Desde hace años, este espacio viene denunciando el mal uso de las tecnologías por parte de la Unión Europea (UE) en sus controles fronterizos. Antes incluso de la aprobación del infame Pacto Migratorio, ya apuntaba cómo la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas migrantes, hasta el punto de que Europa ha definido un marco jurídico de IA específico para ellas. Así las cosas, es más que bienvenida la guía sobre privacidad y protección de datos para los profesionales de inmigración y asilo que acaba de publicar la organización Statewatch.  

Este Manual de Protección de Datos sobre Asilo y Migración en Europa busca reunir en un documento las claves necesarias para entender los sistemas y tecnologías que emplea la UE, así como las leyes que las rige y que, en demasiadas ocasiones, ponen en riesgo los derechos de privacidad y protección de datos de los y las solicitantes de asilo o protección internacional. Muchas de estas tecnologías, por cierto, son de origen israelí y Palestina ha sido el campo de pruebas para testearlas antes de salir a comercializarlas por ferias de armamento y seguridad de todo el mundo.

Tal y como advierte el manual, el sector privado ha ido cobrando un mayor protagonismo en el control fronterizo de los Estados miembro y, aunque esta privatización no se da a la misma velocidad en todos los países, es un denominador común. Aquí es donde Statewatch encuentra una de las primeras piedras en el camino de la transparencia. A pesar de que la legislación europea otorga el derecho a la ciudadanía a solicitar a los organismos públicos qué información suya poseen, las empresas privadas no están sujetas a ese principio o disfrutan de una serie de excepciones que les ponen muy difícil a las personas migrantes acceder a esa información. No es un tema menor, pues la aceptación o denegación de su solicitud de protección internacional puede depender de ello.

Este organismo denuncia que a pesar de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos ya declaró ilegal el intercambio de datos personales entre diferentes agencias, éste todavía se produce entre Frontex y Europol. Los datos recabados por la primera durante entrevista que realizan a las personas que acaban de cruzar la frontera sobre las rutas seguidas hasta llegar allí son un ejemplo de ello. Por otro lado, si se requiere transparencia sobre el proceso seguido para adoptar determinadas decisiones de organismos como Frontex, éste contrataca con demandas requiriendo miles de euros en costas judiciales a quien osa hacerlo, tal y como ha documentado Statewatch.

En el repaso tecnológico que realiza esta guía hay elementos como la videovigilancia algorítmica, que organizaciones como la francesa La Quadrature du Net vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Básicamente consiste en un software capaz de analizar las imágenes captadas por las videocámaras con el fin de detectar, identificar o clasificar comportamientos, situaciones, objetos o personas concretas. En algunos países estos sistemas se están utilizando en los Centros de Internamiento de Extranjero, analizando imágenes en tiempo real. Lo mismo sucede en los campamentos de población refugiada en Europa, tal y como ya denunció en Público Hibai Arbide Aza. Una vez más, el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo vulnera el derecho a la privacidad.

Asimismo, el manual advierte de que, a partir del año que viene, toda persona extracomunitaria que viaje al espacio Schengen necesitará algún tipo de autorización para viajar, ya sea un visado o una autorización de viaje, esto es, los denominados Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) y el Sistema de Información de Visados (VIS). Pues bien, las principales organizaciones humanitarias mucho temen que para la aceptación o denegación de estos permisos, en base muchas veces a una evaluación de riesgos, las autoridades utilicen tecnología de aprendizaje automático, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya ha declarado ilegal esta práctica, obligando a que la decisión final sobre una denegación sea tomada por una persona.

La lista de amenazas que contiene esta manual es inquietante, algunas de ellas ya en práctica en algunos países, como la colocación de dispositivos GPS para tener localizadas minuto a minuto a las personas migrantes en lugar de tenerlas retenidas en un CIE, o la confiscación de teléfonos móviles y volcado de todo su contenido sin consentimiento previo. Otras están por llegar, como una herramienta basada en IA para determinar la procedencia de manera automática en base al lenguaje, algo que puede conducir a graves errores con determinados dialectos (que además son vivos), como ya han advertido diversas expertas lingüistas.

La cantidad de vulneraciones que recopila el manual es tal que proyectos como el Repositorio de Identidad Común (CIR), diseñado para almacenar datos de identidad (información biométrica y biográfica) de hasta 300 millones de personas, procedentes de muchos de los métodos ya mencionados, se antojan un peligro mayúsculo. El objetivo es facilitar la búsqueda y la consulta cruzada de diferentes bases de datos, pero visto lo visto no parece que vaya encaminado a una mejora de las personas solicitantes de protección internacional.

En realidad, la base de todos estos planteamientos va más allá del control de la inmigración, su origen se encuentra en la desconfianza, en el prejuicio a la persona que llega de fuera. Se trata de tecnologías que priman el beneficio de las autoridades estatales, opacando el de la persona migrante. Si no fuera así, todos estos sistemas y medidas de control, ¿acaso no habrían sido diseñados de inicio contando con los intereses y opiniones de las personas solicitantes de asilo y protección internacional?