La tecnología y el mal uso que se hace de ella siempre caminan más rápido que la legislación vigente. En un reciente informe de la ONU que trata de abrir el debate sobre el cibercrimen, el organismo internacional advierte de cómo la lista de delitos continúa creciendo, incorporando desde nuevas formas de infracciones de derechos de autor la incitación a menores a cometer suicidio.

El informe de la ONU llama la atención sobre cómo mientras los países están tratando de combatir el delito cibernético, surgen nuevas formas de cibercrimen, desde los relacionados con las criptomonedas a la Internet de las Cosas (IoT) o la Internet Oscura. En este contexto, el estudio señala que algunos expertos sugieren que la legislación debería ser neutral desde el punto de vista tecnológico.

La ONU, a través de su Comisión para la Prevención del Crimen y la Justicia Criminal (CCPCJ), cuenta con diversas resoluciones que abordan estas nuevas formas de crimen. Es el caso del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la trata de personas. De este modo, en una resolución de 2018, la ONU advierte a los Estados sobre la necesidad de abordar esta cuestión, trabajando para ello con la policía, los proveedores de servicios de internet, las empresas, etc.

De manera paralela a esta acción y ya fuera de la CCPCJ, la ONU afronta otros asuntos, como es la igualdad de género. Lo hace a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC, por sus siglas en inglés), que recientemente publicó un informe en el que la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer advertía sobre la violencia en internet contra las mujeres y las niñas.

Estados criminales

Sin embargo, entra en juego una variante sobre la que el informe de la ONU pone el acento. ¿Qué sucede cuando los Estados llevan a cabo ciberataques? ¿Podemos hablar de delitos cibernéticos? Tal y como refleja el estudio, en buena parte de los casos los Gobiernos utilizan grupos criminales y hackers para llevar a cabo estas acciones, cubriéndose de esa manera las espaldas en caso de que las cosas se tuerzan. Para ilustrar estas prácticas, la ONU recuerda el caso de un ciudadano chino en 2016, que fue condenado en EEUU por haberse infiltrado sin autorización en los ordenadores militares y haber robado información. El Gobierno de Pekín estaba implicado, pero nunca se le responsabilizó judicialmente.

Ante esta situación, la ONU enciende las luces de alarma: cuando los Estados utilizan hackers para ejecutar este tipo de ataques, también les puede estar concediendo un cheque en blanco para llevar a cabo otras actividades delictivas. A ello se suma otro peligro: los Gobiernos pueden llevar a cabo un ciberataque y, al ser descubiertos, señalar un ‘cabeza de turco’ atribuyéndoselo a un pirata informático.

Dando una vuelta más de tuerca, se dan casos en los que los Gobiernos aprovechan malware desarrollado por ciberdelincuentes que se puede encontrar en la Internet Oscura o, incluso, desarrollado por otro Estado. Y es que se ha creado un mercado clandestino de delitos cibernéticos, lo que unido a la sencilla modularidad de estos crímenes, dificulta extraordinariamente la caza de los responsables. En la actualidad es complicado averiguar todos los ciberataques detrás de los cuales se encuentra realmente un Estado. Es más, seguramente habrán de pasar muchos años antes de que algunos de los casos más sonados salgan a la luz.