera muy activa, lo que debe generar el rechazo y nunca el enaltecimiento.

Mientras no se produzca esta declaración de condena del franquismo, las leyes de memoria parecerán leyes para compensar en parte a ciertas víctimas directas de la represión. Pero lo que en realidad quieren las víctimas (víctimas del franquismo fuimos tod@s, aunque algunas personas sufrieron en sus carnes la parte más cruel de la represión, por rebelarse contra la tiranía) es que se haga justicia, que se reconozca la nulidad del régimen anterior, incluidas sus sentencias, y se abandone definitivamente la malvada equidistancia de los “dos bandos en lucha fratricida”.

Va siendo hora de que los partidos políticos, cada diputado y diputada, se retraten y digan con claridad si condenan el régimen franquista; ahora al menos hay una mayoría progresista que lo haría posible. La historia los juzgará.